Recientemente, en ocasión de los 150 años de vida de la Bolsa de Valores de Montevideo, recobró vigor a través de varios referentes de opinión locales, la idea que implica la emisión de acciones de las empresas públicas del Uruguay. Con el objetivo de acompañar dicha inquietud, intentaremos explicar las razones por las cuales entendemos que sería un gran beneficio para el Uruguay y todos sus habitantes, que contribuiría a ubicar al país en el camino hacia convertirse en una economía desarrollada.
Por Carlos Saccone | @carlossaccone
En Uruguay, entendemos a las empresas públicas a aquellas gobernadas por el Estado Uruguayo, habitualmente con el monopolio de la actividad en la que están involucradas, con la excepción del Banco de Seguros del Estado. El gobierno de las empresas públicas ha sido analizado en detalle en el documento de trabajo encargado por la Academia Nacional de Economía y Pharos al Centro de Economía del IEEM a cargo de Ignacio Munyo y Pablo Regent.[1]. En el mismo, se concluye que “la evidencia empírica presentada sugiere que la falta de claridad en el ejercicio de la propiedad de las empresas del Estado tiene impacto negativo sobre la eficiencia de su gestión. Ante estos resultados, una alternativa de acción promisoria puede hallarse en no entrometerse con el estatus de propiedad de las empresas estatales pero a su vez trasladar a una entidad independiente todos los derechos inherentes a la propiedad con la excepción de la venta…”[2]
Sin dudas que son un sector clave de nuestro país y su economía. De acuerdo a una investigación realizada por Rosario Domingo y Leandro Zipitría[3]…“en el caso de la economía uruguaya (…) los precios que se pagan por los servicios que prestan estas empresas tienen incidencia en el 12% del IPC, los gastos en que incurren representan un 10% del PBI, y algunas de ellas han sido históricamente fuente de ingresos para el gobierno central”
El documento considera indistintamente el término ‘público’ del de ‘propiedad del Estado’ o estatal. Como veremos a continuación, no es en todos los países que se trata al término de la misma forma, con consecuencias que, a nuestro entender, resultan relevantes.
En los Estados Unidos las compañías privadas nacen con el objetivo de crecer. Y crecen todo lo que pueden. Algunas quedan por el camino (se funden luego de años de perder dinero por inviabilidad del negocio), otras sobreviven pero dejan de crecer por determinadas circunstancias. Las menos, llegan a buscar inversores en la Bolsa de Valores. Así, los accionistas originales pierden parte del control, dado que se diluye la propiedad accionaria, a cambio de darle la oportunidad a la corporación de seguir creciendo. De esta forma, las empresas aumentan sus negocios, amplían sus ventas, acrecientan la cantidad de empleados e incrementan, en definitiva, el beneficio para la sociedad en su conjunto al continuar aumentando la generación valor.
En otros países, cuando una empresa llega a la instancia de captar accionistas para obtener recursos identifica este momento como ‘VOLVERSE PÚBLICA’ (to go public). O sea, que se asocia el acudir al mercado con que la compañía se convierta en ‘pública’. Algo absolutamente razonable. A través de este proceso, una empresa privada se convierte en pública. Antes, la empresa era propiedad exclusiva de tres o cuatro personas; ahora miles de personas podrán comprar sus acciones libremente. De la misma forma, se verán beneficiados si a la empresa le va bien y paga dividendos, o perjudicados si le va mal. Tendrán derecho a voto en las asambleas de accionistas, evaluando la estrategia de la compañía, o podrán remover un director si surgen las mayorías necesarias, entre otros aspectos. De esta forma, la empresa es ‘pública’ porque es propiedad de muchas personas y muchas otras personas pueden entrar o salir del capital de la empresa comprando y vendiendo sus acciones (título que tiene la función legal de representar la propiedad).
Una empresa ‘pública’ de los Estados Unidos entonces sabe -o sea, sus gerentes y directores lo tienen claro-, que estarán bajo el escrutinio permanente de sus propietarios. Centenares, o miles de personas, que pueden acudir a una reunión a través de representantes y simplemente removerlos de sus cargos, o decidir que la empresa debe modificar radicalmente su estrategia, o ser vendida, por ejemplo.
Son claras, entonces, las diferencias entre el concepto de ‘público en Uruguay’ y ‘público en Estados Unidos’. En Uruguay, ‘público’ quiere decir propiedad y gobierno del Estado, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos público quiere decir ‘cualquier persona puede ejercer la propiedad, directamente’.
Por lo expuesto, el lector notará que es un sistema eficiente en el cual existe un conjunto de beneficios emergentes, que detallamos a continuación:
- Empresa con deseos de crecimiento se financian sin endeudarse. Fundamental, la acción no es una obligación, sino que es un derecho. La empresa no compromete así su futuro en caso que le vaya mal, sino que otorga el derecho a participar de sus beneficios cuando le vaya bien. En tanto existan participantes del mercado con apetito por financiar estas operaciones, para la empresa es mejor que exista la posibilidad de la combinación de este financiamiento.
- El público realmente puede ejercer un contralor sobre la actividad de la empresa. Tanto por lo que hace como por lo que deja de hacer. A través de asambleas de accionistas puede exigir cambios, demandar resultados y, como vimos, hasta remover directores.
- Ofrecen alternativas de ahorro de largo plazo a los habitantes de su país. Visto desde una perspectiva, se financia el crecimiento. Visto desde la otra perspectiva, la del inversor, lo que se hace es darle a la gente una alternativa de ahorro de largo plazo de forma de poder colocar en algo más que un triste plazo fijo.
- Se obliga a una mayor transparencia. Las exigencias de las bolsas de valores en los países desarrollados cumplen estándares muy altos en cuanto a, por ejemplo, publicación de resultados, hechos relevantes, operaciones de “insiders”, etc. Esto da garantías al inversor, aquel que financia el crecimiento.
En Uruguay existe una importante deuda con el desarrollo, y parte de ella se subsanaría promoviendo con mayor potencia la actividad del mercado de valores.
Desafortunadamente, son muy pocas las empresas con cotización en nuestra Bolsa de Valores. Pensamos que esto se debe a dos factores. El primero de ellos es la educación financiera. No existe cultura de inversiones financieras y sus beneficios asociados en nuestro país, no hay información y el tema se trata como algo muy distante en nuestras universidades y posgrados. Afortunadamente -y para aplaudir de pie, el Banco Central del Uruguay ha comenzado con iniciativas de educación financiera inclusive desde la escuela.[4] Sin dudas es el camino. Creemos que es una iniciativa que apuesta al largo plazo y que inteligentemente recurre a las personas en sus primeros años de vida. La segunda razón es que no hay empresas referentes de gran porte que coticen en la Bolsa. Esto se debe a que no hay empresas de gran porte en el Uruguay; salvo las ‘públicas’. El tema ha sido abordado por varios estudios académicos; uno de ellos se preguntaba si “los mercados de acciones y bancos con buen funcionamiento promueven el crecimiento económico de largo plazo”. El estudio efectivamente lo comprobó, llegando a la conclusión que “la liquidez de un mercado de acciones y el desarrollo bancario predicen ambos positivamente el crecimiento, la acumulación de capital y las mejoras en la productividad”.[5]
Con la liquidez que existe en la actualidad no nos cabe la menor duda que una salida a la Bolsa abriendo el capital, o sea emitiendo acciones en lugar de fideicomisos u obligaciones sería un éxito sin precedentes en nuestro mercado, además de todos los beneficios previamente mencionados.
Si se consolidara el camino de la educación financiera y, simultáneamente, las empresas públicas uruguayas decidieran acudir al mercado para financiar su crecimiento emitiendo acciones no nos queda la menor duda que varias empresas privadas más seguirían este camino. Y así, en lugar de solicitar créditos y obligarse legalmente a un repago, podrían crecer con una promesa de distribución de utilidades a través de dividendos
Naturalmente para que se dé un proceso así debe existir la llamada ‘voluntad política’.
Existen, como en todos los ámbitos de la vida en el cual se anhelan cambios, obstáculos para comenzar un proceso así que volvería mucho más eficiente y desarrollado a nuestro país. Nótese que a través de la emisión de acciones se daría la propiedad directa al ciudadano común. Por supuesto que existen temas a contemplar y mejorar previamente, entre otros aspectos, las tarifas de las empresas públicas no podrían seguir siendo una variable de ajuste de la inflación.
Los cambios propuestos exigen un cambio en la forma de pensar. Para que no sea verdad el título de aquel libro que decía que “El subdesarrollo está en la mente” habrá que despojarse de algunos prejuicios en la búsqueda del bien común.
Encastres
En Uruguay, ‘público’ quiere decir propiedad y gobierno del Estado, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos público quiere decir ‘cualquier persona puede ejercer la propiedad, directamente’.
A través de la emisión de acciones se daría la propiedad directa al ciudadano común. Por supuesto que existen temas a contemplar y mejorar previamente, entre otros aspectos, las tarifas de las empresas públicas no podrían seguir siendo una variable de ajuste de la inflación.
Si se consolidara el camino de la educación financiera y, simultáneamente, las empresas públicas uruguayas decidieran acudir al mercado para financiar su crecimiento emitiendo acciones no nos queda la menor duda que varias empresas privadas más seguirían este camino.
[1] “Empresas del Estado y Eficiencia: la relevancia del ejercicio de la propiedad”
[2] VII Conclusión. Pagina 50. Munyo & Regent.
[3] Marco Regulatorio y Empresas Públicas en Uruguay. Faculta de Ciencias Sociales. Diciembre 2014. Departamento de Economía. Facultad de Ciencias Sociales. UdelaR.
[4] www.bcueduca.gub.uy
[5] Stock markets, Banks and Economic Growth. Ross Levine y SaraZervos. The American Economic Review 1998.
