Por Alfredo Asti (*) | @AlfredoAsti
El problema de los llamados “cincuentones” proviene de un error de diseño de la Ley original de 1995, que genera un trato injusto con los mismos y es por ello que hoy estamos buscando una solución para remediarlo.
Antes que nada, debemos dejar en claro que esta solución es conveniente para quienes al día de hoy tienen un salario aproximado de entre $70.000 y $150.000, y son mayores de 51 años. Es decir, que no todas las personas mayores de 50 años están incluidas en esta solución.
Para abordar el tema, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley de Desafiliación del Régimen de Jubilación por Ahorro Individual Obligatorio, cuyo universo incluido son aquellas personas con 50 o más años de edad al 1° de abril de 2016, comprendidas obligatoriamente en el régimen de jubilación por ahorro individual, Ley 16.713, las cuales podrán optar o no por salir de ese régimen.
El proyecto prevé que la opción de desafiliación será con carácter retroactivo, quedando comprendidos en el régimen de transición (solidaridad) siempre que no se encuentren ya jubilados a la fecha de vigencia de la Ley. Para ejercitar el derecho a la misma, se deberá contar preceptivamente, es decir obligatoriamente, con el previo asesoramiento del Banco de Previsión Social (BPS).
¿Cuáles son los plazos para solicitar este asesoramiento del BPS?
- para mayores de 56 años al 1º de abril de 2016, el plazo es de un año a contar desde la entrada en vigencia de la Ley.
- para los que tenían entre 53 y 55 años al 1 º de abril de 2016, el plazo es de un año a contar desde que se cumple el primer año de entrada en vigencia de la Ley
- y los que tenían entre 50 y 52 años al 1º de abril de 2016, el plazo es de un año a contar desde que se cumplen dos años de la entrada en vigencia de la Ley
En ese asesoramiento el BPS informará la estimación de los montos de pasividad por ambos regímenes al retirarse a los 60, 63 o 65 años y deberá ser dentro del año de recibida la solicitud (este plazo podrá ser prorrogado por un año por el Poder Ejecutivo) y la decisión de desafiliación deberá tomarse dentro de los 90 días de haber recibido el asesoramiento.
Luego de decidir la opción de desafiliación, los fondos del trabajador acumulados en la AFAP se trasladarán a un fideicomiso propiedad del BPS, a partir de esa fecha el trabajador comenzará a aportar exclusivamente al BPS. Desde el sexto año de constituido el fideicomiso, éste realizará transferencias anuales (de los montos acumulados más la rentabilidad), pagaderas semestralmente al BPS durante 20 años para financiar parcialmente las mayores erogaciones por jubilaciones que se pagarán por la aplicación del Proyecto.
Por otra parte, quienes opten por la desafiliación prevista y hayan topeado sus aportes por encima del tercer nivel previsto en la Ley 16.713, (hoy más de $146.000) deberán abonar al BPS en 72 cuotas mensuales, en Unidades Reajustables, el monto de los aportes no vertidos según régimen de transición (solidaridad).
Con este esquema, en el primer lustro a partir de 2018-2019, el BPS tendrá ingresos positivos y luego mayores costos netos en las más de cuatro décadas siguientes. Los mayores gastos que determine las pasividades servidas a estos trabajadores, serán atendidos por Rentas Generales.
En cuanto al trámite parlamentario, el proyecto está a estudio de la Comisión de Seguridad Social integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Por dicha Comisión pasaron todos los invitados que solicitó la oposición, algunos de los que tuvieron papel importante en la gestación de la reforma de Seguridad Social en 1995 y todos los organismos y personas involucradas en el tema.
Más allá de la unánime posición de buscar soluciones al tema, se han presentado diferencias notorias en los cálculos de los universos involucrados y por consiguiente el costo fiscal asociado a los mismos.
En particular se destaca que el primer análisis del proyecto de ley se realizó en base a proyecciones del BPS que manejaba un entorno de 30.000 personas que podrían cambiar de régimen con un menor costo final de la modificación.
Una vez delimitado por el articulado el universo comprendido en un nuevo informe del BPS del mes de octubre, el mismo se amplió a un mínimo de 28.168 y un máximo de 70.559 personas (de un total de 130.000 comprendidas por edad), con el consiguiente abanico de costos, con lo cual el BPS estimó un costo total neto máximo de 3.767 millones de dólares en 48 años, y aplicando una muy discutible tasa de descuento del 1.5% anual, un Valor Actual Neto (VAN) de 2.557 millones de dólares. Cabe decir, calcula el valor al día de hoy de los flujos de fondos positivos y negativos en Unidades Reajustables (UR) durante las cinco décadas de impacto del sistema, descontando esa tasa financiera.
Por su parte, AFAP República había presentado anteriormente una evaluación de la situación de sus afiliados realizada caso a caso, lo que le dio un universo real de 44.252 personas a las que le convendría cambiar, dentro de un universo total de personas comprendidas por edad de 87.835, con un costo asociado de aproximadamente 3.068 millones de dólares, lo que es proyectando al resto de las AFAP, sensiblemente superior a la estimación del BPS, tanto en número de personas como de montos.
También se han propuesto en este trámite parlamentario, por parte de quienes asesoraron a la Comisión, distintas opciones que pueden combinarse entre ellas y con la solución prevista en el proyecto:
- que la persona pueda diferir la decisión de cambiar de régimen hasta el momento de iniciar el trámite jubilatorio,
- graduar los derechos de la opción según la edad de retiro efectivo,
- distintos destinos de los fondos de ahorro previsional acumulados de los trabajadores que decidan pasar al régimen de transición o de solidaridad,
- reconocimiento de los mayores aportes al BPS antes de 1996.
Como es público y notorio, luego de la actualización de costos realizada por el BPS y ante el importante incremento del universo y de costos, que pueden estimarse en un 70%, se han producido distintas reacciones respecto de la incidencia de este proyecto en el resultado fiscal por casi 5 décadas.
En particular el MEF, aceptó in totum los cálculos realizados por el BPS (por ser el Organismo especializado en el tema) en lo que tiene que ver con el universo mayor y el cálculo de las prestaciones adicionales que el mismo deberá cumplir a partir del 6º año, pero discute (por ser el MEF el organismo especializados en temas de finanzas y costo de endeudamiento) las tasas de rendimiento del fideicomiso y la tasa por descuento utilizado por el BPS para aumentar los ingresos y disminuir los costos del resultado del VAN total del proyecto.
El BPS utiliza para ambos casos una tasa adicional sobre valores reajustables (que evolucionan con el salario nominal) de 1,5% (y en otra versión de 2%), lo que se considera excesivo para la realidad actual y proyectada (por ejemplo, los rendimientos en UR de las colocaciones de las AFAPs en los últimos 10 años son menores al 0,5%). Además, debemos tener en cuenta que los rendimientos del Fideicomisos se verán limitados por los plazos y los instrumentos que puede utilizar para rentabilizar esos fondos. Por el lado de los costos, tener una mayor tasa de descuento disminuye indebidamente el VAN en forma significativa. Debe tenerse en cuenta que esos resultados netos negativos aumentarán el abultado déficit que tiene hoy el Organismo y que este proyecto incrementará sensiblemente a partir del sexto año y durante más de 4 décadas. Ese mayor déficit deberá ser financiado con mayores transferencias de Rentas Generales, lo que afectará los resultados fiscales (generando mayor deuda pública) impidiendo cumplir con objetivos de reducción del déficit y/o destinar mayor gasto público a áreas priorizadas y sensibles.
El MEF ha calculado que con una (generosa) tasa de descuento para el VAN y de rendimiento para el Fideicomiso del 0,5%, el resultado del VAN total sería de US$ 1.100 millones superiores a los presentados por el BPS, lo que totalizaría U$S 3.649 millones con afectaciones de 0,4% del PIB en los 25 años siguiente al primer lustro.
Reconocemos el legítimo derecho de los cincuentones en defensa de sus intereses, pero no de forma tal que agrave la situación del sistema de seguridad social, ya de por sí complicada, y que deberá ser financiado por el aporte de toda la sociedad, incluyendo los sectores más vulnerables de la misma.
Estamos ante un tema de gran sensibilidad y trascendencia, los efectos de la solución que se apruebe impactarán en las próximas cinco décadas, dejando sin margen de recursos fiscales a los futuros gobiernos para aplicar políticas de redistribución.
Por ello, no podemos votar el proyecto tal cual ingresó al Parlamento, entendiendo necesario buscar alternativas que mejoren el impacto social a través de una solución más equitativa con el conjunto de trabajadores y pasivos que no están incluidos en este proyecto y con el resto de los uruguayos, en particular con los jóvenes, niñas y niños que son nuestra prioridad.
Por tanto, entendemos que nuestra bancada deberá seguir analizando en forma exhaustiva el proyecto en defensa del interés general, para buscar y aprobar una solución justa, comprometida por el presidente Tabaré Vázquez a este grupo de personas de ingresos medios altos y altos (superiores a $70.000).
Ser responsables y equitativos requiere prevenir los impactos sociales que pagarán las futuras generaciones. Impactos sociales que impedirán poder brindarle a estas futuras generaciones similares soluciones.
(*) Diputado de Asamblea Uruguay – Frente Amplio
