Pablo Labandera, especialista en Derecho del Comercio Internacional y Derecho Aduanero e integrante del consejo editorial de Empresas & Negocios
Lograr mayor seguridad jurídica y consolidar una política de estado en comercio exterior con sentido patriótico es la clave para el desarrollo portuario y aduanero, asegura Labandera.
¿Cómo imagina a los sectores logístico portuario y aduanero en el mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que dentro de los mismos se desarrollan actividades que están en continua transformación y son dependientes en forma superlativa del comercio exterior?
Creo que, como todos aquellos operadores que estamos vinculados de manera directa o indirecta con estos sectores, nuestra aspiración es que los mismos se vayan consolidando y –sobre todo– aggiornando, única manera de que logren subsistir y crecer en un mundo cada vez más interdependiente, especializado y exigente.
Para ello, no tengo dudas de que cualquier proyecto que pretenda alcanzar esos logros debe estar cimentado en dos pilares fundamentales: por un lado, mayor seguridad jurídica a todos los niveles (público y privado), menos incertidumbre y mayor transparencia; y por otro lado, la consolidación de una verdadera “política de Estado” en materia de comercio exterior que, con un sentido estratégico y verdaderamente patriótico, nos permita lograr mayores estándares de eficiencia y predecibilidad.
No existen los partidos refundacionales, no existen los “superhombres” que de forma casi mágica puedan hacer frente a los desafíos cada vez más trascendentes y numerosos que esta actividad demanda. La única receta es el trabajo continuo, serio y con un sesgo estratégico de largo plazo. Basta con mirar -y admirar- a aquellos que les ha ido bien.
¿Qué tareas fundamentales debería encarar el próximo gobierno en forma prioritaria pensando en el desarrollo del sector portuario y aduanero?
En primer término, creo que ha llegado el momento de actualizar la Ley de Puertos, pero manteniendo intacta su esencia y su razón de ser, que es su gran valor agregado y su carta de presentación frente al mundo.
En segundo término, creo que, si bien el nuevo Código Aduanero aprobado en el año 2015 implicó un verdadero avance, porque nos permitió alcanzar, en muchos aspectos, los mejores estándares internacionales en materia aduanera, el mismo todavía cuenta con rémoras conceptuales que son inaceptables. La responsabilidad sin culpa para el caso de algunas infracciones, las excesivas -por lo menos en mi parecer- potestades de fiscalización sin un control judicial más intenso, atribuidos a la aduana, y la necesidad de realizar varios ajustes de técnica jurídica, sobre todo en el ámbito infraccional, deberían ser una tarea para emprender por parte la próxima aproximación.
En tercer término, y es un tema que me consta que el Poder Ejecutivo lo está encarando, se debe regular en forma urgente sobre dos aspectos que perjudican de manera clara a nuestro transporte nacional e internacional de carga. Por un lado, el informalismo creciente, que termina perjudicando a aquellos transportistas que cumplen con la normativa vigente, sobre todo en materia laboral. Por otro lado, las asimetrías tributarias y comerciales que perviven en el sector con respecto al resto de las “banderas del Mercosur”, lo cual genera una pérdida de competitividad creciente para nuestros transportistas en la región.
Por último, creo que en algún momento tendremos que analizar –como país– si realmente corresponde seguir con una estructura de control fiscal atomizada con la DGI por un lado, la Aduana, por otro, ambas dependientes del mismo jerarca -el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)-, o si, por el contrario, debemos tender hacia una unidad de control integral, a través de un único organismo, con una sola reglamentación, y un único criterio, tal y como existe en varios países del mundo. Sin ir más lejos, es la realidad actual de la República Argentina, donde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) centraliza dicha tarea. Entiendo que es un debate –sustancialmente técnico, pero también de índole político– que el país debe darse, con seriedad y objetividad.
“En algún momento tendremos que analizar si corresponde seguir una estructura de control fiscal atomizada por la DGI, la Aduana y el MEF”.
¿Cuáles son los temas en que Uruguay, como país, tendría que poner énfasis, sin importar nivel ni sector de actividad, apuntando a un mayor desarrollo de su sociedad y de su economía en la próxima década?
No es de mi índole, pero sin duda alguna, la educación. En un mundo donde el mayor valor agregado de una persona, de una empresa, o de un país, es el conocimiento, con un verdadero instinto suicida hemos retrocedido 100 años en materia educativa, y lo peor de todo es que no parece importarnos.
Sin connotación política alguna, hoy lo que existe es una verdadera consolidación de la desigualdad, donde los niños y jóvenes de las familias menos pudientes tienen menores posibilidades de acceder a la educación, y aún muchas menos de aspirar a una educación de buena calidad, con lo cual, la asimetría –impresentable y obscena que se da hoy en día, en este ámbito– no hace más que asegurar la desigualdad de oportunidades, alejándonos de la inclusión social y la búsqueda de una sociedad igualitaria y solidaria, que debería ser la finalidad de todo uruguayo.
