Desde la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) aseguran que el sector empleador no se opone a que se apruebe una ley que implemente el ingreso de discapacitados a empresas privadas, tal como dan a entender en el ámbito sindical. Igualmente, los empresarios plantean reparos al proyecto que está en el Senado. Entre otras cosas, advierten que primero habría que solucionar problemas de accesibilidad en las calles y en el transporte público.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
En agosto de 2015, cuando el hoy secretario general del Sunca, Óscar Andrade, era diputado por el Partido Comunista, presentó un proyecto de ley para regular el trabajo de las personas con discapacidad en el sector privado, que establece que las empresas con 25 o más trabajadores, deben tener un 4% de discapacitados en sus plantillas.
La iniciativa fue votada por unanimidad en la Cámara de Diputados, pero ya hace un año que se encuentra en el Senado, donde se paralizó. “Hay una estrategia de dilatar el tratamiento del tema”, afirmó la semana pasada Andrade en entrevista con CRÓNICAS, dando a entender que las cámaras empresariales han presionado para que el texto normativo no sea tratado. El dirigente del PIT-CNT es la cara visible de una campaña de recolección de firmas para que el proyecto se vote este año.
Sin embargo, desde la CIU aseguran que el sector empleador no se opone a que se apruebe una ley que implemente el ingreso de discapacitados a empresas privadas, pero plantean algunas objeciones.
El presidente de la Comisión de Relaciones Socio-Laborales de la CIU, Andrés Fostik, en diálogo con CRÓNICAS declaró el apoyo a la Ley de Empleo para Personas con Discapacidad, y lamentó que “en ocasiones se toman ex profeso temas muy sensibles que nos llegan a todos, se crean expectativas a quienes se pretende incluir, y luego aquellos que tienen importante poder sindical y político se ubican del lado de los buenos, y los empleadores son los malos”.
Criticó que esas personas se ponen en ese lugar sin sentir ninguna responsabilidad por el hecho de que la normativa vigente sea “ultraviolada” por el Estado, que “la cumple al 20% de su obligación, y los dirigentes no han dado pelea por ello como ahora hacen con este proyecto que incluye también a los empleadores privados”. Desde 1973 en Uruguay hay normas que fomentan el trabajo de los discapacitados en la actividad pública, pero no hay controles ni sanciones para los organismos que las incumplen. Igualmente, Andrade confirmó que la iniciativa que impulsa, también busca ese cumplimiento.
Empezar por el Estado
Fostik propuso comenzar por analizar el resultado real de aplicar las leyes actuales, en las cuales “los legisladores entendieron oportuno empezar en el sector público, donde habitualmente el régimen de trabajo es más suave que en el privado, con máxima estabilidad, locales mejor preparados, y por tanto más adecuado para los trabajadores con capacidades diferentes”.
A su vez, criticó que existe un propósito de traspasar obligaciones propias del Estado a los privados: “Es más cómodo exigir por este lado habiendo incumplido permanentemente cuando les tocó hacer su parte por ley. De hecho, las obligaciones que se instalan en el proyecto actual superan ampliamente las que hoy debe cumplir el Estado”.
Cupos y acceso
A modo de ejemplo, señaló que en Perú el porcentaje que se destina a estos futuros trabajadores es un 3%, y en España, Panamá y Japón, entre otros, es el 2%. En estos países, se prevé un cupo cada 100 trabajadores, y en otros a partir de los 50, producto de estudios que dicen que en ese nivel de empresas, los discapacitados tienen mayor posibilidad de desarrollarse.
El proyecto de ley que está en el Parlamento uruguayo, por el contrario, establece un lugar para una persona con discapacidad cada 25 trabajadores. Al respecto, se preguntó: “¿Cuál es el estudio científico efectuado para relevar la cantidad del universo de personas con capacidades diferentes que quieren o pueden ir a trabajar a la empresa que lo llame en el punto del país que sea?”, y explicó que “esa cantidad debe estar balanceada con el número de cupos que deben ocupar por ley las empresas”.
Además, puso en duda que aspectos como la accesibilidad en las ciudades de nuestro país y el transporte colectivo sean los adecuados para que los trabajadores con necesidades diferentes se puedan desplazar. De hecho, dijo que muchas ciudades del Interior no tienen servicio de ómnibus urbano, y tantas otras no cuentan con rebaje de cordón en las esquinas. “Estas personas deben ir a la empresa y volver a sus hogares como lo hacen los demás trabajadores… convengamos que muchas parecen no estar ubicadas para recibirlos; más que un beneficio, sería un castigo”, puntualizó.
No es así
Por otro lado, sobre las declaraciones de Andrade, que dijo que “esta ley contó desde la primera hora con un rechazo feroz de las cámaras empresariales”, y por eso el proyecto se paralizó, Fostik reclamó: “Sería oportuno que diera el dato donde el lector puede encontrar el documento de rechazo”, además de que “es claro que los empleadores no son tenidos en cuenta en el Parlamento”.
