Por: Dr. Juan Raúl Williman Sienra (*) | @jrwilliman
El miércoles 28 de agosto de 2019 se cumplen 7 años de la fundación de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia. ASFAVIDE fue fundada el 28 de agosto del año 2012, y las razones que llevaron a sus fundadores a crearla, hoy tienen más vigencia que nunca.
Su fundadora y actual presidenta, la Sra. Graciela Barrera en el año 2009 perdió a su hijo Alejandro Novo Barrera, como consecuencia de una rapiña cuando cumplía con su recorrido habitual De trabajo distribuyendo productos del emprendimiento familiar, en la zona de Barros Blancos.
Graciela y otros padres que habían padecido situaciones similares, lograron canalizar su dolor en la construcción de una herramienta social que hasta la fecha no existía.
ASFAVIDE desde su creación busca tutelar los derechos de las víctimas de la delincuencia y sus familiares, los cuales por mucho tiempo han estado ocultos para el sistema jurídico. En los hechos acompañan a las víctimas y a sus familiares a atravesar el doloroso proceso que provocan los actos delictivos.
Para ello han buscado el apoyo y la implicancia de toda la sociedad y del Estado, y a través de múltiples convenios y un arduo trabajo voluntario, han logrado hacer valer los derechos de las personas que fueron vulneradas por un acto delictivo.
En efecto, ASFAVIDE logró ser referente en la defensa y promoción de los derechos de las víctimas, su aporte fue determinante para lograr la promulgación de la ley 19.039, la que consagra una Pensión para las víctimas de delitos violentos, (muerte o incapacidad en ocasión de una rapiña, secuestro o copamiento).
Logró la creación de un Consultorio Jurídico gratuito en materia Penal, especializado en asistencia a las víctimas y familiares de las víctimas del delito, mediante convenio con la Facultad de Derecho de la UDELAR y el Ministerio del Interior, que funciona en su Sede propia de la calle General Flores. Pero además cuenta con asistencia psicológica y social de forma gratuita y especializada.
Incluso en la actualidad, ASFAVIDE integra el Gabinete Coordinador de Políticas de atención y protección a víctimas y testigos, creado por Decreto del Poder Ejecutivo Número 46/2018 de fecha 5 de marzo de 2018. Y en varias ocasiones ha representado a la sociedad civil en el Consejo Honorario de Instrucciones Generales de la Fiscalía General de la Nación, previsto en el artículo 19 de la Ley N° 19.483 que creó el nuevo estatuto de los Fiscales.
Las conquistas que han sido brevemente resumidas, dan cuenta del trabajo de la Asociación, los que merecen ser celebrados en ocasión de su aniversario, sin embargo no parece haber lugar para festejos, porque resta mucho camino por recorrer.
Ello, porque no basta una reforma legislativa que asegure a las víctimas el acceso a la justicia y la tutela de sus derechos fundamentales, siendo imprescindible la actuación de los servidores públicos orientada al cumplimiento efectivo de las normas consagradas, de lo contrario las leyes se convierten en letra muerta.
No es suficiente la consagración del derecho de la víctima o familiar de víctima a la información, si en los hechos, la misma le es negada sistemáticamente, o consagrar el derecho a la participación efectiva en el proceso para luego en los hechos, realizar interpretaciones restrictivas de este derecho humano fundamental.
A la hora de aplicar la normativa vigente, no debería haber dudas o vacilaciones, ni de parte de Fiscalía, ni de parte del Poder Judicial, en cuanto a los derechos que asisten a la víctima, no retacear su participación en el proceso, su derecho a proponer prueba, asegurar las oportunidades procesales de oponerse a las decisiones de la Fiscalía y el derecho a recibir la información que entienda necesaria.
La normativa internacional sobre el punto, no deja dudas ni da lugar a interpretaciones; tampoco lo hace la normativa nacional, siendo el Nuevo Código del Proceso Penal ampliamente más favorable para la víctima que el Código anterior.
Por supuesto que no desconocemos que la acumulación de tareas y la escasez de recursos humanos, colocó a los Fiscales en una situación compleja y ésa es una de las razones que los conducen a optar por resolver el conflicto penal eludiendo el juicio oral, optando por el proceso abreviado, en el que se excluye de plano la participación de la víctimas. En los hechos, en la mayoría de los casos, ni siquiera se cumple con la obligación legal de comunicar a la víctima la sentencia definitiva.
En este sentido, la medida gremial adoptada hace unos días por la Asociación de Fiscales, que resolvió no atender al público, tiene una incidencia directa dirigida a menoscabar el derecho de una de las partes más vulnerables del proceso penal, que es la víctima. Tan es así que un grupo de afiliados decidió renunciar a la Asociación en el entendido de que se trató de una medida desproporcionada, porque afectaba a las víctimas de delitos. “Lo que se menciona en el comunicado como público nos remite inexorablemente a las víctimas de los delitos…………….. Su atención, información y protección es un deber funcional irrenunciable para los fiscales, pero además es un compromiso ético impostergable con el cargo que detentamos”, sostuvieron los Fiscales que presentaron renuncia.
A las víctimas y sobre todo aquellas que han perdido a sus familiares más cercanos, no les importa cuánto tiempo pasó; la averiguación de la verdad necesita el aseguramiento del acceso a la justicia. La averiguación de la verdad que rodea las circunstancias del delito, es lo que impulsa a las víctimas a seguir, sin importar el paso del tiempo, porque sin verdad no hay justicia, y sin justicia no hay paz.
(*) Dr. Juan Raúl Williman Sienra. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. (UDELAR). Maestrando en Ciencias Criminológico Forenses (UDE). Profesor de Derecho Procesal en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Empresa (UDE). Profesor Grado 3º de Técnica Forense II y III en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UDELAR). Encargado del Consultorio Jurídico Descentralizado en materia Penal, especializado en asistencia a las víctimas y familiares de las víctimas del delito, Convenio UDELAR, ASFAVIDE, Ministerio del Interior. Consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación.
