Por: Cr. Iván Posada (*) | @IvanPosada33
La actual situación de la economía de nuestro país supone un severo condicionamiento para el nuevo gobierno que asumirá el próximo 1° de marzo de 2020. De hecho, los datos conocidos al cierre del año 2018 muestran que el déficit fiscal representa 2.7% del PIB. Sin embargo, cuando corregimos los ingresos del BPS, considerando el efecto circunstancial (1.3% del PIB), generado por el Fideicomiso creado al amparo de la Ley N° 19.590, el déficit fiscal es de 4% del PIB. En principio, la relación de Deuda Bruta y Deuda Neta (excluido encajes) con respecto al PIB, proyectadas por el Ministerio de Economía y Finanzas al cierre de 2018, se ubicaba en 64.2% y 40.9% respectivamente. Por otra parte, la pérdida de 50 mil puestos de trabajo desde 2014 impacta en la tasa de desempleo. El dato a diciembre es de 8.4% de la población económicamente activa en todo el país, 9.2% en Montevideo y 7.9% en el Interior.
Recientemente, en entrevista concedida al diario El País del domingo 10 del corriente, el economista Pablo Rosselli, socio de la Consultora Deloitte, realizó un agudo análisis de las perspectivas de la economía uruguaya para el presente año y las previsibles dificultades con las que deberá lidiar el próximo gobierno. Si efectivamente se confirman los pronósticos para el año 2018 de 2% (con recesión en la industria, el comercio y la construcción), y para el presente año en torno al 1%, se completará un lustro de magro crecimiento de nuestra economía y sostenido déficit fiscal.
Lamentablemente, en el período de extraordinario crecimiento de la economía, entre 2004 y 2014, se perdió la oportunidad de poner en práctica una regla fiscal efectiva, que nos permitiera generar los ahorros aprovechando la excepcional circunstancia de los precios de los commodities. Pero no solo se gastaron esos mayores ingresos, sino que al término del último año del histórico ciclo económico, se cerró con un déficit fiscal de 3.5% del PIB.
En el actual período de gobierno, a pesar del déficit fiscal, se incrementó nuevamente el gasto público sobre la base de una errónea proyección del crecimiento de la economía (casi el doble de la real), que consolidó una situación deficitaria y determinó un endeudamiento anual aproximado de 2.000 millones de dólares.
El economista Pablo Rosselli plantea sin rodeos la necesidad de un ajuste fiscal. Y la realidad es que cualquiera sea el partido que tenga que asumir responsabilidades de gobierno, tendrá que reducir sustancialmente, en un plazo relativamente breve, el déficit fiscal, habida cuenta de que si esta situación se mantiene inalterada, la pérdida del “grado inversor” será un hecho. Y por cierto, los mayores costos de financiamiento asociados a ese hecho, determinarán un agravamiento del déficit.
El próximo gobierno, mientras proyecta la nueva Ley de Presupuesto, redefiniendo y reestructurando programas, objetivos y niveles de gasto asignados para el cumplimiento de los mismos, sobre la base de criterios de eficiencia y de mejora de la calidad del gasto, deberá sin demora, establecer límites de ejecución en el presupuesto vigente de gastos de funcionamiento, incluidas las transferencias y las inversiones, en todos los incisos. Al fin de cuentas, una medida similar fue la proyectada por el propio presidente Vázquez y el ministro Astori, en el proyecto de ley de Presupuesto enviado al Parlamento en 2005, que dicho sea de paso, resultó rechazado por los senadores de su propio partido.
Dada la presión tributaria actual, creemos que no hay margen para aumentar impuestos. Pero tampoco para eliminar el IASS como plantea el precandidato del Partido Colorado Talvi, aunque nos parezca injusto que se grave a quienes por la vía de los topes jubilatorios, ya se les expropió parte de los aportes realizados durante su vida de trabajo.
Es necesario por supuesto, establecer un sistema de incentivos para alentar la extensión de los años de trabajo, para mejorar la seguridad social y es imprescindible, asumir que se requiere una reforma de la carta orgánica de las Fuerzas Armadas, que recomponga gradualmente la estructura del escalafón (especialmente del Ejército) y que incluya el Servicio de Retiro y Pensiones, pues éste es parte del mismo problema.
El economista Rosselli plantea que la principal prioridad del nuevo gobierno es que la economía retorne un crecimiento anual de 3%. En pos de tal objetivo, resulta vital recuperar la competitividad y la confianza –bastante deteriorada hoy día- de los agentes económicos, sin perder de vista que la inserción internacional para un país productor de alimentos para 30 millones de personas es un objetivo estratégico irrenunciable. Parece claro que ambos factores, competitividad y confianza son claves para volver a tener los niveles de inversión que determinaron el notable crecimiento de nuestra economía en la década cerrada en el 2014.
Recuperar la competitividad no es tarea fácil. Nuestro país está caro en dólares. El atraso cambiario es un dato de la realidad y sus consecuencias, las más recientes por ejemplo, se están viendo en la temporada turística. ¿Es posible recuperar la competitividad perdida haciendo política monetaria, en un país caracterizado por la existencia de dos monedas? O será necesario, volver a replantearnos hacer política cambiaria. Esta es una definición central. Una decisión de política económica a la que el próximo gobierno, se verá enfrentado.
Para que nuestro país retome la senda del crecimiento se debe reformar la estructura tributaria aplicable a las micro y pequeñas empresas (MYPES). Resultan insostenibles los costos del régimen actual, por los impuestos, por los tributos patronales y por las tarifas de los servicios públicos. Parece razonable la eliminación de los tributos patronales. La tributación a la renta debiera simplificarse, adoptando una imposición similar al IRPF, admitiendo deducir los costos más significativos. Las tarifas públicas, salvo que la actividad suponga un uso intensivo del servicio, debieran ser las mismas que se aplican a nivel residencial. Claro está que la situación fiscal opera como una limitante a esta reforma tributaria, pero dado el dinamismo de las MYPES, el retorno esperado en la revitalización del mercado de trabajo es un fundamento válido para impulsarla.
Como bien señala Rosselli, los ajustes que no hace el gobierno, los termina haciendo el mercado. La sustancial diferencia es que el mercado no distingue en quién paga los costos sociales. Hace tabla rasa. Y obviamente, los sectores de menores ingresos terminan pagando las consecuencias. Por eso saludamos esta entrevista a un analista, serio y responsable que pone la realidad sobre la mesa.
La campaña electoral seguramente estará plagada de omisiones (cosas que no se dicen) y propuestas demagógicas. Como siempre, desde el Partido Independiente plantearemos nuestras propuestas con responsabilidad y sensibilidad, comprometidos racional y emocionalmente, con todos los uruguayos, pero especialmente con los de a pie, porque cada vez que nos enfrentamos a un escenario de crisis, son los que terminan pagando los platos rotos. Ciertamente, hoy no estamos en un escenario tal, pero si en el próximo período de gobierno se sigue pateando la pelota para delante, ignorando la realidad, inevitablemente vamos a estar muy complicados. Como decía José Martí, “hacer es la mejor manera de decir”.
(*) Diputado por Montevideo – Partido Independiente
