Rodrigo Goñi, diputado por el Partido Nacional (Espacio 40)
En la tarde de ayer, jueves, el Frente Amplio (FA) confirmó en las voces de los diputados Alejandro Sánchez y Jorge Pozzi su rechazo a abrir una comisión investigadora por el caso Envidrio. La directiva de la empresa, presuntamente liderada por el diputado del MPP, Daniel Placeres, fue acusada, entre otras cosas, de enviar a sus trabajadores a seguro de paro y citarlos a trabajar al mismo tiempo. En este marco, Goñi redobló la apuesta con una nueva ampliación de la denuncia penal referida al manejo de recursos por parte del Fondes y criticó la falta de transparencia en el Parlamento. “El tema de Envidrio es un caso emblemático de cómo el FA fue financiando con millones y millones de dólares a proyectos que correspondían a amiguismos y acomodos”, señaló el legislador.
El Menú En el cálido salón de Paninis, el legislador degustó risotto de camarones, acompañado por refresco light.
Por María Noel Durán | @MNoelDuran
Planteó una comisión investigadora que trate el tema Envidrio, sin embargo, los votos del FA impidieron su apertura, ¿qué reflexión le merece? ¿En qué aspectos le gustaría profundizar?
Envidrio es todo un símbolo de en lo que se ha transformado este gobierno. Primero porque es un ejemplo de cómo los gobernantes del FA han confundido el interés particular con el interés público; así han llegado a usar el poder y los recursos públicos para sus propios proyectos. Y esto ha pasado no solamente en Envidrio, sino también en otra cantidad de casos, por ejemplo, los que involucran al Fondes y a la regasificadora. Para que esto no suceda, un gobernante nunca puede confundir el interés público del interés particular.
Los gobernantes del FA están confundiendo con frecuencia el interés de su partido, sus intereses particulares y los intereses de algunos colectivos minoritarios.
El de Envidrio es un caso emblemático de cómo el FA fue financiando con millones y millones de dólares a proyectos que correspondían a amiguismos, acomodos. En este caso de Envidrio, hubo denuncias y pruebas relevantes de que el diputado Placeres había iniciado un proyecto personal, movilizó organismos y fondos públicos para ese proyecto, e incluso utilizó influencias que tenía como diputado. Actuó así en los hechos y generó una gran distorsión en el funcionamiento del Estado, de la sociedad en su conjunto, despilfarrando dinero, energías y destruyendo el prestigio de instituciones como Inefop, que pierde su renombre al prestarle US$ 1,5 millones a una empresa que ya era considerada como incobrable por el propio Estado.
El gran error fundamental del Fondes fue pretender sustituir la figura del empresario por un Estado que otorga millones sin dar sostenibilidad.
¿Preocupa, a nivel parlamentario, que no se implemente la investigadora?
Sí, el Parlamento se hace cómplice de todas las irregularidades que pueden haber ocurrido y no sabemos cuáles fueron, después lo determinará la Justicia, pero al ocultamiento que había hecho el diputado Placeres de su vinculación con la empresa ahora se agrega un ocultamiento del propio Parlamento que no deja investigar como ya sucedió en otros casos. De este modo, también se hace responsable de darle una nueva bofetada a la ciudadanía que reclama, cada vez con más indignación, por la falta de transparencia y el despilfarro de las autoridades. Al negarse la investigadora, la ciudadanía tiene derecho a convalidar sus sospechas. Las sociedades modernas tratan de promover que los medios de comunicación, los periodistas y ciudadanos denuncien; en este caso funcionó el control social de los medios de comunicación. Lo que hace el Parlamento al negar la investigadora es convalidar las denuncias surgidas en la prensa y seguir dañando la escaza credibilidad que tiene el propio Parlamento.
Quizás lo que quiere el FA es ocultar otras actividades ilícitas, como puede ser el lavado de dinero, o se intente proteger a otros actores, como el expresidente Mujica; de lo contrario, es inentendible cómo el Parlamento niega una investigación que agrava todas las sospechas.
Previo a la difusión de la nota de Santo y Seña, ¿el Parlamento puso en tela de juicio la vinculación de Placeres con Envidrio?
No. Para nosotros fue una sorpresa porque creímos en el diputado cuando, una y otra vez, negó su vinculación con la empresa. Hicimos denuncias en el Parlamento y en la Justicia en relación a los préstamos del Fondes e Inefop con Envidrio, pero nunca denunciamos los actos y la conducta presuntamente ilícita de Placeres porque creímos que él había dejado de estar vinculado. Las pruebas aportadas indican que continuó esa vinculación en todas las áreas, en temas laborales, financieros y comerciales y eso implica un acto muy grave que la Constitución sanciona gravemente, incluso con la remoción. Un parlamentario que niega una vinculación con una empresa que termina proponiendo normas que benefician a esa empresa es muy grave. Traiciona la buena fe, la veracidad y la transparencia que deben seguir los parlamentarios no solo desde el punto de vista jurídico, sino también del ético.
En defensa de la directiva de Envidrio, el expresidente José Mujica señaló que los empleados no habían ido a producir sino a “remendar la fábrica”. ¿Qué piensa al respecto?
Mujica fue el gran responsable de borrar los límites de lo que se puede y lo que no se puede legalmente en un Estado de Derecho. Aquella frase, que no fue inocua, de que lo político va por encima de lo jurídico de alguna manera pretendió habilitar a los gobernantes a pasar por arriba de la ley conforme a su propia discrecionalidad política. Mujica hace una interpretación política subjetiva que, por supuesto, contradice a la norma. Está claro de que el beneficio de seguro de paro no permite que las personas vayan a trabajar.
En Envidrio quedó demostrado que se trabajó en el mantenimiento de la empresa, también en obras que faltaban terminar y, además, en producción en algunos envases que faltaban decorar. Mujica faltó a la verdad, dolosa o culposamente. Salir a desmentir sin ningún tipo de prueba, o peor, falseando los hechos, es un acto más de irresponsabilidad que es mucho más grave en un expresidente.
Además del dinero del Fondes y de Inefop que se inyectó en Envidrio, hubo también extensiones de los seguros de paro votados por el Parlamento. ¿Cree que el Parlamento pudo haber sido cómplice de esto? ¿No debería haberse investigado antes de otorgar las concesiones?
Nosotros votamos en contra y advertimos que el caso de Envidrio era contrario a la prudencia, porque la empresa ya había sido suficientemente beneficiada, tenía denuncias penales y no se daban las condiciones para votar la prórroga del seguro de paro.
También advertimos cuando la mayoría del FA votó una moción pidiéndole al Poder Ejecutivo para seguir beneficiando a Envidrio. ¿Por qué? Porque Envidrio ya había dejado de pagar más de US$ 11 millones; si la empresa está morosa uno no puede convalidar eso y volverle a prestar, es una tremenda injusticia. La ciudadanía tiene derecho a reprocharle al Parlamento y al gobierno cuando se le dan muchos millones a una empresa cuando muy probablemente hay cientos de otras con más posibilidades, más méritos y más necesidades que Envidrio que no recibieron esa plata.
Las prórrogas en el seguro de paro y los préstamos constituyen un caso de discriminación ideológica. Los emprendimientos amigos del gobierno, o cercanos ideológicamente, tenían un favoritismo absolutamente contrario a la ley.
Tras el informe realizado por Santo y Seña, amplió la denuncia penal en contra del Fondes. ¿Qué implicancias tiene ahora esa demanda?
Cuando suceden estos hechos hay tres tipos de valoración: la jurídica, que le corresponde al Poder Judicial; la política, que la tiene que hacer el Parlamento; y la de la ciudadanía, que naturalmente juzga estos hechos. Lo que el Parlamento no puede eludir nunca es la investigación, porque es lo que permite que la ciudadanía conozca los hechos.
Nosotros ya hicimos dos ampliaciones de la denuncia penal, ahora vamos a hacer una tercera porque estos nuevos hechos denunciados involucran a un diputado en concreto con eventual configuración de figura delictiva, como la conjunción de interés público y privado, e incluso el fraude.
En agosto pidió la renuncia del ministro de Trabajo Ernesto Murro, entre otras cosas, por complicidad con los sindicatos. Sin embargo, en el caso de Envidrio, Murro afirmó que investigaría y que tomaría cartas en el asunto de ser necesario. ¿Entiende al ministro como cómplice de lo sucedido?
En estos casos que estamos denunciando Murro también es responsable. Tanto el Fondes como el Inefop están bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, por lo tanto, el ministro tuvo conocimiento de estas irregularidades y, de alguna manera, explícita o implícitamente, las avaló.
El ministro es responsable por estos préstamos que se le dieron a Envidrio y también lo es de las omisiones que cabe suponer, como la permisividad que tuvo la empresa en relación con el cumplimiento de sus deberes y obligaciones conforme a la normativa de la seguridad social, puntualmente el seguro de paro. El ministro de trabajo estuvo avalando estas actividades por acción u omisión.
¿Cree que este caso puede tener costo político para la izquierda de cara a las elecciones de 2019?
Lamentablemente, con el caso Envidrio-Placeres el Parlamento no aprendió del episodio Sendic y volvió a editar las falsedades y las mentiras; volvió a instalar el caso Sendic.
Yo estoy convencido de que la ciudadanía va a juzgar muy severamente al FA por haber permitido todo este despilfarro y, sobre todo, por haber ocultado.Yo creo que la ciudadanía, cada día más, está diciendo que se terminó la tolerancia a este tipo de irregularidades.
En un escenario político más fragmentado, con nuevos partidos y actores, ¿Cómo ve aspectado al Partido Nacional (PN)?
Yo creo que lo más valioso de este escenario es la competencia. Todo sistema funciona mejor cuando hay competencia. Nos acercamos a una elección donde va a haber competencia real, cualquiera puede ganar e incidir. Hoy las encuestas muestran un cabeza a cabeza entre el partido de gobierno y el PN, hay un crecimiento auspicioso del Partido Colorado, nuevas fuerzas con una nueva conformación del Partido Independiente y el nuevo Partido de la Gente que habla de que es un sistema democrático abierto.
Tenemos candidatos muy variados en edades, estilos e ideas; creo que habrá un menú para todos los gustos.
En este contexto, tuvimos la aparición de Juan Sartori y una reacción casi instintiva de rechazo y desconocimiento por parte del PN, ¿qué piensa al respecto?
Considero que esa es una mala señal. Yo creo que la primera reacción de un partido democrático como el PN tiene que ser de acogida. Lo primero que uno tiene que hacer cuando viene gente nueva es recibirla; la condición es que cumpla con los requisitos que impone nuestra carta orgánica. Después, naturalmente, habrá que evaluar si hay algún impedimento legal o jurídico, pero en este caso no hay ningún elemento que permita impedirle estar a un ciudadano como Sartori.
Quizás Sartori despierta algunas reacciones negativas preliminares porque es un empresario, si fuera un científico o un académico quizás no hubiera tanta objeción como se le ha puesto. Todavía en el Uruguay el ser empresario es, para muchos, un desvalor. En el mundo moderno no es así porque un empresario exitoso demuestra que sabe administrar los recursos y generar riqueza. Debería ser motivo de orgullo que venga gente a querer ser candidato del PN.
Va a ser necesario que los militantes, dirigentes y los ciudadanos del partido conozcan al señor Sartori que viene a aportar, con la sola condición de que cumpla con las condiciones de idoneidad moral y no tener ningún antecedente.
Se acusó al director de El Correo por el PN, Fernando Saralegui, de gastar más de un millón de pesos en dos años en alquilar un auto, ponerle combustible y cobrar viáticos. ¿Cómo cree que se debe actuar al respecto?
Saralegui se ha puesto a disposición de la comisión de ética del partido. Creo que lo primero es que el involucrado informe y demuestre lo que afirma, eso es lo primero que tiene que hacerse de forma inmediata. En segundo lugar, debe haber total transparencia; los gastos de un gobernante con fondos públicos tienen que ser ciento por ciento rendidos. Y en tercer lugar, si no hay rendición de cuentas y transparencia plena, el partido debe ser estricto y muy severo. El partido no ha aprobado todavía un código de ética partidaria que nosotros propusimos a principio de año, pero, sin perjuicio de eso, todos los partidos tienen que ser muy estrictos, con tolerancia cero a las faltas de ética, porque es lo que demanda la ciudadanía. Todos los partidos tenemos responsabilidad en haber tolerado, en mayor o menor medida, situaciones que eran anti-éticas. Yo estoy de acuerdo en promover la tolerancia cero en este sentido.
A emprender
“Nosotros pensamos que el modelo dependiente del Estado que el FA ha intentado imponer en los últimos años se agotó”, señaló el diputado del PN al tiempo que resaltó su iniciativa en pos de encender la llama emprendedora. “Hay que volver a darle vida y condiciones a las empresas que hoy están acogotadas”, apuntó.
La ley de emprendimiento, que se votará posiblemente durante la primera semana de diciembre, habilita nuevas herramientas para los emprendedores. Entre ellas se encuentran las sociedades anónimas simplificadas, un vehículo jurídico que, según Goñi, permite con pocos recursos acceder a una estructura jurídica que le permita crecer rápidamente y recibir inversiones.
Otra de los instrumentos clave de esta normativa será el financiamiento colectivo o crowfunding, donde los ciudadanos se involucran en el financiamiento de los emprendimientos. Asimismo, contempla impulsar las economías colaborativas y las empresas B, entendidas como aquellas que buscan generar un impacto positivo en la sociedad más allá de sus ganancias.
Además, se contemplan otros aspectos, como el capital semilla, las inversiones ángeles o que los propios empleados tengan participación con acciones en las empresas. “Va a ser un antes y un después porque va a hacer que los ciudadanos desarrollen todo su potencial emprendedor sin depender exclusivamente del Estado”, detalló Goñi.
Por recomendación del Ministerio de Economía y Finanzas, en caso de aprobarse, este programa será articulado por la Agencia Nacional para el Desarrollo (ANDE).
