Ante la ley de combate contra el terrorismo llevada al Parlamento a fines de 2016, la bancada del FA propone transformar el proyecto inicial para hacerlo más corto y breve. El nuevo proyecto, focalizado puramente en el financiamiento del terrorismo, busca cumplir con los requisitos que las organizaciones internacionales competentes le exigen a Uruguay.
Por Ignacio Palumbo | @ignacio_palumbo
Desde diciembre de 2016 está a consideración del Parlamento una “ley integral antiterrorismo”, que le daría a Uruguay mejores políticas para enfrentarse a esta amenaza internacional.
Además, esta reglamentación es algo exigido por organismos internacionales de la talla de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
El pasado martes, la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado se reunió de forma extraordinaria para tratar el tema. Sin embargo, fueron realizadas algunas modificaciones al proyecto de ley inicial entregado al Poder Ejecutivo, según comentaron a CRÓNICAS diversos senadores.
Un debe
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tiene como propósito “establecer normas que promuevan la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional”.
Una de esas normas establecidas por el Grupo es, justamente, un conjunto de sanciones financieras dirigidas, relacionadas al terrorismo y al financiamiento del mismo.
En mayo, alrededor de la segunda quincena, GAFI hará una revisión a Uruguay para observar la legislación del país y chequear que esté bajo los niveles determinados. De no hacerlo, se corre el riesgo de quedar en una suerte de “lista gris” a nivel internacional en el tema.
Por ello, Uruguay debe adecuar de manera rápida su legislación para cumplir con esos requisitos. “Además de esto, y lo más importante, es que se debe penalizar a quienes realizan, financian o encubren actos de terrorismo y eso es lo bueno del proyecto de ley”, enfatizó Pedro Bordaberry, senador del Partido Colorado.
En tanto, Javier García, del Partido Nacional, resaltó que Uruguay está “en deuda” con la ley antiterrorista.
Cumplir con lo justo
Esta modificación -pasar de una visión más amplia del terrorismo a los aspectos financieros de él- fue llevada a cabo por la bancada del Frente Amplio (FA) en el Senado.
Leonardo Costa, especialista en lavado de activos, explicó a CRÓNICAS que el cambio se realizó para cumplir, justamente, con las exigencias de GAFI y nada más. “En el procedimiento quedó afuera todo el resto”, explicó, y reiteró que el proyecto sólo evaluará las “tres o cuatro cosas” que requiere GAFI. Esas son, el decomiso de una autoridad central, la definición del delito de financiamiento, la posibilidad de medidas cautelares y la posibilidad de cruce de listas, según Costa. El proyecto, indicó, ya cuenta con todos estos aspectos.
Este nuevo proyecto tiene diferencias “muy importantes” con su versión anterior, según opinó el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, lo que “no quiere decir que esté bien o mal”.
Actualizado
De esta manera, las principales medidas que el proyecto busca impulsar implican procedimientos para la prevención del lavado de activos y el congelamiento de fondos “de distintas organizaciones que estén en las listas que a nivel internacional hay en esta materia”, indicó el senador oficialista Marcos Otheguy.
“Y a su vez se genera una unidad de coordinación a nivel nacional que tiene el máximo nivel de la jerarquía institucional que coordine todas las oficinas que de una u otra forma trabajan el combate al terrorismo”, añadió.
Por último, el capítulo “más complejo” recae en lo penal. El mismo significa establecer con precisión qué delitos se entienden por terrorismo.
Para llegar en tiempo y forma a la fecha de la revisión del GAFI, el FA plantea desglosar este capítulo y plantearlo en el marco del Código de Proceso Penal (CPP), y que sea la Comisión de Constitución y Códigos la que lo trabaje luego con más tiempo. Para Otheguy, “sería imposible” cumplir con la fecha puesta por el organismo internacional si esto no se logra, ya que “el capítulo penal es muy complejo e implicaría estudiarlo con detenimiento (…) porque cuando uno incorpora cosas al sistema penal nacional tiene que ser consistente y estar en armonía con todo el resto”.
De acá para adelante
La Comisión de Asuntos Internacionales se volverá a reunir el próximo martes 30. A pedido de Mieres, se incluirá a Costa como especialista en el tema, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
En este sentido, el especialista en lavado de activos opinó que el proyecto se aprobará, que “va a lograr que los partidos se unifiquen”.
