Dr. Alberto Reyes, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay
Uno de los objetivos del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), cuya entrada en vigencia está prevista para julio, es reducir la cantidad de presos sin condena, por lo cual los acusados permanecerán libres durante el proceso. De todas formas, eso no necesariamente disminuiría el número de encarcelados. ¿Por qué? “Hay muchos delitos que quedan sin esclarecer y hay una aspiración a que por lo menos los que tienen cierta gravedad no queden impunes, entonces el modelo acusatorio llevaría a más gente presa”, explicó a CRÓNICAS el Dr. Alberto Reyes.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
-¿Cómo se preparan los jueces para la implementación del nuevo CPP?
-Hay actividades de la escuela judicial que ya están previstas, pero hace tiempo viene actuando una Comisión que está coordinando la implementación del Código.
-¿Cómo cree que será el manejo de los recursos? La semana pasada, el Dr. Jorge Chediak, presidente de la Suprema Corte de Justicia, dijo a CRÓNICAS que no van a llegar a julio con los recursos necesarios para el nuevo Código.
-Me consta que se está trabajando para el mejor aprovechamiento de los recursos. El mayor desafío que tenemos por delante no pasa tanto por la cuestión edilicia, sino por el cambio del chip que va a implicar este nuevo proceso.
-¿Qué piensa de que los fiscales pasen a llevar adelante las investigaciones, tarea que siempre desempeñaron los jueces? ¿Lo cree pertinente?
-En los orígenes de este proceso de reforma estuvo la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), yo era uno de los representantes y se aprobó un documento donde había coincidencia de todos los operadores del sistema de derecho jurídico. La AMU se pronunció categóricamente por la pertinencia de la reforma, es decir, por un nuevo diseño del proceso penal que despegara a los jueces de la investigación y los pusiera a cargo de la decisión.
-¿Cuál es el fundamento para separar la investigación de la decisión?
-Es un fundamento muy importante para la jurisdicción y por lo tanto para el Estado de Derecho, que es la imparcialidad. Que los jueces además de tener a cargo la investigación puedan sostener la imparcialidad, implica un esfuerzo sobrehumano.
“Los institutos de libertades para los presos los votó el Parlamento, son decisiones políticas”
-¿Qué otros cambios va a implicar en la función de los jueces la reforma procesal penal?
-Va a implicar abandonar un paradigma, que es que los jueces tenemos que tener absolutamente todos los elementos del caso más allá de lo que las partes nos aporten, y vamos a entrar en un sistema más parecido al sistema procesal civil, donde el juez escucha las posiciones de las partes y resuelve en función de los hechos que éstas le aportan.
-Hoy el juez lo que hace es…
-Hoy el juez penal construye los hechos, y después pasa a ser el que decide si su investigación estuvo bien hecha o no, lo cual es una paradoja. Eso va a desaparecer. Los jueces van a tener que modificar su perspectiva y ver si los elementos que aporta el fiscal y los argumentos de la defensa lo llevan a un convencimiento.
-¿Y los cambios a nivel de todo el sistema?
-El cambio para el cual más tendrá que prepararse el sistema judicial es el que tiene que ver con la prisión durante el proceso.
-¿Se refiere al objetivo de disminuir la prisión preventiva?
-Exacto. Nosotros hoy tenemos un sistema de encarcelamiento preceptivo, donde la regla es la prisión durante el proceso, lo que en general se ve como algo positivo por la opinión pública. El modelo nuevo prevé lo contrario, es decir, la libertad durante el proceso, y si al final del mismo recae una decisión condenatoria, la persona pasaría a la cárcel.
-¿Hay excepciones?
-Hay una cartilla de excepciones donde hay cierto margen de discrecionalidad, pero que no tiene que ver tanto con el tipo de delito o con la pena, sino con algunos indicadores que pueden hacer suponer que hay riesgo de que se frustre el proceso. Por ejemplo, cuando el procesado se puede dar la fuga o puede obstaculizar la recolección de la prueba.
-¿Y cuando la vida de la víctima corre riesgo?
-Si hay indicadores de que la libertad del procesado pone en riesgo a la víctima, eso también está considerado como una excepción.
-Que la regla sea la libertad durante el proceso ¿va a hacer que baje el número de presos?
-El número de presos sin condena debería bajar, pero no necesariamente la cantidad de presos, eso va a depender de la persecución criminal, de los criterios que adopte la Fiscalía. Si hay una mayor eficiencia policial y del Ministerio Público, tal como se anuncia, podrá haber más presos. Hay muchos delitos que quedan sin esclarecer y hay una aspiración a que por lo menos los que tienen cierta gravedad no queden impunes, entonces el modelo acusatorio llevaría a más gente presa, pero con condena.
“No tiene sentido bajar las penas si después no hay un horizonte para el recluso”
-El fiscal Gustavo Zubía, en diálogo con CRÓNICAS planteó que las penas no se cumplen como deberían.
-Él está hablando de una porción de delitos que son leves, como los hurtos. Quienes cometen delitos con pena de penitenciaría, que tienen un mínimo de condena de dos años, cumplen la pena. Lo que dice Zubía no existe en los delitos graves, sí coincido con él en que en algunos hurtos la pena es benigna, pero es porque los fiscales piden penas bajas, él es fiscal, y los jueces están atados a lo que pidan.
-Él dijo que el recluso, a través de distintos sistemas de benignidad, termina saliendo antes de cumplir la totalidad de la pena.
-Eso es por la redención de la pena por trabajo y estudio.
-Pero Zubía mencionó más de 10 mecanismos de libertades.
-Sí, pero no todos se aplican a todo. En todo caso, son institutos que ha votado el Parlamento, son decisiones políticas.
-¿Hay que revisarlos?
-Quizás lo que haya que revisar es cómo se controla eso, porque hay toma de decisiones a nivel del Ministerio del Interior, y debería haber algo más en contacto con la rehabilitación, no bajar penas porque se portan bien, sino hacer un estudio con mayores operadores y especialistas.
-¿Por qué no se hace?
-Porque hacen falta recursos. Coincido totalmente con el comisionado parlamentario [Juan Miguel Petit] en que hay que meter muchos técnicos en la parte de rehabilitación y que no tiene sentido bajar las penas si después no hay un horizonte.
-¿Cree en la rehabilitación?
-Sí.
-¿En las cárceles uruguayas?
-Lo que pasa es que la rehabilitación es mayor en lugares de reclusión pequeños, donde hay granjas, trabajo, expectativas, que en los lugares de gran hacinamiento. Eso no es casualidad y quiere decir que la rehabilitación no es un mito, es posible, pero es algo muy caro, y cuando uno dice eso la gente no lo quiere.
-¿Y el sistema político?
-Ha habido inversión en el sistema carcelario con miras a esto, pero falta, porque no puede ser que haya tanta gente en algunas cárceles, que haya homicidios, tendría que haber más control y eso implicaría más recursos. La gente no toma conciencia de que cuanta mayor rehabilitación pueda haber en las cárceles, menor criminalidad va a haber fuera.
La inseguridad se ha convertido en una cuestión de mucha preocupación para la opinión pública, que es la que vota, y en el sistema político falta un discurso fuerte en el sentido de que la rehabilitación va a permitir mejorar la situación fuera de las cárceles. Para los medios de comunicación tampoco es demasiado atractivo ese discurso, es decir, en el mundo hay un discurso populista por la represión, la mano dura, y no tiene un contradiscurso fuerte.
“No puede ser que haya tanta gente en algunas cárceles, que haya homicidios, tendría que haber más control y eso implicaría más recursos”
Igualmente hay casos y casos, una persona privada de libertad puede salir beneficiada porque afuera no tiene ninguna contención, y estando presa puede aprender un oficio, aprender a leer y escribir.
-¿Cómo ve la inseguridad? ¿Le preocupa?
-Me preocupa como ciudadano, pero tampoco podemos pensar que no ocurre en otras partes. El delito siempre va a existir y la prevención es una tarea estrictamente policial, que aparentemente está mejorando.
-Sin embargo, parte de la sociedad sigue demandando mano dura.
-Hay mayor demanda para todo. En el mundo asistimos a ese fenómeno de indignación, de reclamo al Estado de que provea satisfacción a un montón de necesidades que a veces no está en condiciones de brindar.
