El país está en busca de crear una reglamentación integral de residuos que combata el daño ambiental. Ya existe una Ley de Gestión de Envases y otra de Bolsas Plásticas, pero no son suficientes. Es, en ese sentido, que la Comisión de Medio Ambiente del Senado espera lograr media sanción al proyecto en el corriente mes. Por otra parte, desde organismos como Cempre (Compromiso Empresarial para el Reciclaje) se plantearon realizar un evento donde detallaron cuáles son las mejores herramientas para lograr una buena gestión en el tema ambiental.
Uruguay se encuentra en un momento clave en la discusión sobre una Política Nacional de Gestión de Residuos, que tendrá incidencia directa en diversos actores económicos y sociales en los próximos años y en la efectividad para alcanzar una solución a esta problemática ambiental. Ante el contexto de la posible aprobación de la Ley de Gestión de Residuos, se abre la necesidad de un debate informado entre todos los involucrados.
Desde 2004 se encuentra en funcionamiento la Ley de Envases. Esta ley obliga a las empresas -fabricantes e importadores- que ponen envases de un solo uso en el mercado a hacerse cargo de los mismos a través de un plan de gestión. Con este fin, la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) desarrolló, a través de un fideicomiso, un Plan de Gestión que tiene el objetivo de recuperar y reciclar los empaques post consumo.
Pero esto no es suficiente para gestionar todo el sistema residual de nuestro país. Daniel Garín, senador por el Frente Amplio e integrante de la Comisión de Medio Ambiente, explicó en diálogo con CRÓNICAS, que la intención es acelerar la aprobación del proyecto, “al menos lograr una media sanción para este mes, ya que el miércoles 10 de junio esperamos enviar el documento al plenario”.
Este proyecto apuesta a cambiar el modelo de la gestión de los residuos que se ha tenido hasta el momento. “Nosotros tenemos el concepto de ‘uso y tiro’ pero queremos cambiarlo por un concepto de ‘uso, reduzco y reciclo’, y generar así una actividad económica de revalorización de esos desechos”, aseguró el legislador.
El documento se basa en cinco ejes programáticos. Por un lado, el ambiental, de reducción de residuos y su impacto. Otro, de promoción económica, orientado a la formalización de los procesos de reciclado, y la creación de una industria de reciclaje. Después hay un eje social, que apuesta a la formalización de quienes viven del reciclaje. Se suma un eje educativo, que promueve en los ciudadanos la separación de residuos y reducción de los mismos. El quinto es institucional, y plantea sustituir la recolección por un proceso más orientado a la clasificación y revalorización.
Responsabilidad extendida
Cempre es una asociación civil que nació a iniciativa de un sector de empresas uruguayas y, tiene como misión, promover la reducción y reciclaje de residuos. El pasado martes 2 de julio, y en el marco de la aprobación del proyecto de ley de Residuos, organizó un evento denominado “Reflexiones acerca del futuro de la REP en Uruguay”, a cargo de la argentina Carina Quispe, Master Executive en Tecnología y Gestión Medioambiental.
REP refiere a la Responsabilidad Extendida del Productor, en palabras de Quispe a CRÓNICAS. “Es un modelo donde las empresas gestionan sus residuos post consumo y los valorizan”, expresó. La importancia de generar un encuentro como este es colocar el tema en la agenda pública y generar opinión acerca del camino que está eligiendo Uruguay en materia de regulación de residuos.
La especialista explicó que fijar un impuesto en reemplazo de la REP no es el camino que adoptan los países más exitosos en materia de gestión de residuos. El Proyecto de Ley deja fuera del ámbito de la Responsabilidad Extendida del Productor a los envases y embalajes, para poner en su lugar un impuesto -el Imesi-.
“La REP pone en los fabricantes e importadores de productos envasados la responsabilidad de internalizar los costos de recuperar, valorizar y disponer los envases de un solo uso, quitando la carga de esa gestión de los “hombros” del gobierno. Precisamente, porque es el productor quién financia el sistema”, detalló Quispe.
Sin embargo, el senador Garín expuso que el término responsabilidad extendida está incorporado desde el primer día en el proyecto de ley, ya que la estrategia de reducir, reutilizar y reciclar, siempre tiene costos y hay actores involucrados.
“El proyecto de ley tiene dos artículos que establecen que una cantidad importante de los residuos serán incorporados a la gestión a través de la responsabilidad extendida. Pero sí hay un capítulo referente a incorporar un impuesto sobre algunos productos que generan una alta cantidad de residuos como bandejas o envases no retornables”, subrayó.
Sanción y norma
Según aseguró la especialista argentina, los problemas ambientales en general han sido más tardíamente abordados por los países de América Latina y el Caribe. Aun cuando existen importantes normas ambientales en todos ellos, hay una brecha entre la sanción de las normas y su implementación, y especialmente, en la generación de indicadores que permitan evaluar qué ha funcionado y que no.
En el caso de Uruguay, y específicamente en relación a la Ley de Envases vigente desde 2004 –pionera en la región al establecer la REP-, sería necesario un diagnóstico amplio y participativo, para poder evaluar dónde están las fallas, y así saber si lo que se debe corregir es la norma o la gestión.
“La mejora de la gestión ambiental puede lograrse cuando se mide el desempeño de una norma o política, es decir, cuando se cuenta con información sobre las fallas y aciertos, y sus causas”, afirmó.
