Después de un año y medio de trabajo, la Comisión Investigadora sobre el Financiamiento de las Campañas Electorales, creada en la Cámara de Diputados, cierra su funcionamiento el 8 de diciembre de este año. Según su presidente, Alejo Umpiérrez, “quedan muchas cosas por resolver”, pero no fue posible hacerlo a causa de la imposibilidad de levantar secretos bancarios y tributarios.
La relación entre dinero y política puede tornarse compleja cuando las cuentas no se muestran claramente y, además, traer consigo problemas vinculados a la democracia. Los partidos políticos deben reunir dinero para mantener locales, realizar actividades, pagar personal y, sobre todo, hacer campaña electoral, pero al mismo tiempo, deben demostrar que el dinero se obtuvo de manera lícita.
En el año 2017 los legisladores aprobaron una comisión investigadora que indagara desde 1999 al 2015 el aporte de las empresas a los partidos políticos y, además, el seguimiento del vínculo entre las empresas Cambio Nelson, Fripur, Aire Fresco, Grupo Casal y la agencia de publicidad La Diez. A su vez, también analizar las tarifas que los medios de comunicación le cobraron a los distintos partidos por publicidad.
Luego de un año y medio de este hecho, Alejo Umpiérrez, diputado nacionalista y quien preside a la investigadora, realizó un repaso de los hechos más relevantes en los que se abocaron para dar claridad a los hechos de las financiaciones. En diálogo con CRÓNICAS, sostuvo que han pasado decenas de personas por la comisión pero que al mismo tiempo otras no se han hecho presentes e, incluso, “ha habido una suerte de pacto de silencio en el tema de los negocios de Uruguay con Venezuela”, aseguró.
“No fue ningún implicado, salvo el diputado Daniel Placeres, que estuvo 10 minutos y se fue diciendo que él no tenía ningún vínculo con Venezuela, ni con los negocios de aquel país a través de Aire Fresco”, explicó Umpiérrez. Estos hechos, al no poder ser comprobados con documentación bancaria ni tributaria, llevaron a que desde la comisión los resultados sean catalogados como “magros”, debido a la falta de información legal.
El modo de trabajo se tuvo que ajustar a las condiciones, entonces, se investigó en base al análisis de documentación que presentaban los implicados, la toma de declaraciones, el estudio de las inconsistencias o eventuales irregularidades, y ligar esto con otros hechos que hayan sido admitidos.
Caso a caso
El diputado explicó que Fripur tiene una escalada ascendente en créditos que llevó a la empresa a una deuda de más de 40 millones de dólares; esa escalada de deuda se produjo en un plazo de cinco años, en el período de gobierno de Mujica. Donde, a su vez, “fue Fripur quien prestaba su avión para las giras presidenciales, financió la banda, hizo la colecta para el acto de asunción y, Alberto Fernández, dueño de la firma, manifestó que daría su sangre por el Frente Amplio”.
Esta “inconsistencia” -como lo llamó el diputado- entre la deuda y el perdón de la misma generó dudas. “Esos préstamos hacían caer la categoría crediticia de Fripur dentro del Banco República; pasó de ser categoría uno a categoría cinco. Además hay multas que se le perdonaron: se le bajó a US$ 5.000 una multa millonaria por violación de normas de empaquetado”, remarcó el legislador.
En lo que refiere a Grupo Casal, Umpiérrez detalló que se le perdonó una deuda con la DGI, por el uso de una potestad presidencial en forma discrecional. “El fundamento jurídico de esto radica en la totalidad de los pedidos de informes desde el grupo Casal a diferentes profesionales”.
En relación a La Diez, el representante nacionalista explicó que “es un tema que quedará abierto” porque tampoco pudieron acceder a flujos de caja de financiación, pero, para la comisión, “es obvio que la empresa tuvo una forma de contratación y manejo económico displicente en el marco interno de Ancap”.
Sostuvo, además, que hay un conjunto de presunciones que “lamentablemente no lo podemos verificar con pruebas porque no tenemos acceso al tema de fondo que es el secreto bancario”, aseguró.
