Autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) dijeron a CRÓNICAS que la cartera no cuenta con las herramientas suficientes para regular el trabajo encubierto bajo el disfraz de voluntariado. Sin embargo, este tema genera diferencias entre los legisladores oficialistas. Desde la oposición plantean que no se necesita un marco jurídico especial para estos casos.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
El pasado martes 17 de julio el Senado iba a votar el proyecto de ley de promoción del voluntariado social, pero la sesión culminó tras un agitado debate y el posterior pedido de cuarto intermedio por parte de la oposición, por lo que la instancia de votación no pudo ser posible.
La iniciativa original, producto del trabajo conjunto del senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, y la diputada frenteamplista Berta Sanseverino (fallecida el 18 de junio), había sido votada por unanimidad en la Cámara de Diputados el año pasado.
Sin embargo, al pasar a la Cámara Alta se le hicieron algunas modificaciones que generaron discrepancias en todos los partidos, e hicieron que la oposición optara por no apoyarla.
El gran cambio se dio luego de que las autoridades del MTSS concurrieran a la Comisión de Población, ámbito donde se estudiaba el proyecto, y plantearan la necesidad de incorporar elementos con el propósito de combatir el trabajo encubierto que puede darse en las actividades con apariencia de voluntariado.
Así lo dijo a CRÓNICAS el inspector general de Trabajo, Gerardo Rey. Explicó que hay organizaciones que ofrecen un techo, comida o ayuda para superar una adicción, y en contrapartida la persona debe trabajar en una panadería, en una carpintería o en un taller mecánico. “Esto es la explotación laboral encubierta a partir del voluntariado”, enfatizó.
Las diferencias
Si bien la senadora del Frente Amplio, Daniela Payssé, estuvo de acuerdo con elaborar una normativa que contemplara la mirada de la cartera, en la coalición hay quienes discrepan. Es el caso del senador Marcos Otheguy, quien sostuvo consultado por CRÓNICAS que “el Estado ya tiene suficientes instrumentos como para promover el voluntariado y para controlar el trabajo encubierto”. El legislador no comparte el proyecto por entender que desalienta las actividades solidarias al generar “una estructura excesivamente burocrática para algo que no lo amerita”.
El próximo lunes el tema será nuevamente puesto a consideración de la bancada oficialista, aunque hay varios senadores contrarios a la iniciativa, por lo que no hay seguridad de que prospere, según pudo saber CRÓNICAS.
Aunque Payssé cree que la propuesta es “excesivamente reglamentarista”, continúa a favor de su aprobación tal como está, porque allí se establece la diferenciación entre la labor voluntaria y la formal, y “muchas veces hay un trabajo encubierto con el disfraz de voluntariado al que es bueno ponerle límites”. De todas formas, no descarta realizar nuevos cambios al texto normativo, según dijo a CRÓNICAS.
Más controles
En línea con el planteo de Otheguy, el senador Pablo Mieres expresó que la Inspección Nacional de Trabajo tiene potestades para fiscalizar a las organizaciones sociales con voluntarios y detectar si existe alguna relación laboral informal.
El parlamentario comentó a CRÓNICAS que el MTSS “quiere perseguir a Beraca –y ese tipo de instituciones-, y con el afán de hacerlo, convirtió el proyecto que era de promoción, en otro direccionado a tratar de atacar estas organizaciones, que yo no las defiendo ni mucho menos, pero desnaturalizó la propuesta”. Además, aseguró que si el Ministerio “quiere meterse con Beraca, el marco jurídico actual se lo permite”. Por su parte, Rey afirmó que esto no es así, y que es necesaria la regulación.
Mieres lamentó que luego de haber preparado la iniciativa en base al aporte de las organizaciones sociales, en conjunto con la diputada Sanseverino, “el MTSS lo transformó en un proyecto de fiscalización y de control con la idea de que atrás del voluntariado siempre puede haber trabajo informal”. A su vez, criticó que si se aprueba, perjudicará a estas instituciones porque las obliga a contratar un seguro para los voluntarios.
Al respecto, Rey señaló que es una preocupación válida, pero que en el texto queda muy claro que es para aquellas actividades que pueden ser peligrosas, dado que en caso de que una persona que pone toda su voluntad para un beneficio sufra un accidente, debería tener protección social.
Por otro lado, acerca de la posición del Partido Colorado sobre este tema, el presidente de la Comisión de Población y senador Germán Coutinho, indicó a CRÓNICAS que el cambio de posición de la fuerza política, que en un principio tenía la intención de promover la actividad voluntaria, se debió a las modificaciones del MTSS. Agregó que los voluntarios les manifestaron que esta iniciativa los complicaría y desmotivaría. De todas maneras, dijo que los colorados están dispuestos a conversar sobre la necesidad de generar una normativa que combata el trabajo informal.
La incidencia en las religiones
Una de las cuestiones que generó más controversia en el debate del Senado el martes pasado, fue la posible incidencia que podría llegar a tener esta iniciativa sobre los ministros de culto de todas las religiones.
El senador colorado Pedro Bordaberry se refirió al tema, alertando que de aprobarse este proyecto, todos los curas de la Iglesia Católica deberían celebrar un contrato y registrarse en el MTSS.
Por su parte, la senadora suplente del Partido Nacional, Carmen Asiaín, advirtió en su exposición el mismo inconveniente. La legisladora es abogada y se dedica al estudio de la relación entre el Estado-Derecho y la religión. Fue por esto que puso mucha atención en esta propuesta durante su participación en la Comisión de Población, dado que por su especialidad, es consciente de que en nuestro país no existe una regulación específica para los religiosos, por lo que se amparan en el régimen del voluntariado, según comentó en conversación con CRÓNICAS.
Por el contrario, Gerardo Rey explicó que la ceremonia religiosa no es una actividad de voluntariado, por lo cual no se verían afectadas las personas dedicadas a eso. “No hay ningún tipo de duda y a nadie se le ocurre que un cura tenga que estar registrado en la Seguridad Social, eso es un disparate”, destacó.
Daniela Payssé, en la misma línea, afirmó que decir que los curas se verán afectados “es no tener honestidad intelectual”. De todas formas, explicó que hay entidades de las iglesias que tienen voluntarios de carácter permanente pero que no son religiosos, que sí deberán ser registrados.
Asiaín reafirmó que los voluntarios de cualquier orden, incluidos los de las entidades religiosas, deberán cumplir una serie de requisitos. Igualmente, opinó que “el único problema no es que tiene un efecto sobre los ministros de culto”, puesto que el proyecto, aunque no hubiera aplicado para ellos, “igual es resistido por la Mesa de Voluntariado”. En una carta, la organización manifestó que la propuesta generaría obstáculos en la actividad que desempeña. Entre otras cosas, se opone al registro de cada voluntario y a la regulación de temas laborales en una ley de voluntariado, además de la contratación del seguro.
