Mientras que autoridades de gobierno y del movimiento sindical interpretan que la resolución de la OIT de incluir a Uruguay en una lista de países cuya situación laboral será analizada representa una “injusticia” a la que tildaron de “absurda” y “ridícula”, los empresarios -que promovieron la queja en el organismo- lo ven como un reconocimiento del reclamo que vienen realizando durante los últimos diez años. El cruce de opiniones se da en medio de un clima tenso de las relaciones laborales.
El clima laboral era complejo: conflictos laborales, cierre de algunas empresas, números de desempleo que preocupan a las autoridades, ocupaciones de lugares de trabajo que no terminaron bien, negociaciones en Ministerio de Trabajo, formaron parte habitual de la agenda de noticias de las últimas semanas.
Si algo faltaba para azuzar las llamas del enfrentamiento entre los sectores empresarial, sindical y gubernamental era la resolución adoptada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que resolvió incluir el ingreso de Uruguay en un listado de 24 países cuya situación laboral será analizada por el organismo. Esta decisión fue adoptada a raíz del reclamo realizado hace diez años por las cámaras empresariales uruguayas para que el gobierno revisara la Ley de Negociación Colectiva.
Esta “lista negra” como se la conoció, pero que en los hechos no es tal, está integrada además de Uruguay por Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Cabo Verde, Egipto, El Salvador, Etiopía, Fiji, Filipinas, Honduras, India, Irak, Kazajistán, Laos, Libia, Myanmar, Nicaragua, Tayikistán, Serbia, Turquía, Yemen y Zimbabue.
Las reacciones no tardaron en llegar.
Desde el gobierno se entiende que Uruguay “no debería estar ahí” y que “llama la atención” el reclamo de las cámaras en este momento. De igual forma, el movimiento sindical calificó la decisión de “absurda y hasta ridícula” y acusan de un “chantaje” ofrecido por la Organización Internacional de Empleadores para no incluir a Uruguay a cambio de que no se apoyara el ingreso de Brasil a la lista por violar leyes laborales.
Del otro lado, están las gremiales empresariales, que interpretan que la inclusión de Uruguay era esperable porque el gobierno ignoró durante una década las recomendaciones realizadas en su momento por la OIT.
A nivel empresarial la noticia cayó como un reconocimiento de su reclamo.
Gerardo García Pintos presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales dijo a CRÓNICAS que “Uruguay es un país prestigioso en términos generales y en este tema no está siendo nada prestigioso”. Recordó que el reclamo realizado por las cámaras hace diez años fue tomado en cuenta por la OIT, que recomendó cambios que el gobierno “ha desoído”. “Entonces, cae en un momento en el cual el Uruguay está con problemas de inversión, de baja rentabilidad de las empresas, dificultades de empleo, y bueno, internacionalmente que el Uruguay esté siendo analizado no es bueno para la economía. Pero ha sido la única manera de tratar de hacer entender al gobierno (…) de que hay que corregir las cosas que están mal”.
De acuerdo a García Pintos, a partir de ahora, Uruguay debe cambiar sus normas, pero también su “actitud”. “Tiene que tener una actitud de neutralidad y de seriedad y de poner al país en un lugar que le corresponde, que es un lugar de prestigio cumpliendo los convenios internacionales que suscribe”, señaló.
Por último, descarto motivaciones electorales: “No tiene nada que ver (con las elecciones). Esto hace diez años que está en el tapete, y tuvieron diez años la oportunidad de corregir lo que está incorrecto”.
A golpes se aprende
Por su parte, el presidente de la Cámara de Industrias (CIU), Gabriel Murara, dijo a CRÓNICAS que “Uruguay tiene que corregir la ley de negociación colectiva”. “Para la OIT (la Ley) tiene problemas y está mal, y nosotros compartimos”, señaló el empresario. A su entender, el gobierno debería “mandar un proyecto de Ley de negociación colectiva modificando la actual, y tomando los puntos que están mal para corregirlos y salir de esta lista”.
Consultado respecto a la postura sindical de que se trata de una ofensiva internacional de las cámaras empresariales, Murara insistió en que “esto es un tema técnico, no político”.
Por su parte, desde Ginebra el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios (CNCS), Julio Lestido, enfatizó que el reclamo “no es nuevo” sino “el resultado de un trabajo de diez años”. El dirigente desestimó las críticas respecto al impacto de esta decisión de la OIT en el clima de negocios. “No creo que esto frene las inversiones. La pregunta es si una ocupación no frena una inversión”, señaló.
“Nosotros bregamos por la libertad de la empresa, por la propiedad privada, y el derecho al trabajo”, sostuvo Lestido, que reafirmó que las gremiales “defendemos a muerte el derecho a huelga. Es una cosa que está consagrada en la Constitución y lo respetamos”.
También evitó meterse en la polémica electoral: “Nosotros no entramos en temas políticos. No nos corresponde. Nosotros somos una caja de resonancia de nuestros asociados”.
Por su parte, en diálogo con CRÓNICAS desde Ginebra, el asesor de la CNCS, Juan Mailhos, también insistió en que no se trata de “un caso político”, sino que es todo consecuencia de la inacción del gobierno en la última década. “Los empresarios se ven obligados a actuar y hacer valer sus derechos de una manera legítima por los medios que tienen a su alcance”.
Explicó que Uruguay no debe “salir de la lista”, sino que a partir de ahora habrá una “discusión pública a nivel internacional”. “El gobierno da las explicaciones de por qué no ha cumplido, y los empresarios diremos lo nuestro, los trabajadores dirán lo suyo, y el caso se cierra con unas conclusiones que tienen que ser consensuadas entre el vocero trabajador y el vocero empresarial para que la comisión le diga algo al gobierno uruguayo para superar este incumplimiento”, explicó.
Más allá de eso, reconoció que en general “dependerá de la voluntad política del gobierno de mandarlo al Parlamento y poder hacer así una discusión a nivel nacional”, donde se verá si las modificaciones son satisfactorias y “se puede dar por superado”.
“Mientras eso no ocurra vamos a seguir -los empresarios y los órganos de control de la OIT- teniendo el caso en seguimiento, y puede ser que hubiera alguna otra oportunidad en que integren otra lista, otro año para ser analizados”, sostuvo.
Mailhos subrayó que “no estamos hablando de desregular, ni de quitar regulaciones ni garantías a los trabajadores. Sí hablamos de establecer un sistema de negociación colectiva en el cual el Estado tenga menos injerencia de la que tiene hoy (…) y dentro del cual se equilibren un poco las condiciones de negociación”.
No debería estar aquí
En Ginebra, durante su intervención en la Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, el ministro de Trabajo Ernesto Murro, destacó que “Uruguay se ha caracterizado por su democracia (…) su transparencia, Estado de derecho y seguridad jurídica, libertad de expresión y de asociación, paz, baja corrupción, inclusión y progreso social, protección laboral y protección social, prosperidad, calidad de vida, igualdad, Producto Bruto per cápita y su distribución, nivel de salarios y pasividades, negociación colectiva y participación social en la elaboración y gestión de políticas públicas”. “Sin embargo, se nos ha incluido en la lista de casos a considerar en la Comisión de Normas. Nuestro país no debería estar ahí. Pero, con tranquilidad de conciencia, defenderemos nuestras ideas, principios, programas y políticas”, sostuvo el jerarca.
Recordó que la negociación colectiva fue creada en 1943 y que “nunca antes de nuestro gobierno (…) este sistema fue cuestionado por los empresarios, lo hacen ahora, llama la atención”.
El ministro señaló que se aprovechará “esta oportunidad para informar y que se conozca más qué hacemos en este paisito del sur”. También defendió que existe la posibilidad de negociar “en forma bipartita o tripartita”. “Existe libertad. Pero las cámaras y los sindicatos, prefieren ir al Ministerio”.
También comparó con “otros gobiernos” que no promovieron la negociación colectiva, asegurando que cuando ello no se hace “se perjudican los trabajadores, en particular los más débiles”.
De todas formas, se mostró dispuesto a negociar. “Entendemos que el sistema de negociación colectiva y la prevención de conflictos pueden ser modificados. Estuvimos, estamos y estaremos abiertos al diálogo y a la negociación”, subrayó.
Balde de agua fría
En el movimiento sindical, la noticia que llegó desde Ginebra cayó muy mal.
El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT calificó de “absurda y hasta ridícula la inclusión de Uruguay” en esta lista junto con otros países “que no solo violan los convenios en lo que refieren a normas laborales, sino que también violan los derechos humanos más elementales, como por ejemplo regímenes laborales de semiesclavitud o el trabajo infantil”. “Es absurda y hasta ridícula la inclusión de Uruguay en un plano de igualdad con estas naciones, teniendo en cuenta, además, que el propio presidente de la OIT, Guy Ryder, ha identificado al Uruguay como un país modelo a imitar en lo que tiene que ver con su normativa laboral y su negociación colectiva”, agrega el comunicado.
En ese sentido, la Central sindical declaró su “más firme voluntad de defender en todos los planos, con la capacidad de nuestra movilización, la ley de negociación colectiva y la normativa laboral en general”.
Consultado por CRÓNICAS, el director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, Milton Castellanos evaluó que la decisión “es una injusticia con el país”, que cuenta con “relaciones laborales y de negociación colectiva de avanzada que han sido ejemplo en la propia OIT”.
“Nos pone en una lista con países donde se violan los derechos sindicales, donde se matan dirigentes, se matan activistas sociales, o donde se hacen las peores prácticas de explotación infantil, y ponen a Uruguay cuando es uno de los países de mayor avanzada en lo que es el diálogo social y la negociación colectiva”, cuestionó. “Nos duele, nos parece injusto”, agregó.
De todas formas, el sindicalista aclaró que a Uruguay “no se lo va a expulsar de la ONU, no va a pasar algo grave”. “Nos afecta porque no es justo, pero en estos casos la OIT puede hacer una observación, puede mandar una delegación de expertos a Ginebra para ayudar a corregir, puede haber varias resoluciones. Pero ninguna de ellas le quita a Uruguay ser un país con niveles de negociación colectiva importantes”, señaló Castellanos, poniendo como ejemplo que “ningún partido político se anima a decir que va a eliminar los Consejos de Salarios”.
