El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, enmarcó el cambio “rotundo” y “drástico” que generó el “efecto noviembre”. Por otro lado, el senador blanco Jorge Larrañaga cuestionó que no toda la culpa recae sobre el CPP, y enumeró a la exclusión, marginación social y educación como los grandes problemas vinculados a la seguridad.
Por Ignacio Palumbo | @ignacio_palumbo
El pasado miércoles 25 tuvo lugar una nueva edición del tradicional almuerzo de ADM, bajo la consigna “Seguridad, un tema que nos importa a todos”. Con esta premisa, los disertantes fueron el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak; el fiscal de Corte, Jorge Díaz; el ministro del Interior, Eduardo Bonomi; y el senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga.
El primero en hacer uso de la palabra fue Jorge Chediak, quien calificó de “exitosa” la implementación del nuevo Código de Proceso Penal (CPP) en noviembre del año pasado. Agregó, en la misma línea, que las estimaciones de los recursos fueron acorde a la realidad, y que los jueces se han adaptado al nuevo proceso “sin problemas”.
Luego, dio los números de la evolución de las rapiñas desde el 1985 hasta 2016. Según los datos, en la salida de la dictadura hubo 1.578, mientras que ese número aumentó hasta alcanzar 20.348 casos de rapiña hace dos años atrás. Es decir, que en 31 años hubo casi 13 veces más rapiñas.
Finalizó comparándose, él y sus tres colegas disertantes, con los superhéroes de la Liga de la Justicia, remarcando que “lo importante es que sólo triunfa cuando está unida”.
A continuación, el Jorge Díaz tomó la palabra. El fiscal utilizó el concepto de “seguridad humana”, que definió como “la perfección del núcleo vital de todas las personas de forma que ejerzan sus libertades y realicen su potencial”. Según Díaz, “se trata de consagrar las cuatro libertades fundamentales”: libertad para vivir sin miedo, libertad para vivir sin miseria, libertad para vivir sin necesidad y libertad de vivir con dignidad. Remarcó que proteger estas cuatro libertades, para que los ciudadanos se sientan seguros, es responsabilidad del Estado, lo cual debe hacer a través de una política pública de seguridad. Ésta, a su vez, deberá constatar de cuatro acciones: la prevención de los hechos delictivos violentos, la represión de los mismos, la investigación criminal y la persecución penal.
Señaló que esta política de seguridad se define en dos estrategias “necesariamente complementarias”, como la prevención y el control. Sin embargo, a su parecer, Uruguay está “muy concentrado” en el control y se olvida de la prevención. Terminó su discurso indicando a que no hay diferencias entre actores. “Si pierde la fiscalía pierde la policía” y viceversa, “y si pierden ambos ganan los delincuentes”, puntualizó.
Luego fue el turno del ministro Eduardo Bonomi, en una disertación que estuvo muy marcada por un concepto central: el nuevo CPP.
En sus palabras, el cambio en el código generó lo que denominó “efecto noviembre”, reflejado en las tasas de homicidios y rapiñas. En el primer caso, por ejemplo, indicó que entre los meses de enero y octubre de 2017 hubo una cantidad “normal” de homicidios -en comparación con el año anterior-, pero a partir de noviembre se registra un cambio “rotundo”.
Asimismo, continuó con esta idea, marcando a noviembre como un “punto de inflexión” debido al cambio “drástico” por su rapidez y profundidad, ya que el conjunto de delitos “creció a un ritmo acelerado”. Indicó al nuevo CPP como el único factor de cambio, ya que causó contradicciones entre algunos jueces, fiscales y policías, lo cual “generó una ruptura”. Para Bonomi, el problema no es el CPP en sí mismo, sino las contradicciones que del mismo surgieron.
Por último, Bonomi enumeró, entre otros, el ingreso de policías y la aprobación de la modificación del CPP que se está llevando adelante en el Parlamento. Esto significará, según aseguró el ministro, un retorno a la tendencia a la baja de delitos que se interrumpió en noviembre. Sin embargo, enfatizó en que el próximo gobierno -“sea quien sea”- va a necesitar el ingreso de una cantidad “importante” de policías, debido a que “se ha roto el equilibrio entre policías y delincuentes”.
Larrañaga fue el último de los cuatro en expresarse y, al hacerlo, criticó una “falta de respuesta y responsabilidad del Ministerio del Interior” hacia los temas de seguridad. De la misma manera, tildó de “fracaso” el rol del Estado en proteger a la sociedad, y se pronunció en que “la realidad que tenemos está por encima del Código de Proceso Penal”.
Con esto último, se refirió a que el problema no recae únicamente o en su totalidad sobre el CPP -criticando así al ministro-, sino que en realidad son la exclusión y marginación social las principales cuestiones. Esto se debe, según el senador blanco, a que Uruguay es un país “socialmente partido”, pero esto tiene arreglo: inclusión social y cultural, así como también la educación, el “gran problema” del país.
Reclamó, a lo largo de su discurso, que Bonomi haga públicas las cifras de delitos actuales y, de igual manera, informe a la sociedad el aumento registrado desde el 2017.
