No culpar al BCU, avanzar “en lo que sea necesario” en productividad y “estar dispuesto a jugar el capital político que hay que jugar” frente al ajuste cambiario y gasto público, fueron algunas de las medidas propuestas por expertos y cámaras empresariales para hacer frente a los problemas de competitividad que enfrenta el sector privado en Uruguay.
Teniendo en cuenta que las dificultades asociadas a la competitividad son las más reclamadas desde el sector privado, la Confederación de las Cámaras Empresariales (CCE) organizó una conferencia para abordar esa problemática, en la que brindaron su diagnóstico el titular de la Dirección de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay, Sebastián Pérez, y el economista y profesor del IEEM, Ignacio Munyo.
A través de un video emitido durante el evento, se asegura que mejorar la competitividad del país es una “responsabilidad de todos” y que “no admite ninguna excusa más” de parte de las autoridades.
En este marco de responsabilidad, se plantearon medidas para crear “un clima de negocios que incentive la inversión y el trabajo”: reclamaron definir estrategias de inserción internacional tanto dentro como fuera del Mercosur, negociando con los países del bloque para que se habiliten modalidades de acuerdos con terceros países, sea en conjunto o individualmente. Además, demandaron promover el debate para diseñar una regla fiscal que limite la discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas y profesionalizar la gestión de las empresas públicas.
A esto se le añade también las ideas relativas a las relaciones laborales, donde los empresarios demandaron al sistema político “modificar la regulación laboral y las prácticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social” en el marco del cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y “derogar el decreto que regula las ocupaciones de los lugares de trabajo”. También reservar la negociación tripartita “únicamente para definir mínimos por categoría”, dejando la bipartita para “aumentos o ajustes de salarios y otras condiciones de trabajo”, y “salvaguardar el derecho de los no huelguistas” en casos de conflicto.
El diagnóstico
Sebastián Pérez expuso en representación del equipo técnico que elaboró el documento sobre competitividad elaborado por la CCE, y aseguró que fue “bastante fácil” llegar a un diagnóstico común de propuestas de todo el sector empresarial.
Esto fue posible, en parte, porque ya contaban con un documento previo hecho en 2013. En este sentido, enfatizó en que los problemas actuales de la competitividad uruguaya “no son solo de hoy”, sino que se vienen dando hace años. Marcó a 2014 como el punto de quiebre donde, si bien la actividad económica continuó creciendo, lo que él denominó como PIB industrial no. Ello incluye a los sectores agropecuario, industrias -sin contar la refinería de Ancap-, turismo, restaurantes, hoteles, la construcción, la logística, el transporte, es decir, toda la actividad típicamente privada. Toda esta rama de la economía mostró un estancamiento productivo persistente hasta hoy.
Un elemento que caracteriza, según Pérez, lo que han sido los últimos años es el desalineamiento de tipo de cambio real. Indicó que, desde 2013 a esta parte, Uruguay no se ha visto forzado a hacer un ajuste abrupto en el corto tiempo, pero sí se dieron ajustes “relativamente pequeños” que “configuran bastante más que un ajuste fiscal”.
Otros factores que añaden a la preocupación del diagnóstico son el gasto público, que resultó en un déficit fiscal de alrededor de US$ 2.300 millones por año. “Hoy tendríamos que estar bajando impuestos, aumentando el gasto en infraestructura, aumentando la obra pública para apuntalar la demanda, y no estamos en condiciones de hacerlo por el comportamiento fiscal de los últimos años”, expresó el contador.
A modo de síntesis, Pérez ahondó en que estos problemas –así como otros más- no son de ahora, sino que se vienen dando desde hace años y se han ido acumulando con el paso del tiempo. Por otro lado, remarcó la capacidad de propuesta que la CCE tiene, aunque “no necesariamente” deban tener la razón, “sí creemos que deben ser atendidas”, señaló.
Los remedios
Cuando le llegó la palabra a Munyo, propuso una batería de medidas a tomar para solucionar los problemas que azotan a la economía actual uruguaya.
En principio, insistió en “no pedirle peras al olmo”: con el déficit fiscal y la inflación en los niveles actuales (3,9% y 8,3% respectivamente), es poco lo que puede hacer el Banco Central (BCU) para mejorar la competitividad. La responsabilidad, entonces, la tiene el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sugirió Munyo, porque el gasto público es “la variable clave a controlar”.
Al referirse al contexto financiero internacional, el desempeño actual de la economía de Estados Unidos “debería inducir a nuevas subas en las tasas de interés y fortalecimiento del dólar”, indicó. Sin embargo, la incertidumbre asociada a Trump pone un manto de duda. De cualquier manera, instó a que se tenga presente que una suba del dólar no necesariamente conlleve una mejora sostenible de competitividad en Uruguay.
Además, aunque indicó que existe un “enorme potencial” en la demanda externa -gracias a los grandes niveles de consumo de China-, los aranceles que tienen que pagar las exportaciones uruguayas y los altos costos de producción “minimizan” esa oportunidad.
“Lo que realmente debemos hacer”, enfatizó, “es avanzar en lo que sea necesario para mejorar la productividad hoy, no mañana”, resaltando la imperiosa necesidad de que el gobierno tome medidas al respecto. “Tenemos que buscarle la vuelta para bajar las elevadas barreras que nos impiden ser más productivos y que afectan más intensamente al sector transable”, añadió.
Uruguay se ha vuelto “un país caro con fundamentos de país barato, he ahí la esencia del problema”, concluyó.
Otras opiniones
También presentes en el evento estuvieron la presidenta de la Academia de Economía, María Dolores Benavente y los economistas Aldo Lema y Horacio Bafico. Ellos disertaron sobre el trabajo presentado por Pérez y Munyo.
En primer lugar, Benavente opinó que la sociedad está “fragmentada” en gran parte debido a estos problemas a los que Uruguay debe hacer frente. En este sentido, recalcó el lema de la Academia para este año, “en busca de consensos clave”, y pidió que se haga lo mismo en estos aspectos.
Por su parte, Lema, si bien se mostró de acuerdo con lo expuesto por ambos oradores, indicó algunas discordancias con lo planteado por Munyo. En su opinión, ahora “hay que estar dispuesto a jugar el capital político que hay que jugar” para hacer frente al proceso de ajuste cambiario y de gasto público necesarios; además, remarcó que la “prioridad de aquí a 2020 es la estabilidad macroeconómica” de Uruguay.
Bafico, por último, concordó con sus pares y agregó también que “el gran problema” que está teniendo Uruguay es la falta de inversión, tanto externa como interna. Esto, apuntó, va acompañado también de los altos precios y poca productividad que azotan al país.