Por Felipe Carballo (*) | @fcarballo711
Existe consenso –entre políticos, académicos, empresarios y trabajadores- acerca de que en un futuro cercano, la sociedad uruguaya deberá encarar una nueva reforma previsional. Es un problema recurrente –tanto en Uruguay como en la mayoría de los países occidentales-, básicamente por la insuficiencia financiera para solventarlo.
Se suelen escuchar o leer frases como: “El BPS es deficitario y hay que reformar el sistema de seguridad social”, “las jubilaciones no dan para vivir”, “aportas toda una vida y cobras miserias”, “hay que aumentar la edad jubilatoria”, “hay que prohibir las AFAP”, “el déficit del BPS crece año a año y algo hay que hacer”.
Hasta ahora, las ideas planteadas para reformularlo pasan básicamente por dos factores: aumentar la edad mínima para jubilarse y reducir la tasa de reemplazo. No se ha manejado el subir la tasa de aportación patronal ni obrera por los efectos negativos que ello implicaría en la actividad económica.
Las soluciones manejadas implican retrasar el pago de jubilaciones y reducir el monto de las mismas. El mensaje que recibe la gente es “seguir aportando lo mismo para recibir cada vez menos”, lo que es un pésimo mensaje a toda la sociedad.
Para ello, se entiende indispensable analizar los antecedentes y las causas del desequilibrio financiero del sistema. De los estudios de investigación realizados por especialistas, se encuentra que la variable clave del problema está en los factores demográficos.
En efecto, la mayor esperanza de vida de la población, la menor fecundidad y el cambio demográfico asociado, produce una reducción de la relación de activos y pasivos en la economía, afectando las fuentes de financiamiento del sistema y su sostenibilidad. Uruguay tiene el índice de envejecimiento más alto de la región, una de cada cinco personas es mayor de 60 años (678.291 personas) y la expectativa de vida es de 74 años para los hombres, y 81 las mujeres.
En los sistemas de reparto las contribuciones vertidas por los activos no son suficientes para financiar las pasividades, y gana importancia el financiamiento a partir de impuestos generales. Los diversos trabajos de investigación marcan los problemas de sostenibilidad financiera que presentan tanto los sistemas de reparto, como los de capitalización individual y los mixtos (reparto y capitalización).
La reciente historia uruguaya en el tema, muestra que la Ley 16.713 introdujo cambios buscando alinear las remuneraciones y las pasividades individuales aumentando la equidad actuarial. Se pasó de un sistema de reparto a uno mixto, que combina el de reparto con el de capitalización individual; el pilar de ahorro individual es obligatorio pero privado, y existe otro de carácter voluntario para los salarios superiores. Los años de servicio pasaron de 30 a 35 y la edad mínima de retiro se equiparó en 60 años para ambos sexos. Se modificaron las tasas de reemplazo y se extendió el período de aportes utilizado como base en el cálculo de las prestaciones. El BPS comenzó el registro de historias laborales que se mantiene actualizado desde esa fecha, lo que implica el paulatino debilitamiento del mecanismo de la prueba testimonial para cotejar los años de servicio.
Pero estudios realizados en el año 2006, encontraron que solamente el 13% de los trabajadores lograrían los 35 años de servicio a los 60 años de edad, y solamente el 28% de los trabajadores lograrían los 35 años de servicio a los 65 años de edad. La proporción de personas que alcanzan los requisitos es creciente con su nivel de remuneración, lo cual aumenta la inequidad del sistema.
Por ello, la Ley 18.395, aprobada en 2008, flexibilizó las condiciones de acceso a las jubilaciones. Los principales cambios introducidos fueron que la jubilación común redujo el requisito de años de servicio de 35 a 30, se modificó la tasa de reemplazo respecto a la establecida en la Ley 16.713, se flexibilizaron las condiciones para el acceso a jubilación por edad avanzada pasando de 70 años de edad y 15 de servicio a 69 de edad y 17 de servicio, 68 de edad y 19 de servicio, 67 de edad y 21 de servicio, 66 de edad y 23 de servicio, 65 de edad y 25 de servicio. También se incorporó a la Ley 16.713 un subsidio especial de inactividad compensada, que se otorga por un máximo de dos años o hasta que el beneficiario configure causal jubilatoria, se estableció un cómputo ficto de años de servicio a la mujer, otorgando un año adicional de servicio por cada hijo nacido vivo o adoptado menor o con discapacidad, con un máximo total de cinco años.
Estas modificaciones tuvieron el efecto de permitir acceder a la jubilación a una mayor cantidad de personas y de aumentar el déficit del BPS, el cual se ve aumentado por la llamada ley de “los cincuentones”
La historia nos muestra que los sistemas de reparto no son sustentables pues la relación activo/pasivo tiende a desmejorar por razones demográficas, los sistemas de capitalización no son sustentables pues no existen opciones de inversión en la economía mundial (con tasas positivas de interés) que permitan acumular fondos para el posterior pago de prestaciones decorosas a los ciudadanos, los sistemas mixtos, no son sustentables pues acumulan los problemas de los sistemas de reparto y de capitalización. En definitiva, no se puede pretender que el sistema funcione financieramente, con aportaciones obrero-patronales y lo que falte lo ponga el Estado. Cualquier modificación que vaya por dicho camino está condenada al fracaso.
Entonces ¿qué podemos hacer? Como expresara Albert Einstein, “si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo”, por lo cual proponemos incorporar un nuevo paradigma, aplicando una nueva política pública, la cual establezca que todo ciudadano que alcanza un umbral de edad debe recibir del Estado un ingreso o suma de dinero sin ningún tipo de condiciones.
Esta política pública deberá financiarse de Rentas Generales, no estando sujeta a ninguna condición, sin perjuicio de que la misma sea reservada a los ciudadanos con cierta edad y un mínimo de años de residencia en el país.
Esto es el “aterrizaje” del concepto de “Renta básica universal” –en adelante RBU- pero limitado y aplicable al sistema previsional de seguridad social en el que todos los ciudadanos residentes de un país reciben regularmente una suma de dinero sin condiciones.
Dicho ingreso lo recibirá todo miembro de pleno derecho o residente de la sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quién conviva.
A los efectos de no generar mayor inequidad, la partida recibida deberá computarse para el pago del IRPF, para que las personas que reciban dicha prestación tributen dicho impuesto si al mismo se le suman otros ingresos.
A fin de ilustrar con un ejemplo, el impacto que tendría esta propuesta en forma muy primaria (no pretendemos en esta oportunidad abarcar todas las variables implicadas), si se aplica a toda persona de 60 años o más, con derecho al cobro de una partida de $ 15.000 mensuales sin ninguna contraprestación, el costo ascendería a U$S 3.488.353.714, importe que es menor a las transferencias realizadas por la sociedad uruguaya ya sea como impuestos específicos (IASS) o impuestos afectados (IVA) o asistencia directa al BPS en el año 2017, que ascendieron a U$S 3.949.400.000 (678.291 personas > 60 años x $ 15.000 x 12 meses)
Conjuntamente con la implantación de esta política, se deberían modificar las condiciones de acceso a las jubilaciones, pasando a un sistema único de capitalización, pues el componente de solidaridad intergeneracional ya está adoptado en la RBU.
Este artículo tiene como objetivo plantear un cambio de paradigma para enfrentar este gran desafío, pues los uruguayos se jubilan en promedio a los 64 años, lo cual destierra la idea de que subiendo la edad se puede mejorar el financiamiento del sistema y que bajar las prestaciones mediante la baja en la tasa de reemplazo, implicará que las jubilaciones –que hoy son magras- sean aún peores.
Considerando que cualquier cambio en el sistema previsional debe ser discutido y consensuado en un gran diálogo nacional con la participación de todos los involucrados, con los fundamentos de sustentabilidad y credibilidad, pretendemos cambiar el eje de la discusión, dejar de ver el tema previsional únicamente desde su financiamiento por parte de los empleadores y de los empleados, que se realice un análisis sistémico y no parcial, que el tema se vea y aborde como parte de la agenda de derechos, y que se busque el financiamiento adecuado por parte de toda la sociedad. Si se acepta este nuevo enfoque, se requerirá aplicar mucho estudio y mucho pienso para arribar a las mejores soluciones posibles.
(*) Diputado de Compromiso Frenteamplista (711) – Frente Amplio
