Alfredo Asti, diputado por el Frente Amplio (Frente Líber Seregni)
El Menú En el salón principal de Panini´s, el diputado frenteamplista degustó pluma de cerdo español grillada con salsa de maracuyá, miel, tomillo y lima con ensalada fresca de verdes. Para el postre optó por tiramisú acompañado por un té.
Con las manos a la obra en la Rendición de Cuentas, el equipo económico y de Presidencia de la República presentaron el borrador del proyecto a la bancada del Frente Amplio. El diputado Alfredo Asti, presente en la reunión, aseguró a CRÓNICAS que el 80% de los US$100 millones que serán asignados a los distintos rubros se dirigirán a la educación- particularmente a Anep y Udelar-. Otras prioridades serán el Sistema Nacional de Cuidados, las cooperativas de vivienda, ASSE, INAU e Inisa. En tanto, se aumentaron US$ 50 millones que ya están comprometidos. Entre ellos, el pago que zanja el conflicto con los judiciales cuya resolución fue sancionada el miércoles en el Parlamento, que significará US$30 millones por año hasta 2020.
Por María Noel Durán | @MNoelDuran
-Ayer en la mañana estuvo reunido, junto con la bancada de legisladores del FA con el equipo económico y de Presidencia. En plena Rendición de Cuentas, ¿cuáles fueron las prioridades que destacaron? ¿Qué sensaciones le quedaron tras el intercambio?
-El equipo económico presentó un borrador donde se vieron algunos números de la Rendición de Cuentas. La presentación tuvo un marco macroeconómico internacional y nacional, exhibió las posibilidades que tiene el país en este contexto y la asignación de los recursos una vez estimados los ingresos y egresos, la reafirmación de que no va a haber ningún incremento de ingresos que no sean los que provengan del nivel de actividad y de transferencias de utilidades del Banco República que no pudieron estar los dos años anteriores. No hay ningún incremento de impuestos.
Y, por último, la asignación a los distintos rubros en función de las prioridades: el 80% será para la educación.
Por otro lado hay rubros que obligatoriamente hay que financiar como lo son la ley de nocturnidad, la previsión para el año 2020 del comienzo del pago de la Participación Público- Privada, más rubros para las cooperativas de vivienda y para el acuerdo con los judiciales sancionado el pasado miércoles. Eso se lleva la tercera parte de los ingresos. Lo que queda que son unos US$100 millones que, como dije, un 80% será para la educación, fundamentalmente para ANEP y UdelaR y una partida menor para UTEC, Sistema Nacional de Cuidados, ASSE, INAU, Inisa, una partida para los salarios más sumergidos del Ejército que están bajo la línea de pobreza y también habrá una partida para la Fiscalía.
Por otra parte, también se expresó la preocupación por la pérdida significativa de empleo, un tema que se va a tratar aparte por un grupo conformado por cuatro ministerios (Economía, Trabajo, Industria y Obras Públicas). La otra preocupación es el nivel de inversiones que no se ha logrado superar y está muy enlentecido, tenemos que seguir buscando alternativas para mejorar en este sentido.
A su vez, la región es todo un problema. Se repasaron las cifras de Argentina y Brasil, es un problema por el impacto negativo que pueden tener en Uruguay y también es una advertencia por los importantes desequilibrios fiscales que padecen, hay que tratar de evitar que nos pase lo mismo.
Hemos logrado reducir el déficit fiscal que teníamos en el 2016 pero muy lentamente. La intención es llegar al fin del período con el 2.5%, pero seguramente ni en el 2018 ni en el 2019 podamos llegar pero creemos que se va a poder concretar en el 2020.
-¿Por qué no es posible llegar a esta meta de reducir el déficit fiscal a 2.5%?
-El déficit que se ubica en el 3.2% está explicado por los US$ 50 millones que faltan por el tributo a las altas pasividades militares, -creo que hay que seguir insistiendo en este tema- y también por el mayor gasto en las cooperativas de vivienda y por mayores intereses que está pagando el Banco Central.
-En una conferencia para HSBC, el economista Ignacio Munyo aseguraba que reducir el déficit iba a ser prácticamente una misión imposible para el gobierno ya que se le hace muy difícil achicar el gasto, aún con las contribuciones que realizan las empresas públicas a Rentas Generales. ¿Cree que existen problemas en la gestión?
-Creo que Munyo está haciendo más trabajo de operador político que de economista desde que hizo oficial su adhesión al Partido Nacional.
El resto de los economistas son un poco más optimistas que Munyo, el Poder Ejecutivo está planteando un crecimiento para este año de 2.5% y para los próximos dos años de 3%. El crecimiento mayor del próximo año se debe a los temas de la producción agropecuaria que se vio impactada por la sequía y la muy mala cosecha de soja.
-Se sancionó la iniciativa que soluciona el conflicto con los judiciales, y se asegura que los fondos se otorgarán en la Rendición de Cuentas. ¿Qué costo tendrá para el Estado zanjar este conflicto?
-El conflicto con los judiciales tiene un costo aproximado de US$30 millones por año, $700 millones en 2018, $870 en el 2019 y $330 en el 2020. Con esto se paga la retroactividad que va desde diciembre de 2012 a diciembre de 2017, que es un 14% sobre lo ganado en ese período. Otro rubro es el aumento salarial a partir de 2018 que queda en un 10%.
-¿Cómo ve al país en materia de inserción internacional? A fines de 2016 aseguraba que no había que renegar del Mercosur siempre y cuando sirviera, la situación no ha cambiado mucho desde entonces, no se firmaron acuerdos comerciales ni con China ni con Chile y el Mercosur permanece igual. ¿Es necesario avanzar en este sentido?
-Uruguay tiene que seguir trabajando, esta vez con menor esperanza en el Mercosur que en 2016; el Mercosur ha encontrado dificultades muy serias para funcionar como bloque.
El TLC con Chile es un acuerdo con un país con el que ya tenemos un acuerdo de bienes y ahora le queremos agregar servicios, pero además completándolo con disposiciones de un tratado de última generación, como temas de género y de no discriminación que están en la agenda de derechos de Uruguay.
Políticamente creo que es un tema que se va a solucionar en este mismo mes, ya que el informe que había solicitado el Plenario en el cuarto intermedio llegó esta semana.
En el Tratado con Chile se negoció muy bien, creo que esos datos no estuvieron presentes en la formación de opinión de las bases y ahora este informe va a servir para que se habilite la autorización para que la bancada que ya tiene posición pueda actuar y aprobar los tratados.
-¿Qué piensa de la posición del gobierno uruguayo ante la situación que vive Venezuela?
-Creo que el gobierno uruguayo mantiene la posición de no injerencia en asuntos internos, la apuesta a la resolución de conflictos por la vía del diálogo. El gobierno y la oposición de Venezuela saben muy poco de diálogo y de actitudes democráticas. Aislar a Venezuela no creo que sea un buen mecanismo, como en su momento no lo fue aislar a Cuba; creo que hay que buscar superar ese enfrentamiento de las dos mitades del país.
Sobre el TLC con Chile: “Políticamente creo que es un tema que se va a solucionar en este mismo mes”.
-El ex vicepresidente Raul Sendic decidió apelar el fallo de la Justicia. ¿Qué opina? ¿Le puede costar al Frente Amplio que este tema que lo erosionó y que está en pie desde 2016 no termine?
-No tengo duda, creo que incluso si algo puede medirse en las encuestas es que el Frente Amplio estaba muy afectado por el tema Sendic antes de su renuncia a la Vicepresidencia.
Pasado el tiempo, hoy es evidente que hay un tema que no se ha tratado, seguramente habrá un Plenario en el próximo bimestre para tratar el tema Sendic y otros que están pendientes, pero el tema debe tratarse por el Frente Amplio que debe tomar las resoluciones correspondientes, más allá de la actual instancia judicial en la que fue procesado por el delito de peculado y abuso de funciones.
Un relato en construcción
Consultado acerca de la interna del Frente Amplio, Asti resaltó la diversidad y el enriquecimiento que la pluralidad le da a su fuerza política. Sin embargo, el diputado remarcó que como gobierno es necesario hacer un mea culpa por no haber podido transmitir a la población fundamentalmente en este período de gobierno lo que se ha hecho, lo que se hace y lo que queda por hacer. “Reconocemos que hay un descontento de la gente”, indicó el legislador y agregó: “No hemos logrado instalar un relato verdadero y creíble, a veces las famosas sensaciones térmicas superan la realidad”, apuntó. En este marco destacó como problemas prioritarios el desempleo y la inseguridad.
Asumir el error
En enero de este año se aprobó la ley Integral contra el Lavado de Activos lo que vino de la mano de la polémica, ya que en el último artículo la palabra “deróguese” en vez de “sustitúyase” supuso para algunos juristas que todos los delitos que estuvieran contemplados en el lavado de activos con anterioridad a la nueva norma pudieran dejar de existir.
“A partir de esto y sin mayor análisis, otros operadores políticos y jurídicos y algunos periodistas se sumaron a esa interpretación. Se dedicaron a salir en todas las instancias en que se les dio la palabra a defenestrar a los legisladores y malinterpretar el alcance del texto aprobado. Asistimos a un sinnúmero de conclusiones erróneas acerca del alcance del nuevo texto, que iban desde que a partir de su aprobación los delincuentes vinculados con el lavado de activos quedarían en libertad hasta acusaciones de incompetencia y negligencia a quienes participamos del proceso de redacción y aprobación o, inclusive ‑y lo que es peor aún‑, se nos acusaba de tener intención dolosa de realizar esos cambios, a fin de dejar libres a ciertos delincuentes cuyos delitos marcaron la agenda pública”, señaló el diputado en la media hora previa.
Tras haberse resuelto que el artículo debía entenderse en su contexto y con un fallo a favor del Tribunal de Apelaciones, el diputado solicitó: “Espero que quienes fueron críticos con el artículo tengan la sensibilidad de disculparse con los que acusaron y que el fallo tenga la misma difusión que tuvo este presunto error”.
