Dr. Jorge Díaz, Fiscal de Corte
Hace más de 10 años que el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) está en carpeta. Tras un largo camino recorrido y una postergación –inicialmente se iba a aplicar en febrero de este año-, surgieron algunas dudas en cuanto a la conveniencia de que entre en vigencia el próximo 16 de julio, tal como está previsto. En una larga entrevista con CRÓNICAS, el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, explicó a qué problemas se enfrentarán si no se posterga unos meses más. Entre otras cosas, planteó eliminar la libertad condicional y unificar el proceso del adulto con el del adolescente, e insistió en la necesidad de esta reforma porque “el proceso penal actual se cae a pedazos desde hace años”.
El menú En la cava de Panini’s, el fiscal general eligió como entrada carpaccio de lomo, y para beber, agua mineral con gas. Más tarde degustó salmón chileno con puré de guisantes, espinaca y espárragos frescos, encurtidos y crema de limón. De postre prefirió crème brûlée, que acompañó con té mixto.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
-La entrada en vigencia del nuevo Código está prevista para el 16 de julio, y actores del Poder Judicial insisten en que así sea. Sin embargo, usted planteó postergarla para noviembre. ¿Por qué razones?
-El martes 2 de mayo fui convocado a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado de la República para hablar sobre tres temas: la derogación del delito de abuso innominado de funciones, la eliminación del instituto de la libertad condicional en el nuevo proceso penal, y el tratamiento de las víctimas de los delitos de violencia y de los delitos sexuales.
Lo que dijimos en ese momento fue que existía un anteproyecto de ley que había sido trabajado en una Comisión Interinstitucional que integraban el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio del Interior y el Poder Legislativo, y que si bien no había sido convalidado por el Poder Judicial, eso obedecía no a razones de mérito, sino de oportunidad. Nosotros creemos que ese anteproyecto debe ser aprobado antes de la entrada en vigencia del Código.
-¿Cuál fue la respuesta ante ese planteo?
-Un senador dijo que quedaba muy poco tiempo, y lo que nosotros dijimos fue que si es necesaria para su discusión y aprobación una pequeña prórroga, no tenemos ningún inconveniente, preferimos que se haga antes de la entrada en vigencia –siempre y cuando sea este año- porque el costo a pagar es pequeño en comparación con los beneficios que trae la aprobación del proyecto.
“No debería existir la libertad condicional porque eso significa impunidad”
-¿Qué es lo que hay que ajustar?
-La modificación principal es la unificación del proceso de adultos y el de adolescentes en un solo proceso acusatorio, primero por razones de estricta justicia, pero, en segundo lugar, porque entendemos que no hacerlo generaría disfuncionalidades en el sistema que van a ser muy difíciles de superar.
-¿Por ejemplo?
-Cada vez que un adolescente y un adulto cometan un delito, si esto no se modifica antes de la entrada en vigencia, lo que va a pasar es que la Policía le va a tener que dar cuenta a un juez y por otro lado a un fiscal, y vamos a tener al juez y al fiscal investigando el mismo hecho. Además, vamos a revictimizar a la víctima, que va a tener que ir a declarar a un juicio del adolescente y a uno del adulto, al igual que los testigos. Por otra parte, yo creo que nadie puede poner en duda la voluntad reformista de la Fiscalía.
-¿Siente que se está poniendo en duda con este pedido de postergación?
-No, lo que quiero dejar claro es que nosotros tenemos nuestra voluntad reformista intacta. Antes de asumir como Fiscal de Corte dije que aceptaba [el cargo] para trabajar sin prisa pero sin pausa en la necesaria aprobación e implementación de una reforma del proceso penal, y es lo que he venido haciendo durante estos cinco años. Estamos trabajando en esa dirección y poniendo todos nuestros recursos humanos y materiales en eso.
Lo que queremos es que funcione bien, entonces, si hoy sabemos que vamos a tener esos problemas, ¿por qué no los solucionamos antes? ¿Por qué esa necesidad de partir icónicamente en una fecha sabiendo que vamos a tener dificultades? Yo prefiero resolverlas y empezar bien, porque después vamos a tener otras.
De todas formas, nos estamos concentrando en la fecha del 16 de julio, seguimos trabajando y no podemos perder tiempo en discusiones. Esta es una decisión que tiene que tomar el sistema político, que hasta ahora definió que hay que hacer una reforma procesal penal y cuándo empieza. Nosotros vamos a cumplir con lo que el sistema decida, sí nos permitimos sugerir, aconsejar, plantear soluciones que nos parece que van a hacer que el sistema funcione mejor, y alertar sobre estas inconsistencias para evitar problemas en el futuro.
-Una vez que entre en vigencia, ¿habrá margen para nuevas reformas?
-Todos los procesos de reforma en América Latina han pasado por reformas de primera, segunda y tercera generación, todos han sufrido ajustes. Lo que nosotros planteamos es que si ya sabemos hoy que vamos a tener problemas, modificarlo antes.
-Hace más de 10 años que la reforma procesal penal está en carpeta. ¿Por qué su concreción demora tanto?
-Hay múltiples factores. Más allá de que nuestro proceso penal no cumple con los estándares establecidos en las convenciones internacionales ratificadas por el país, y que se nos está cayendo a pedazos desde hace años, hay que reconocer que si todavía sigue funcionando medianamente bien es gracias al enorme esfuerzo que hacen los operadores del sistema de Justicia. El problema es que el sistema no debe depender de la idoneidad de los operadores, sino que debe dar garantías, y la realidad es que no las da.
-¿Por qué?
-Porque los jueces uruguayos no son imparciales objetivamente. Para que exista debido proceso tiene que haber un juez imparcial subjetiva y objetivamente. Subjetivamente es no tener relación de amor, odio o parentesco con las partes, y para que exista imparcialidad objetiva se requiere que el juez no haya interactuado con los hechos objeto del juicio antes del mismo. En Uruguay no solamente interactúan, sino que interceptan teléfonos, dan orden de allanamiento, etcétera. Lo tenemos que cambiar porque debemos cumplir con estándares internacionales que nos obligan.
“Al recluso hay que darle herramientas para reinsertarse en la sociedad, porque si no, vuelve a delinquir”
-Entonces, ¿por qué tantos años de espera?
-Yo creo que en el fondo hay una larga tradición, los cambios cuestan, el ser humano es un animal de costumbre. Lo que sí está claro es que estamos todos comprometidos con que esto salga.
-Tanto desde el Poder Judicial como del Legislativo se advierte que el nuevo CPP no va a mejorar la seguridad como muchos esperan. ¿Esto es así?
-Las normas jurídicas no resuelven per se los problemas, lo que dan son herramientas para trabajar de una mejor manera. Dependerá de los operadores del sistema en la implementación y en el trabajo en conjunto si efectivamente podemos mejorar la seguridad. De lo que sí estamos convencidos es que tenemos que cambiar el sistema de investigación de los delitos.
-Que pasen a ser los fiscales quienes supervisen las investigaciones.
-Pero más allá de quién lo haga, lo que nosotros creemos es que tenemos que cambiar la forma de investigar.
-¿Cuál es el problema de que sean los jueces los que lleven adelante la investigación?
-Que los jueces tienen una independencia absoluta y nadie les puede decir: “Unifique esta causa con esta otra”. Nosotros apostamos a que la investigación criminal sea llevada saliendo del caso a caso, pero por la regla de distribución de competencia entre los jueces, es muy difícil hacer eso y vincular un caso con otro.
-¿Puede dar un ejemplo de algún hecho en el que haya sucedido eso?
-En el caso del homicidio de los paraguayos teníamos dos homicidios cometidos en dos departamentos distintos con la misma arma, y hubo dos investigaciones distintas. Ese es el caso típico donde hay que unificar la investigación, así evitamos una dilapidación de esfuerzos y de recursos humanos y materiales.
-Sin embargo, según dijo a CRÓNICAS el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Chediak, “no hay mucho sustento para que los fiscales supervisen las investigaciones”, ya que “nunca lo han hecho y los jueces lo hicimos siempre”.
-Yo no voy a discutir con el Dr. Chediak.
-Pero, ¿hay una justificación para ese cambio?
-La justificación es la separación de roles.
-¿Y los fiscales están preparados para cumplir ese rol?
-Lo esencial en la reforma es separar el rol de investigar y acusar, del rol de juzgar, esa es la justificación en todos los países del mundo donde hay procesos acusatorios, que son casi todos. El rol de investigar y acusar lo tiene el fiscal, el imputado se defiende con su abogado defensor y el juez juzga, que es su rol natural. No es porque los fiscales sean mejores que los jueces, es porque investigar no es el rol natural del juez.
Sobre si los fiscales están preparados, en realidad en cuanto a formación, ni los jueces ni los fiscales en este país reciben formación para investigar. Yo fui juez 20 años y a mí nadie me formó para eso; todos carecemos de esa formación y la vamos adquiriendo en la práctica. Salimos todos de la misma Facultad y luego no hay una formación específica para la investigación criminal ni para jueces ni para fiscales, nosotros ahora estamos apostando a eso.
-¿La idea es que la haya?
-La idea es que trabajemos en eso y que haya un binomio fiscal-policía, que uno se encargue de la investigación jurídica, de la elaboración del caso, y el otro de la investigación material. Esa labor de equipo tiene que ser permanente, al juez dejémoslo separado, reservado para una función muy importante que es la de juzgar.
-¿Cuál es el cambio para el cual tendrá que prepararse más el sistema judicial?
-Hay varios. Uno es el cambio del paradigma de la investigación, porque estamos acostumbrados a primero detener y después investigar, y nos vamos a tener que acostumbrar a primero investigar y después detener. También hay que entender que el juez está solamente para juzgar y no tiene la posibilidad de diligenciar prueba, y que si tiene duda, tiene que absolver. Otros cambios son la oralidad –poder grabar lo que se dice en el proceso-, y abrir la puerta de los juzgados, es decir, que la gente vea qué pasa adentro.
“Dentro de la cárcel las diferencias sociales, culturales y económicas se agrandan”
En cuanto al rol de la víctima, que hoy no tiene ninguno, para los que venimos del paradigma anterior es un sujeto molesto porque exige, cuestiona, y tenemos que acostumbrarnos a eso, a que nos exijan y cuestionen públicamente.
El mundo cambió. Antes si un juez o fiscal se mandaba una macana en Paysandú no se enteraba nadie, y hoy a los 30 segundos lo sabe todo el país. Los mass media y las redes llegaron a la puerta de los juzgados para quedarse, si no entendemos eso y pretendemos seguir trabajando en la opacidad, no vamos a entender nada.
-¿Van a alcanzar los recursos destinados al nuevo Código?
-Los recursos siempre son escasos. Se dijo que al Poder Judicial no le dieron recursos y a la Fiscalía le dieron todo, en realidad a nosotros nunca nos dieron todo lo que pedimos, eso es falso, de hecho hemos sufrido recortes en cada una de las instancias presupuestales.
También tenemos que ser justos y reconocer que hemos tenido un incremento presupuestal muy importante comparado con la miseria que teníamos en el año 2012. Hemos gestionado nuestros recursos de forma adecuada, lo cual nos ha permitido mostrar resultados, pero en el pasaje por la Cámara de Diputados perdimos 50 millones de pesos, de 160 que pedíamos, no es que nos sacaron una lasca.
“No siento que con el nuevo sistema procesal penal vaya a tener más poder”
-Una crítica que ha trascendido sobre el nuevo sistema del proceso penal es el supuesto poder que le otorgaría a la figura del fiscal general, en este caso a usted. ¿Qué hay de cierto en eso?
-Yo no lo siento así.
-En otros países sucede, aunque los sistemas no sean exactamente iguales al que vamos a tener en Uruguay.
-En otros países los fiscales generales son personajes muy fuertes evidentemente, lo que pasa es que en esos países tienen la potestad no solamente de dar instrucciones generales, sino también particulares. Incluso hay países como España o Colombia, donde la independencia técnica de los fiscales no existe. En Chile, si bien tienen independencia técnica, el fiscal general da las instrucciones generales y los cuatro fiscales regionales dan las particulares.
Nada de eso se consagró en nuestro sistema, donde las instrucciones generales ni siquiera las va a dictar solo el Fiscal de Corte sino un Consejo, donde no puede haber instrucciones particulares, y donde lo que se busca es la unificación de criterios de política criminal, protocolos de actuación y de investigación criminal.
-El hecho de que se haya designado un Consejo Honorario de Instrucciones Generales, ¿responde a la necesidad de limitar el poder del Fiscal de Corte?
-Responde a una preocupación legítima y es una salida que de alguna manera tiene en cuenta los antecedentes históricos del Uruguay.
“No todos los bienes jurídicos que deberían ser protegidos penalmente lo son”
-¿Considera que son suficientes las penas que hoy rigen para los delincuentes?
-Nuestro sistema debe ser corregido porque no todos los bienes jurídicos que deberían ser protegidos penalmente lo son.
-¿Como cuáles?
-Es absolutamente imprescindible aprobar una reforma que tipifique los delitos que protejan el medio ambiente. No puede ser que un hurto o una rapiña de un par de championes sean penados y que una conducta que afecta gravemente el medio ambiente, como la fumigación en zonas pobladas, que genera un daño potencial y real muy importante, se pretenda solucionar con una multa.
“Si no postergamos la implementación del nuevo Código vamos a tener problemas”
El segundo cambio que tenemos que hacer en cuanto a las penas es darle prioridad a bienes jurídicos más importantes como la vida, la libertad, la integridad física, la libertad sexual. Es decir, entre la propiedad, la vida, la libertad, es claro que la propiedad es una gran privilegiada, ya que la rapiña tiene un mínimo de cuatro años, el copamiento de ocho y el homicidio de 20 meses.
Tercero, dentro de la protección de bienes jurídicos como la propiedad, también tenemos que ir a un cambio. El delito de estafa tiene seis meses de mínima y cuatro años de máxima, o sea, el máximo de la estafa es el mínimo de la rapiña.
-¿Y los institutos liberatorios?
-Hemos dicho más de una vez que en un sistema acusatorio no debe existir el beneficio de la libertad condicional porque eso significa impunidad. También hay que entender que el problema empieza cuando el individuo es remitido a la cárcel, porque luego de haber pasado por la universidad del delito, vuelve a delinquir, entonces no podemos conformarnos con la respuesta punitiva y carcelaria sino que tenemos que desarrollar un conjunto de acciones mucho más amplias.
-¿Cree en la rehabilitación?
-Seguramente haya alguna cárcel en la que se estén haciendo muy buenas cosas. La realidad indica que por lo menos en los últimos años el balance es negativo, es decir, desde la restauración democrática en adelante.
-Casos como el de Pablo Goncálvez y el del narcotraficante apodado “el Betito” llevaron a que se cuestionara la redención de la pena por trabajo y estudio. ¿Está de acuerdo con este sistema?
-Yo creo que la redención de pena por trabajo y estudio es un instituto formidable.
-¿Para cualquier delito?
-Esa es una decisión política que tiene que tomar el legislador, si lo excluye para determinados delitos o no.
-¿Usted qué opina?
-Es un instituto formidable si se aplica bien, es decir, no puede haber diferencia entre los reclusos. No puede ser que haya reclusos que tengan la posibilidad y otros no en función de cuestiones que nada tengan que ver con su situación carcelaria. Por ejemplo, Goncálvez redimió pena porque desde el día que entró preso empezó a trabajar, porque la familia le puso una empresa.
Yo no estoy en contra de que la gente trabaje, al contrario, entiendo que la solución es que trabajen y estudien, el tema son las diferencias, porque hay gente que piensa que las diferencias terminan en la puerta de la cárcel, cuando en realidad, de la puerta de la cárcel hacia adentro, se agrandan.
-¿A qué diferencias se refiere?
-Diferencias sociales, culturales, económicas. Las distintas posibilidades que uno tiene en la vida, dentro de la cárcel se hacen más grandes. Entonces, es un magnífico sistema si lo aplicamos correctamente y aseguramos un trato igualitario entre todos los reclusos, y una vez que aseguremos eso, tendríamos que ver si para algunos delitos es o no plausible.
–El presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Dr. Alberto Reyes, dijo a CRÓNICAS que “debería haber algo más en contacto con la rehabilitación, no bajar penas porque se portan bien, sino hacer un estudio con mayores operadores y especialistas, que no se hace por falta de recursos”.
-Estoy de acuerdo. La buena conducta carcelaria por sí sola no define nada, el problema es que se toman un montón de definiciones en base a ella, y capaz que está dada porque el preso tiene experiencia. El delincuente veterano ya sabe todo lo que tiene que hacer para que su estadía sea lo más llevadera posible.
Al individuo hay que darle la oportunidad para reinsertarse en la sociedad con alguna herramienta como para manejarse, porque si sale de la cárcel sin ninguna herramienta y con un antecedente, va a volver a delinquir, ese es el camino más fácil y no podemos dificultarle otros caminos.
