Gabriel Murara, presidente de la Cámara de Industrias (CIU)
Promover los intereses de la industria nacional es el fin de la CIU. Es, en ese sentido, que se apuesta a abrir el mercado, corregir temas cambiarios y hacer énfasis en los agronegocios.
¿Cómo imagina al sector industrial en Uruguay en el mediano y largo plazo y cumpliendo qué rol en el país?
En primer lugar, y en lo que refiere a aspectos de contexto, esperamos que haya una corrección de los desequilibrios cambiarios actuales, producto de la consolidación de un nuevo escenario financiero internacional, con tasas de interés más altas y reversión de los flujos de capitales hacia los países desarrollados. Tras el abaratamiento relativo que deberá producirse, surgirán nuevas oportunidades para la industria de la transformación.
En segundo lugar, esperamos que el negocio agroindustrial sea pujante, aprovechando los aumentos previstos de la demanda e incursionando en nuevos nichos, captando nuevas inversiones.
En tercer lugar, imagino a nuestro país firmando acuerdos comerciales con terceros países, abatiendo costos arancelarios que restan competitividad a los negocios.
Cuarto, visualizo a la industria manufacturera mucho más integrada a la generación de energía en los propios predios y plantas industriales, particularmente la de fuentes renovables.
Por último, y esto es más un deseo que un pronóstico, desearía que en 10 años hayamos encontrado mejores mecanismos de relacionamiento laboral, que permita que todos estemos más enfocados en la productividad y no en el conflicto.
¿Qué tareas fundamentales debería impulsar el próximo gobierno, de forma prioritaria, pensando en el desarrollo del sector industrial?
La primera y más importante es la reforma educativa. No hay desarrollo industrial sin recursos humanos más capacitados. Ahí tenemos el más importante desafío. No hay forma de producir bienes más complejos, de mayor contenido tecnológico, si no incorporamos conocimiento.
La segunda tarea fundamental que tiene el próximo gobierno es equilibrar las cuentas públicas, buscando eficiencias y reduciendo el gasto público. La sociedad no soporta más impuestos, ni las empresas ni los trabajadores. Sin equilibrios macroeconómicos básicos no hay condiciones para el desarrollo industrial. En igual sentido, entiendo necesario que se reduzca la carga fiscal para fomentar la inversión, pero, particularmente, para la que no se instala en zonas francas, que es la que paga impuestos y que está estrechamente vinculada a los empresarios y trabajadores uruguayos.
En tercer lugar, el gobierno deberá modificar el marco normativo para incorporar las recomendaciones de la OIT en materia de negociación colectiva y ocupaciones. Nuestro país se ha caracterizado por respetar la Constitución y las leyes, y en este caso se están permitiendo vulnerar los derechos de los empresarios y también de los trabajadores, cuando se hacen piquetes o se ocupa un lugar de trabajo. Ya no es un tema de los empresarios y pasa a ser una cuestión de sana convivencia y respeto a los principios democráticos que nos caracterizan. Si una persona quiere trabajar, nadie debería poder impedírselo, tanto sea un empresario como un obrero.
Por último, estamos necesitando abrir nuevos mercados, bajar costos que nos trasladan los compradores a través de sus aranceles, que nuestros competidores van abatiendo y nosotros no. La forma es avanzando en la firma de acuerdos comerciales. Tenemos mucho por conseguir, y existen mecanismos para defender la producción nacional y el mercado interno que habrá que utilizar intensamente para minimizar los costos. Acá está en juego el empleo de nuestra gente.
Las empresas, si no logran producir en condiciones competitivas en Uruguay, se trasladan a otros sitios que les ofrecen mejores condiciones; o se llevan nuestras materias primas para procesar en lugares más eficientes. Sería casi una torpeza perder empleos actuales y no crear los empleos potenciales que los nuevos acuerdos nos ofrecerían, aferrados a un falso proteccionismo que está perimido en el mundo, particularmente para países pequeños como el nuestro.
¿Cuáles son los temas en que Uruguay, como país, tendría que poner énfasis, sin importar nivel ni sector de actividad, apuntando a un mayor desarrollo de su sociedad y de su economía en la próxima década?
Insisto con lo que dije antes: la prioridad es la educación. Tenemos que lograr, como primer objetivo, que los jóvenes tengan una vida institucionalizada a través de los centros educativos, desde pequeños, hasta al menos pasados los 20 años. Es necesario interpretar lo que necesitan y lo que demandan las nuevas generaciones, adecuando las currículas, para que todos tengan la oportunidad de formarse, atendiendo a las particularidades de cada uno.
Como referencia general, la oferta educativa tiene que ser mucho más amplia, más flexible, principalmente a partir de la adolescencia. En nuestra visión, hay que buscar mecanismos para que haya más egresados en carreras vinculadas a las nuevas tecnologías. No nos puede pasar de que tengamos oportunidades en algunos sectores pero que no crecen más porque no disponen de recursos humanos para hacerlo. Pero menos nos puede pasar que chicos de 15 años no estén yendo al liceo o a la UTU, y se vayan desestructurando de la sociedad. La buena noticia es que hoy tenemos un plan. Me refiero a las propuestas que estructuró Eduy21, que no tienen color político, y que es la respuesta de la sociedad civil organizada a la falta de soluciones por parte del Estado en esta materia.
Lo segundo que creo que debemos encarar distinto es el tema de la seguridad. No es viable un país que no logra controlar a los violentos. Eso impacta en todos los órdenes; en el social y en el económico. Y es bastante claro que cuando se decide enfrentarlo, se logran resultados.
Como buen ejemplo está lo que viene pasando en los espectáculos deportivos, que bastó una decisión política para encontrar soluciones efectivas. O el departamento de Maldonado, que logró abatir la inseguridad relativamente rápido, a través de un plan orientado en esa dirección.
