Luis Almagro, secretario general de la OEA
Lograr un continente libre de dictaduras es a lo que aspira el diplomático uruguayo, reelecto para ocupar la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por un nuevo período. En ese sentido, afirmó que es menester apuntar a solucionar la situación de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El jerarca, que ya no se considera frenteamplista, aseguró que la política exterior del Frente Amplio (FA) en un principio buscó acercarse a todos los países, hasta que en el partido “empezó a consolidarse fuertemente el posicionamiento de las dictaduras de izquierda”.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
-Después de tantos años integrando el FA, fue reelecto en la OEA con el apoyo de un gobierno que no es de izquierda. ¿Qué reflexión le merece?
-No hago reflexiones en un sentido de coyuntura política, sino sobre la base de principios claves que debemos defender y con los que debemos ser coherentes siempre. Yo lamento que el FA no haya estado a la altura de defender esos principios, de condenar las dictaduras de Venezuela y de Cuba, las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que se cometen a diario en Venezuela.
A veces los principios nos separan en la política todavía más que las cuestiones coyunturales. Aquellas cosas en las que todos deberíamos estar de acuerdo, como democracia y derechos humanos, terminan siendo decisivas en que debamos tomar otros caminos políticos. Por eso para mí es un motivo de tremendo orgullo haber sido apoyado por Uruguay, haber sido candidato uruguayo del gobierno de Luis Lacalle Pou; es un honor y una responsabilidad enorme.
-¿Cuál será el objetivo principal de su gestión?
-Queremos un continente libre de dictaduras, y por lo tanto debemos seguir trabajando en los temas de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y buscar soluciones respecto a las violaciones de derechos humanos donde quiera que estén. Pero en algunos países, como esos, se han transformado en crisis, en algo sistemático de acción del Estado, y eso obliga a realizar acciones más decididas. De eso se trata, de no esconderse cuando aparecen estos casos en la agenda internacional, y transformar el foro político que tenemos por excelencia en el hemisferio en una plataforma de denuncias y soluciones.
-¿La democracia está en crisis?
-No, no está en crisis, tenemos problemas puntuales. Hoy estamos en un contexto de Covid-19 que implicó que derechos civiles y políticos que parecían inmodificables tuvieran que ceder ante razones de orden público para preservar la salud de la población. Por lo tanto, libertades fundamentales como de asociación, de reunión, de protestas pacíficas, de tránsito, de circulación, han quedado muy acotadas.
No debemos confundir esto con la acción propia de las dictaduras y con las medidas represivas que toman las mismas. Hoy las democracias del continente tienen un desafío a la hora de enfrentar la pandemia, pero eso hace que sea todavía más necesario su fortalecimiento. Las medidas para combatir la pandemia en las dictaduras tienen que ver con ocultamiento de información e incluso asesinato o encarcelamiento de aquellos que puedan denunciar casos de Covid-19.
-¿Dónde está puesto el foco hoy en ese sentido?
-Ponemos el foco en lo más urgente, en la crisis humanitaria de Venezuela, donde hay de siete a nueve millones de personas en riesgo de hambre, algo que se va a agravar por el Covid-19. El país ha tenido retrocesos absolutos en función de este régimen fracasado completamente en términos económicos, sociales y productivos. Su inflación es la más alta del mundo, sus indicadores industriales, su producción de petróleo, su producción agropecuaria, sus niveles de empleo y de salario mínimo, han caído a pique.
No vamos a resolver la crisis humanitaria de Venezuela si no resolvemos su situación política. La dictadura juega un papel que no es político; sus principales fuentes de ingreso tienen como origen actividades ilegales, o sea, la corrupción, el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal. ¿Qué hace la dictadura? Se defiende con lógica criminal, y para que se entreguen los tenés que rodear. Los criminales se entregan, en el mejor de los casos, cuando están rodeados, y eso es lo que tenemos que hacer con la dictadura venezolana, ponerle el máximo de presión.
-El gobierno de Alberto Fernández apoyó el último informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet –que da cuenta de las persistentes violaciones de los derechos humanos en Venezuela-, aunque rechazó las sanciones al país caribeño. ¿Qué piensa al respecto?
-Valoramos especialmente los informes de Bachelet. Cuando denunciamos en 2015 las violaciones de derechos humanos y la crisis humanitaria que sufría Venezuela, eso fue mucho antes que cualquier sanción. Si vemos los efectos sobre el aparato productivo, la peor sanción contra Venezuela ha sido la corrupción.
Se estima que se han robado entre 90.000 y 300.000 millones de dólares. Si tomamos la cifra mínima, eso es un Plan Marshall en moneda actualizada, o sea, lo que fue la recuperación de toda Europa se robaron en Venezuela. Y siguen robando los recursos del país, a través de las acciones de minería ilegal y sus exportaciones ilegales de oro.
Sobre las sanciones que se han aplicado… Veamos el caso del congelamiento de fondos de Tareck El Aissami (ministro de Petróleo) y su testaferro por unos 800 millones de dólares. Es ridículo pensar que si mañana le descongelan esos fondos, los va a usar para alimentar a su pueblo, cuando viene de hacer todo lo contrario. Por eso tiene esa acumulación financiera que es completamente absurda. Él y yo fuimos funcionarios públicos durante más o menos el mismo período de vida; yo tengo cero pesos y él tiene 800 millones de dólares por lo menos, y estoy seguro de que tiene fondos no congelados en otras partes del mundo.
“En la tercera administración frenteamplista, las amistades ideológicas marcaron absolutamente la política exterior”.
-La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, dijo a radio AM530 que “en Venezuela no se viola ningún derecho humano; hay presos porque tienen que ponerlos presos porque son tipos que, si no, te cagan a palos a vos. Y entre que estés preso vos o ellos, (Nicolás) Maduro ha elegido que estén presos ellos”. ¿Cómo lo tomó?
-Lo peor que puede haber en la vida es tener dobles estándares. Yo he sido absolutamente duro condenando las violaciones de derechos humanos de la dictadura uruguaya, luchando contra la impunidad de los torturadores y asesinos que tuvo la misma. Hoy lucho contra la impunidad que tienen los torturadores y asesinos de la dictadura venezolana. Mientras me quede aire voy a seguir luchando.
He visto gente morir en Venezuela con 16-17 años, jóvenes estudiantes, gente que no hizo otra cosa que salir a manifestarse pacíficamente. La realidad de las protestas venezolanas es esa, y la gente va presa por disidencia política, no porque ande armada o con un garrote en la mano. Todos los que murieron y los que fueron presos, estaban desarmados.
-¿Le sorprendió que el excanciller uruguayo Ernesto Talvi dijera (a El Observador) que mientras ocupara ese cargo, no iba a decir que en Venezuela había una dictadura?
-No. Yo no juzgo las posiciones políticas de ningún país. Sí sé lo que es Venezuela en función de las resoluciones que hemos aprobado y tenemos que ser claros respecto a que es una dictadura, pero no juzgo otro posicionamiento porque tengo 34 países en el marco de la OEA; todos tienen posiciones diferentes y yo tengo que valorar todas.
-Su sucesor, Francisco Bustillo, no dudó en calificar a Venezuela como una dictadura. ¿Qué implica este cambio?
-No es mi tarea explicarlo. Quiero expresar mi agradecimiento a Talvi, que cuando fue ministro apoyó mi candidatura, estuvo desde el principio acompañando y fue muy determinante en esto. Y también mi alegría por la designación de Bustillo. Es un amigo entrañable, un enorme profesional; yo lo definí como el mejor diplomático de Uruguay que había conocido.
-En una entrevista de CRÓNICAS de 2019, el entonces secretario de Derechos Humanos, Nelson Villarreal, sostuvo que se debe condenar la violación de los derechos humanos en todos los lugares. En ese sentido, cuestionó la obsesión que a veces se tiene por este tema con Venezuela o con Nicaragua, y no “con las 200.000 personas que murieron en México o las 40.000 que murieron en Colombia”. Y agregó: “En Brasil se violan los derechos humanos. ¿Es más democrático Brasil que Venezuela? Yo no lo tengo tan claro”. ¿Qué opina sobre eso?
-Brasil tiene una democracia, un Estado de Derecho, separación de poderes, se juzga e investiga a los políticos de todos los partidos, no hay impunidad en temas de violación de derechos humanos, está la posibilidad de denunciar, de que el culpable sea procesado y sentenciado. En Venezuela no hay nada de eso, no hay manera de comparar. Ese tipo de confusiones no pueden existir.
-¿Cómo es la situación en Ecuador, donde su Consejo Electoral suspendió a cuatro partidos políticos, entre ellos, el que apoya al expresidente Rafael Correa?
-Estos temas se analizan cuando se denuncian. Nosotros en algún momento tomamos acción al respecto cuando se hicieron las elecciones municipales, en función de denuncias que recibimos. En este caso todavía no hemos recibido ninguna.
-En diciembre del año pasado, la OEA concluyó que en las elecciones del 20 de octubre en Bolivia hubo “operaciones dolosas” que alteraron “la voluntad expresada en las urnas”. ¿Cómo se encuentra el país hoy?
-Se encuentra todavía con un gobierno de transición en función del proceso sucesorio establecido en su Constitución, con una fecha electoral fijada para setiembre, pero que va a tener muchas dificultades para implementarla. Hacer una elección con un pico de contagios de Covid-19 no es lo recomendable y puede afectar el proceso, la participación política, los propios discursos. Es muy difícil hacer una campaña en ese marco y es todavía más difícil la observación internacional. Hoy no veo posibilidades reales de hacer un control efectivo de la elección.
-¿Qué opina sobre las declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que manifestó su preocupación por “el uso excesivo de la fuerza” para reprimir las protestas en Estados Unidos?
-Lo que diga la CIDH para mí es ley, o sea, siempre hacemos nuestros sus dictámenes. Ellos tienen competencia específica en el tema y una vez que toman una posición, es vinculante para la Secretaría General de la OEA. Un crimen basado en condiciones estructurales o coyunturales de racismo es repudiable y condenable, y debemos tomar todas las medidas para que estos problemas no ocurran.
-¿Le preocupa la situación de Estados Unidos?
-No, no.
-Me refiero puntualmente a las protestas.
-No. Sería imposible encontrar más plena vigencia del Estado de Derecho, más garantías institucionales. Las instituciones de Estados Unidos accionaron para resolver el asesinato de George Floyd, tomar las medidas que correspondan y medir el abuso o no del uso de la fuerza.
“El proceso de mi expulsión del FA fue absolutamente estalinista”
-En una entrevista con CRÓNICAS de hace dos años, usted dijo: “No voy a dejar de ser frenteamplista porque lo diga Mujica ni nadie. Yo soy esencialmente un defensor de principios democráticos y supongo que hay lugar para ello en el FA”. ¿Hoy se sigue considerando frenteamplista?
-El proceso de mi expulsión del FA fue absolutamente estalinista, con votación prácticamente de mano de yeso. Es un atraso de 400 años ir por ese camino de no dar vista de la acusación y juzgar y ejecutar sumariamente. Eso me demostró que no hay lugar para los que defendemos determinados principios de democracia y derechos humanos, y los que tenemos independencia de criterio para condenar a las dictaduras de izquierda. Lamentablemente, fue así como pasó, así que no.
-No se considera más frenteamplista.
-No.
-En relación a quienes acusan a Mujica de haber impulsado una política exterior por afinidades ideológicas, él dijo en su columna radial en M24 que durante su gobierno tuvo acercamientos con varios presidentes, independientemente de sus definiciones ideológicas. Usted fue canciller en su mandato. ¿Qué comentario puede hacer?
-Es cierto, tuvimos las mejores relaciones con EEUU, acercamientos con todos los gobiernos del hemisferio sin importar la ideología y con otras partes del mundo. Hasta que empezó a consolidarse fuertemente el posicionamiento interno dentro del FA de las dictaduras de izquierda, fue una política que buscó acercamiento con todos en función de determinados principios políticos, fundamentalmente humanistas. Por eso lo de los presos de Guantánamo, lo de los refugiados sirios, toda la política de derechos de Uruguay. Esa fue una agenda internacional que sirvió para diversificar mercados como nunca en la historia del país.
Creo que hay puntos de inflexión. Por ejemplo, Mujica arrancó siendo muy crítico de la dictadura cubana, decía algo que es muy cierto, “el sistema de distribución de la miseria”, pero después de su visita a La Habana, de su reunión con Fidel Castro, cambió completamente. Incluso la vieja rivalidad histórica del MLN con el PCU fue dejada por el camino, así como la vieja rivalidad que había tenido el MLN con la revolución cubana, en función de haber sido dividido en la cárcel con los seispuntistas. Se permitió que variables dictatoriales se instalaran más dentro del FA y eso fue un error grave en términos políticos.
De todas maneras, también a veces tomó posicionamientos ideológicos, como cuando se dio el ingreso de Venezuela al Mercosur. Eso ya fue mucho más constante en la tercera administración frenteamplista, cuyas amistades ideológicas marcaron absolutamente la política exterior.
-¿Por qué lo dice?
-Por la posición sobre la dictadura venezolana, sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela, sobre la dictadura cubana, hasta la propia posición de oponerse a mi reelección.
