Por Graciela Bianchi (*) | @gbianchi404
Desde el comienzo de la era frentemplista, el Estado se fue convirtiendo en un “Gran Hermano” de los ciudadanos y habitantes de esta República construida sobre los cimientos de los principios artiguistas, en especial, el de libertad, entendida en toda “su extensión imaginable”. El Estado ha adoptado prácticas que pueden ser pacíficamente consideradas como totalitarias en toda la administración, incluidos los entes autónomos.
El mecanismo para alcanzar estos fines han sido siempre los mismos, como nombrar personal no calificado que cumpla con el único requisito de ser amigo del poder, y en especial, perteneciente a los sectores radicales que desde hace mucho tiempo dominan al partido de gobierno. Es práctica frecuente confundir partido con gobierno y Estado, lo que es muy grave para la República.
Se instaló, además, una “transparencia” ilimitada sobre los datos personales y patrimoniales de los uruguayos, en algunos casos por iniciativa propia, otras obedeciendo ciegamente a los dictados de los centros económicos mundiales, en especial, financieros. Con esta práctica se está lesionando en forma sistemática la soberanía del país, desconociendo los principios de independencia en política internacional que el país ejerció en forma indirectamente proporcional a su tamaño.
En especial, a partir del gobierno del Presidente Mujica, y profundizado en la segunda presidencia del Doctor Vázquez, se ha creado un sistema institucional de protección de actos de corrupción en el sentido amplio utilizado por Transparencia Internacional que modificaremos en cuanto las mayorías sean diferentes. A título de ejemplo, en organismos como la Secretaría Antilavado, la Junta Anticorrupación y la Fiscalía dependientes de Presidencia o del Poder Ejecutivo en su caso; y la UIAF, sujeta al más absoluto control de Banco Central.
Al mismo tiempo, cuando se envió el mensaje del Presupuesto Nacional en el año 2015 y las respectivas Rendiciones de Cuenta, no se le aumentó el presupuesto al Poder Judicial, poder del Estado que asegura los derechos de los ciudadanos; y a los organismos de control, como el Tribunal de los Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral.
El otro poder del Estado, el Legislativo, donde está representada toda la ciudadanía, tiene limitadas sus competencias de control, en primer lugar, por las mayorías absolutas que legítimamente obtuvo el gobierno que lo han convertido en una organización política que funciona con criterio de partido único. Esto no debiera sorprendernos porque las fuerzas mayoritaria dentro del Frente Amplio, y como ya quedó dicho, no tienen base democrática ni republicana. Un país que siempre fue producto de los acuerdos y los pactos, que es hijo de “clemencia para los vencidos” y de “ni vencedores ni vencidos”, se ha ido acostumbrando a los criterios de imposición, desconocimiento del resto de la ciudadanía, que sin lugar a dudas hoy es la mayoría; o en los casos mas indignantes, descalificación por parte de las más altas autoridades nacionales -incluso el Presidente de la República-, de las opiniones de los líderes de la oposición.
El ausentismo del Vázquez frente a los grandes problemas nacionales es una manifestación semiótica de la soberbia.
Hoy, el uso de la impunidad con que se maneja el Estado se ha profundizado, impidiendo el control parlamentario de las autoridades públicas y el uso de los recursos nacionales, a través de la creación de las personas públicas de derecho privado, de sociedades anónimas, de fideicomisos, de las secretarías y organismos que dependen de Presidencia, instituciones a las no podemos acceder por el Artículo 118 de la Constitución de la República, entre otros.
En estos días hemos llegado a límites inaceptables, como por ejemplo, prohibirle a los legisladores acceder a los datos proporcionados por el SIIF, dependiente de la Contaduría General de la Nación y ésta del Ministerio de Economía. No hay precedentes en la historia del país. Los legisladores tenemos que recurrir a la Ley 18.381 de Acceso a la información pública o a los recursos administrativos, como ha hecho el Diputado Martin Lema.
En este mismo estado de situación, incluimos la propuesta del Profesor Wilson Netto, Presidente del Consejo Directivo Central, de pretender impedir la publicación de los datos estadísticos científicamente obtenidos por parte del Instituto Nacional de Evaluación Educativa por el año 2018.
Según la Ley de Educación 18.437, de diciembre de 2008, que lo creó, éste debe tener autonomía técnica.
La caída del respeto a las normas es tan fuerte que el máximo jerarca de la educación pública uruguaya no universitaria propone, “sin rubor”, violar esta autonomía. Y lo que es grave, usando el pretexto indignante de que es “año electoral”. Si siguiéramos siendo una República democrática, este funcionario debería ser inmediatamente destituido, cosa que sabemos no sucederá. Los cargos de confianza se han transformado en inamovibles, al igual que los ministros de Estado.
El ataque al Instituto Nacional de Evaluación no es nuevo. Es otro de los organismos a los que se le ha restado presupuesto, cuando el gobierno se jacta de haber gastado como nunca en educación. Esto último es cierto, por lo menos desde la década del 60 del siglo pasado, pero como siempre, el problema son los resultados. Mucho dinero y malos resultados es consecuencia de gastar mal los dineros públicos. Y el instituto que debe evaluar el funcionamiento del sistema educativo ha sido atacado, no solo desde los pocos recursos, sino también desde el nivel académico. Eso significó la “renuncia” del Doctor Mariano Palamidessi el año pasado, cuando se conocieron los resultados del año 2017.
Nos podemos remontar al año 2015 donde a poco de asumir el gobierno, los dos responsables del presunto cambio del ADN de la educación, Doctor Fernando Filgueira y el Director de Educación, Maestro Juan Pedro Mir, fueron desplazados del gobierno.
Los resultados educativos son muy malos, no solo en relación a otros países de América Latina sino a nuestro propio pasado. Por eso se pretende imponer más oscurantismo al proponer no publicar la evaluación de ese mismo sistema. Lo del principio, el oscurantismo es incompatible con la democracia.
(*) Diputada por el Partido Nacional
