Cristina Freire, presidente del colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (Cceau)
El Estado debe escuchar más al Cceau y trabajar junto a él, apuntan desde la institución, para evitar, de esta forma, el fracaso en la implementación de las nuevas normas.
¿Cómo imagina que será la labor del contador de la próxima década?
Los principales cambios en la labor de nuestras profesiones desde hace tiempo que vienen de la mano de las nuevas tecnologías. Las computadoras personales, la planilla electrónica, el manejo de bases de datos, los programas de contabilidad, recursos humanos y de gestión, los trámites online, han determinado fuertes cambios cualitativos en la labor de los profesionales de las ciencias económicas.
Es de esperar que en la próxima década esta tendencia continúe desafiándonos y generando dinámicas diferentes y novedosas en nuestra actividad, mejorando y facilitando el intercambio de información, y en la medida que siga avanzando la contabilidad electrónica para fines fiscales se reducirá la documentación física, los archivos y el tiempo que dedicamos a la transcripción y registración de datos.
También la interacción con nuestros clientes y con los organismos públicos seguirá variando al compás de la explosión de las comunicaciones y el uso de internet y las redes sociales, disminuyendo drásticamente el contacto personal y las visitas a unos y otros.
A su vez, en las grandes empresas, los nuevos sistemas de gestión integrada importan la información electrónicamente y la procesan de acuerdo a reglas y guías específicas, liberando recursos de la carga de datos y de la generación de reportes, para aplicarlos al análisis e interpretación de la información contenida en los estados financieros.
Hasta es muy probable que el concepto tan arraigado de “estudio contable” se modifique, ya que cada vez más contadores van a trabajar desde su propia casa sin necesidad de una oficina física e iremos abandonando la compilación de información para dar más apoyo al cliente en la toma de decisiones, en el análisis de la información, en la consultoría de negocios y procesos y en el desarrollo de estrategias comerciales.
Este avance vertiginoso nos supone un esfuerzo continuo de adaptación para la asimilación y el manejo de la tecnología y, paralelamente, nos da la oportunidad de apalancarnos en ella, para poder brindar servicios profesionales cada vez más completos, eficientes, y para continuar aportando mayor valor a nuestros clientes y a la sociedad.
Para ello, el desarrollo profesional continuo, la educación y la investigación serán componentes imprescindibles. Los postgrados y la propia currícula de nuestras profesiones deberán evolucionar dando un peso cada vez mayor a las tecnologías de información, ya que las áreas tradicionales de nuestro ejercicio profesional ya no se concebirán sin las habilidades prácticas que nos permitan una eficiente combinación con las nuevas herramientas relacionadas con sistemas de información y tecnología.
¿Qué tres o cuatro tareas fundamentales debería impulsar el próximo gobierno de forma prioritaria pensando en el desarrollo de la profesión a la que representa?
Es difícil poder determinar tres o cuatro tareas para pensar en el desarrollo de la profesión, en unas pocas palabras. Lo fundamental es que el gobierno escuche y que seamos consultados, y que se apueste a la sinergia y al diálogo para el entendimiento. Nuestro Colegio puede analizar y dar opinión técnica en muchos aspectos de la economía y la administración pública.
Muchas veces nuestras sugerencias son ignoradas o nuestra opinión es desoída, y se terminan aprobando normas cuya implementación práctica luego fracasa. En cambio, podemos trabajamos mancomunadamente, como cuando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) después de años adoptó nuestra sugerencia para la eliminación de la Planilla de Trabajo, participamos en el diseño, en la implementación y hasta en la capacitación y los resultados superaron todas las previsiones.
Los organismos públicos han avanzado mucho en materia informática y aplicaciones web, pero aún es mucho lo que queda por hacer. Nuestro Colegio tiene una comisión específica de relacionamiento con ellos y estamos permanentemente aportándoles propuestas de mejoramiento, en base a lo que recabamos de nuestros asociados, que son quienes se enfrentan diariamente con los problemas prácticos y fallas técnicas que se presentan.
Aún queda mucho por hacer en materia de simplificación de trámites y eliminación de trabas burocráticas y duplicaciones. Cada organismo piensa aisladamente en satisfacer sus necesidades de información, pero nadie piensa en el contribuyente y en sus asesores que son quienes deben enviar los mismos datos a varios organismos o, en algunos casos, deben cumplir recaudos con información ya suministrada.
Por ejemplo, las empresas más grandes del país ya están incorporadas a la facturación electrónica desde hace mucho tiempo; sin embargo, esos contribuyentes aún están obligados a enviar anexos mensualmente con las mismas informaciones de su facturación y de sus compras que ya fueron comunicadas online a DGI.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) anualmente solicita a una muestra de empresas información sobre sus operaciones, su balance, su personal, pero la inmensa mayoría de esos datos ya están en poder de otros organismos del Estado.
Los bancos solicitan los estados financieros a las empresas, aun cuando éstas los hayan presentado a la Auditoría Interna de la Nación y figuren en un registro que es de público acceso.
A toda esta burocratización pronto se van a sumar las nuevas exigencias, impuestas desde el exterior, en materia de “lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva”, que suponen nuevos requerimientos a todo el universo de empresas y a sus asesores, poniendo incluso en tela de juicio al propio secreto profesional.
Cuesta creer que el Estado, con sus propios servicios de inteligencia, no pueda detectar por sí a los lavadores de dinero, a las personas vinculadas al terrorismo y a las armas de destrucción masiva. Y más cuesta creer que la solución encontrada para ese fin sea auxiliarse con los profesionales y cargar de nuevas obligaciones al 99.9% de las empresas que nada tienen que ver con esas prácticas.
¿Cuáles son los temas en que Uruguay, como país, tendría que poner énfasis, sin importar nivel ni sector de actividad, apuntando a un mayor desarrollo de su sociedad y de su economía en la próxima década?
Hay temas cantados, como la educación o la apertura comercial, que están en la tapa de la agenda. Ninguno de ellos les es ajeno a los operadores políticos, que son quienes deben decidir el rumbo a seguir.
Nosotros, como Colegio, podemos y debemos hacer nuestros aportes técnicos y facilitar los debates para que las decisiones que se tomen tengan los impactos esperados en la calificación de nuestra gente y en el fomento de producciones y exportaciones de calidad.
En línea con nuestras respuestas anteriores, entendemos que también la Reforma del Estado es uno de los temas en los que se debe poner el énfasis. Algo se ha hecho, pero queda un largo trecho por recorrer.
Es un tema que da para un seminario, pero sólo me quiero referir a un punto del que poco se habla y toca a nuestra profesión y a nuestros clientes: la necesidad de contar con una norma que regule los derechos y obligaciones recíprocas entre la administración Fiscal y los contribuyentes. Últimamente, cada vez que el Estado pierde un juicio con un contribuyente, básicamente en cuanto a la cuantía de la obligación tributaria, inmediatamente se aprueba una ley que transforma las reglas de juego en forma arbitraria, aumentando la discrecionalidad administrativa en perjuicio de los derechos de los administrados. Es preciso, por tanto, crear una nueva norma que restaure el equilibrio en esa relación y ponga un freno a la tendencia hacia el avasallamiento fiscal en base a presunciones.
