Dr. Jorge Díaz, fiscal de Corte
Los delitos han crecido y por eso es natural que en la sociedad exista una preocupación por la seguridad, afirma el fiscal de Corte. De todas maneras, una vez más se opone a la idea de que el incremento delictivo se deba a la reforma del Código del Proceso Penal (CPP). Lo que explica ese aumento, opina, es “un sistema carcelario que no rehabilita a nadie”, sumado a un sector que vive en una contracultura y que obtiene el éxito a través de vías ilegales.
El menú En la cava de Panini’s, Díaz degustó salmón laqueado sobre risotto de quinoa y vegetales, que acompañó con agua mineral y una copa de vino Preludio 2013 (Bodega Familia Deicas, Uruguay). A la hora del postre, optó por flan casero con dulce de leche.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
-¿Cómo ha visto el trabajo de los fiscales en el último año con la implementación del nuevo CPP?
-Los fiscales somos quienes sufrimos el proceso de transformación más grande con el pasaje del sistema inquisitivo al acusatorio. Nosotros nos preparamos para este proceso, [pero] siempre tuvimos claro que lo que planificáramos al comienzo seguramente lo íbamos a ir corrigiendo sobre la marcha. La dificultad que tuvimos es bien clara: el 1º de noviembre [de 2017, cuando entró en vigencia el nuevo Código] tuvimos que afrontar una carga de trabajo 20% superior a la que esperábamos. Conforme con eso, solicitamos en la Rendición de Cuentas del año pasado un incremento de 600 millones de pesos –300 para la ley de género, 300 para la implementación del proceso penal acusatorio-, y solamente obtuvimos unos 60 millones. Lo que hemos hecho ha sido rascar la lata y tratar de buscar dentro de la institución todos los recursos disponibles para ponerlos al servicio del sistema acusatorio.
-¿Significa que renunciaron a hacer otras cosas para dedicar recursos al nuevo sistema?
-Sí. Fuimos transformando otros cargos que estaban destinados originariamente a la gestión y que estaban vacantes, en cargos de fiscales. Por esa vía creamos tres fiscalías departamentales este año.
-¿Por qué cree que si el Parlamento dispuso que se implementara el nuevo CPP, no otorgó los recursos suficientes?
-Esa es una decisión política. El equipo de gestión de la Fiscalía negoció primero con el Poder Ejecutivo y luego fue al Parlamento, y además personalmente tuve reuniones con los principales referentes de todos los sectores de los partidos políticos por este tema, explicándoles las razones de nuestra solicitud. Lamentablemente, no nos asignaron todos los recursos que necesitamos y entendemos que son imprescindibles, y el año que viene vamos a ir a reclamar nuevamente.
-¿Los fiscales se pudieron adaptar al cambio que supuso para ellos el pasaje al nuevo sistema?
-Yo creo que sí. Hubo gente que no se adaptó y renunció o se jubiló, pero la enorme mayoría de los fiscales tiene un compromiso muy grande con el sistema acusatorio y está haciendo todo lo posible para que esto funcione cada día mejor.
-¿En algún aspecto ha costado la adaptación o se mantienen prácticas del Código anterior?
-En un cambio de sistema inquisitivo a acusatorio, en todas las instituciones los seres humanos tendemos a repetir la conducta anterior. Está en cada uno de nosotros encontrar los procesos de trabajo que permitan superar esa situación.
-Pero ¿usted está conforme con la aplicación del nuevo CPP?
-Es una pregunta difícil porque si te digo que estoy conforme estaría avalando todo lo que pasa y no es así, si te digo que estoy disconforme… en realidad yo creo que hemos hecho muchísimas cosas bien, algunas mal, y queda muchísimo por corregir y en ese proceso estamos. Lo que hay que hacer es trabajar en todo aquello que se puede mejorar. Por ejemplo, la figura del querellante creo que es una herramienta fundamental.
-¿Por qué cree que no tomaron en cuenta ese planteo?
-No lo sé. Yo respeto los argumentos contrarios pero la realidad es que hoy nos haría falta, no solo porque filosóficamente estoy de acuerdo con que la víctima tenga esa posibilidad, sino porque además es la mejor manera de controlarnos a los fiscales. La víctima se va a empoderar pero también va a asumir la responsabilidad de ser el acusador, entonces para mí ese cambio es fundamental y nos va a resolver otros problemas.
-¿Por ejemplo?
-El tema de la discusión sobre si el fiscal decide acusar, no acusar, ir a un [juicio] abreviado, ir a un juicio oral. Ahí va a haber una víctima que va a estar ejerciendo su derecho y decidiendo qué hacer, no peleándose con el fiscal por la decisión que tome. Es un mecanismo que nos interpela y que empodera a la víctima, pero también la interpela porque debe hacerse cargo de su empoderamiento.
-Sobre esa discusión de lo que debe hacer el fiscal, la cantidad de procesos abreviados que se han hecho ha recibido fuertes críticas. ¿Se está utilizando correctamente este mecanismo?
-Para que el ciudadano lo entienda, de la formalización hacia adelante existen distintas vías de resolución de conflicto: la suspensión condicional del proceso –equivale a un procesamiento sin prisión en el sistema anterior-, que anda en un 20% de los casos; el acuerdo reparatorio –un acuerdo entre víctima y victimario básicamente para los delitos económicos-, que es un 3% de los casos; y el proceso abreviado, que anda en un 60%.
-Pero ¿se utiliza en forma correcta el proceso abreviado?
-La utilización que se ha hecho hasta ahora es ajustada a Derecho. Se han denunciado algunas irregularidades y nosotros estamos trabajando para ver si efectivamente la utilización es correcta. No es que los abreviados son muchos, sino que hay pocos juicios orales. En los países que tienen mayor cantidad de juicios orales, se hacen alrededor de un 8%.
-¿Y en Uruguay?
-Un 3%, es muy bajo. Necesitamos subir porque el juicio oral en la medida en que la población lo percibe y lo observa, legitima el sistema, y es una solución de mejor calidad. Aspiramos a que la cantidad aumente. Si eso sucede, es probable que sea a costa de los abreviados.
-¿Es por un tema de recursos que se usa más el abreviado?
-Hay una multiplicidad de factores que inciden. Tener que ir a un juicio oral no es moco de pavo, sobre todo para funcionarios, abogados, defensores que nunca lo habían hecho. Pero yo creo que este año van a aumentar sustantivamente; fiscales y defensas se van a animar cada vez más a ir a juicios orales.
-Muchos entendidos en el tema sostienen que la consecuencia del nuevo CPP fue el aumento de los delitos, algo con lo que usted no ha estado de acuerdo. ¿Por qué se da esta doble interpretación?
-Los delitos vienen aumentando desde 1985 a la fecha, y lo que se pretende afirmar es que se incrementaron como consecuencia de la aplicación del Código. Si queremos encontrar un chivo expiatorio está bien, pero yo quiero saber efectivamente por qué razón aumentaron. En el año 2011 tuvimos 190 homicidios, y en el 2012, 260. ¿Qué justificó ese incremento? Ahí no hubo CPP. ¿Alguien lo explicó? Nadie. Ahora vuelven a crecer pero esta es una explicación que no nos convence para nada. La explicación del aumento de delitos la tenemos que encontrar por otro lado.
-¿Por dónde?
-Por un lado, por un sistema carcelario que no rehabilita a nadie. Metemos mucha gente presa pero todos los años salen seis mil privados de libertad a la calle sin prácticamente ningún trabajo. El 90% de las personas privadas de libertad en Uruguay son adictos, pobres, jóvenes y analfabetos funcionales. Esas cuatro características dan una pauta de por dónde va el problema. Vivimos en una sociedad altamente consumista, donde el éxito se valora conforme a los bienes materiales que tenés. Hay un sector enorme de la sociedad que ha quedado con una especie de contracultura, que busca el éxito y solamente lo puede obtener por vías ilegales. En ese segmento, delinquir no está mal, el delincuente no está mal visto, al contrario, si obtiene dinero está bien visto. Y dentro de los delincuentes que ascendieron más rápido están los narcos.
-¿Eso no se está atacando hoy?
-Se están haciendo esfuerzos, por ejemplo los operativos Mirador. Hemos resuelto algunas situaciones puntuales en determinadas zonas, pero la realidad es que hoy lo tenemos extendido en todo el país. La cárcel es parte del problema y mientras no rehabilitemos a nadie eso va a seguir existiendo. Cuando yo dije en el 2007 que en Uruguay no había sicariato solamente porque la oferta no se había encontrado con la demanda, y que lo único que impedía que se encontraran era una barrera cultural que se estaba resquebrajando, me dijeron de todo: que era un alarmista, que quería ver mi autoprofecía cumplida. ¿Y qué pasó? Entonces, pretender centrar el eje en algo puntual que es cómo se procesa jurídicamente, es absurdo.
“Mis hijas atravesaron el horror de perder a su madre en forma violenta y viven sin miedo”
-“Vivir sin miedo” es el eslogan bajo el cual el senador Jorge Larrañaga impulsa un plebiscito para combatir la delincuencia. ¿Considera que hoy se puede vivir sin miedo en Uruguay?
-Sí, yo vivo sin miedo. Mis hijas atravesaron el horror de perder a su madre en forma violenta y viven sin miedo. En la sociedad existe una preocupación creciente por la seguridad que es razonable porque los delitos han crecido. Acá no hay un problema de sensación térmica, hay un problema de realidad, entonces está bien que la preocupación exista. Pero una cosa es preocuparme y otra cosa es el miedo. Las sociedades con miedo nunca toman las mejores decisiones.
Cuando se habla de “nosotros y los otros”, ¿quiénes somos nosotros y quiénes son los otros? ¿Nosotros somos los ciudadanos honestos y los otros son los delincuentes? ¿Quién decide quiénes son los ciudadanos honestos y quiénes los delincuentes? En una sociedad democrática, el único que decide que un individuo es un delincuente es un juez. Si no, ¿quién es? ¿Los ciudadanos? ¿En base a qué criterio? ¿Al barrio donde vive? ¿Al corte de pelo? ¿A la edad? ¿A cómo se viste?
Quienes integramos el sector un poco más pudiente de la sociedad tenemos a veces la percepción de que los que viven del otro lado son los que vienen a robarnos; ellos serían los victimarios, nosotros las víctimas. No hay que olvidarse de que la enorme cantidad de los delitos se cometen de aquel lado, allí viven las víctimas y los victimarios. Ojo con eso, porque si no hay un proceso judicial y un juez que dice que fulano es un delincuente, todo lo demás son prejuicios.
-¿Cree que se generaron expectativas más grandes de las que el nuevo CPP podía cumplir en cuanto al mejoramiento de la seguridad?
-Puede ser. Yo creo que queda mucho por trabajar, pero si queremos resolver el problema de la seguridad pública tenemos que poner el énfasis en el control y en la prevención, por ejemplo, el control de armas, el tema de las drogas. La adicción es lo que ha agregado un factor explosivo en materia de violencia, la droga es una porquería que ha corrompido fuertemente la sociedad uruguaya.
Formalizar, ¿sí o no?
-En las redes sociales se dio un debate sobre el uso de la palabra formalización. El periodista Leonardo Haberkorn expresó en Twitter: “En ningún lugar del mundo los fiscales “formalizan” nada. Los fiscales acusan. Si se quiere, imputan. El periodismo no tiene que hacerse eco de una jerga espantosa e incomprensible para la gente”. ¿Cuál es el uso correcto?
-Lo que se formaliza no es la persona, es la investigación. A la persona la imputan, es un acto de imputación. Hay una segunda etapa de imputación que es la acusación. Lo correcto es decir que la investigación criminal se formaliza y a la persona se la imputa.
