Por Adrián Peña (*) | @adrianbatllista
Está a punto de tener sanción definitiva un proyecto de ley que habilita la enajenación de dos padrones de la rambla de Montevideo. Cuenta con media sanción en Cámara de Senadores y ya fue votado por la mayoría de la Comisión de Transporte de Diputados, que integro. A través de éste se habilita la venta de estos padrones en el marco de una “iniciativa” privada para construir en el Dique Mauá una terminal de pasajeros fluvio marítima.
La idea de construir una nueva terminal de pasajeros que libere para otros usos el espacio que hoy ocupa la actual Terminal de Pasajeros no es reciente. Originalmente se manejó que ella estuviera en Capurro.
Nosotros entendemos que una nueva terminal de pasajeros sería algo muy bueno para el país, para el puerto y también para los usuarios en la medida que se brinden mejores servicios. También sería bueno para la ciudad de Montevideo en la medida que ponga en valor una zona de la ciudad que en la actualidad está deprimida. Si bien hay algún análisis técnico que establece que las características del primer dique seco del Río de la Plata, por la intensidad de los vientos llevarían a la construcción de una escollera de no menos de 1500 metros para permitir el trabajo de los buques, nuestras principales objeciones no pasan por ahí.
Ni la Intendencia de Montevideo, ni la Dirección Nacional de Medio Ambiente ni ningún organismo pueden brindar información alguna porque el proyecto no existe. No existe por las propias características del mismo, primero se está aprobando esta ley, luego vendrá la licitación y más tarde sabremos las características precisas de este mega proyecto.
Pero creo que es de una mínima responsabilidad advertir que el proyecto que está a punto de transformarse en ley contiene una serie de falencias que trataremos de desarrollar a continuación, sin olvidar que se trata de un proyecto con nombre y apellido, porque esta iniciativa es presentada por la empresa Los Cipreses (Buquebus), propiedad del señor López Mena.
La primera tiene que ver con una cuestión de principios. Nosotros somos defensores de la libre competencia y hoy el monopolio de hecho del transporte entre Montevideo y Buenos Aires lo tiene la empresa Buquebus. Por lo tanto, todo aquello que venga a consolidar esa posición dominante que tiene en el mercado perjudica la libre competencia y, por ende, a los usuarios. Lo ideal sería que decisiones que se toman desde el gobierno o del Poder Legislativo desalentaran esa concentración en manos de una sola empresa. La concentración señalada es mala para el país y perjudica notoriamente a los usuarios.
En la misma línea de la defensa de la competencia, otorgar las terminales a quienes son los operadores no es una situación deseable. Que el dueño de la terminal sea la empresa que opera allí no es lo ideal, dado que desestimula el ingreso de competidores, ya que el administrador de la terminal es también el operador y tomará decisiones que perjudicarán al eventual competidor. Esta decisión consolida la posición dominante de la empresa con los perjuicios señalados anteriormente. No es bueno que el dueño de la terminal sea quien a su vez la opera. Esto va en el sentido contrario a la libre competencia necesaria, sobre todo en este tema que asegura la movilidad entre las capitales de dos países hermanos como Argentina y Uruguay.
No estamos en contra de las concesiones; nunca lo hemos estado. La novedad ha sido que otras fuerzas políticas estén a favor de las mismas cuando siempre las criticaron. Pero aquí se va más allá, se autoriza la “venta” de dos padrones pegados a la futura terminal, a la empresa concesionaria de la misma. Quiere decir que además de concesionar la terminal al operador que tiene el monopolio del transporte de pasajeros fluvial entre Uruguay y Argentina, se le venden dos terrenos para que desarrolle allí inversiones, que aún se desconocen, lo que redundará en un aumento aún mayor de la posición dominante de Buquebus. Pero no se trata de una concesión, que además sería discutible en estas condiciones, se trata de una venta, de una enajenación de dos terrenos ubicados en la rambla de Montevideo, el lugar emblemático y con un alto valor patrimonial. La rambla de Montevideo es patrimonio histórico y se entrega parte de ella y de por vida al señor López Mena. Es una mala decisión.
Por otra parte, hay que tener en cuenta con quién está negociando este proyecto el Estado uruguayo. Los antecedentes cuentan y Uruguay tiene una triste historia con dicho empresario, y no dudamos en señalarlo. Como esto surge de una iniciativa privada, sabemos qué empresa está detrás; haciendo uso y abuso de su posición dominante generó deudas importantes con el Estado y con operadores privados.
Todavía está en nuestra retina la imagen del remate trucho armado para la compra por un testaferro de los aviones de Pluna. Fue una estafa en vivo y en directo vista por todos los uruguayos, que terminó nada más y nada menos que con el procesamiento de un ministro de Economía y un presidente del Banco de la República, por haber otorgado un aval de manera incorrecta al empresario dueño de Buquebus. Eso fue hace escaso tiempo. Cuesta creer que hoy estemos entregando este cheque en blanco a un empresario con esas características y antecedentes. Insisto, no es confiable, no porque se nos ocurra, sino porque los antecedentes están a la vista.
Nadie nos ha podido negar que el proyecto, una vez adjudicado, sea financiado por el Banco de la Republica. En estos días hemos recibido la noticia de que el 1º de agosto pasarán a seguro de paro muchos empleados de Buquebus. La razón esgrimida es “la delicada situación económica y financiera de la empresa”. Si ésta es delicada, ¿cómo piensa financiar López Mena este mega proyecto? Yo creo que es claro: con el dinero de los uruguayos, con nuestro Banco de la Republica. Le vendemos terrenos que pagará con nuestro dinero. Una brillante operación financiera para dar aire a las cuentas en rojo de Buquebus.
Por último, y no menos importante, me interesa señalar que hoy Uruguay está analizando el financiamiento de los partidos políticos a través de una Comisión Investigadora y con un proyecto de ley que está a estudio de una Comisión Especial formada a tal fin, que ya tiene media sanción del Senado. Además, es un tema de debate continuo, en el que todos los partidos políticos estamos de acuerdo en mejorar, a fin de transparentar.
Este señor ha estado involucrado y vinculado al sistema político y al financiamiento de fuerzas políticas que toman decisiones. No olvidemos que en el año 2005 pasó de pagar un canon de 700.000 dólares por año por la concesión de la terminal actual, a pagar 70.000 anuales en una decisión que no encuentra explicación, por lo menos explicación lógica.
Creo que sería muy negativo, una muy mala señal, que se apruebe esta ley que daría vía libre para la concreción de un proyecto con nombre y apellido que no va en el sentido de defender el interés nacional.
Como escribe Saramago: “La dignidad no tiene precio. Cuando alguien comienza a dar pequeñas concesiones, al final, la vida pierde su sentido”.
La nueva terminal es necesaria, así como el desarrollo y puesta en valor de esa zona de Montevideo. Si hay que hacerlo con un privado, pues hagámoslo, cuenten con nosotros para ello, pero con un socio confiable y serio, sin “vender el rico patrimonio… al bajo precio de la necesidad”.
(*) Diputado por Vamos Uruguay. Secretario General del Partido Colorado.
