En respuesta a la medida del gobierno de Alberto Fernández de cobrar un 30% a los argentinos que realicen compras en el extranjero, la Cámara de Turismo, acompañada de sus socios, presentó una denuncia al gobierno uruguayo alertando que la medida viola disposiciones acordadas en el Mercosur. Los privados no obtuvieron respuesta de la administración, por lo que tomaron cartas en el asunto y decidieron ir a Argentina a dialogar, de primera mano, con representantes del gobierno de Fernández.
Por Ignacio Palumbo | @ignacio_palumbo
El impuesto del 30% sobre el dólar, implementado por el gobierno argentino, continúa generando polémica. El inicio de la temporada turística, donde los argentinos juegan un gran rol en esta actividad para Uruguay, reavivó el deseo de los uruguayos de que se retire esa medida para favorecer la llegada de más argentinos a nuestras costas.
Sin embargo, el presidente Tabaré Vázquez dijo a La República que “es una carga de conciencia” para él pedirle a Fernández “algo para el turismo”.
A este respecto, el presidente de la Cámara de Turismo (Camtur), Juan Martínez, mostró su descontento en la pasada edición de CRÓNICAS del 27 de diciembre.
Martínez opinó que la medida adoptada por el gobierno de Fernández es “brutal” y “la más dura que ha tomado un gobierno contra Uruguay en cuanto a turismo”.
Ahora, profundizó su crítica, y argumentó que atenta contra normativas del Tratado del Mercosur.
Esto llevó a la Cámara de Turismo a convenir una reunión llevada a cabo ayer jueves entre sus autoridades, el jefe de gabinete argentino, Santiago Cafiero y el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.
Que me hiciste mal
De acuerdo con Martínez, el impuesto del 30% incumple dos normas del Mercosur.
En primer lugar, que ninguno de los países del bloque debe tomar medidas económicas que afecten sensiblemente la economía de los demás miembros. En segundo, contradice lo establecido acerca de trabajar en hacer promoción conjunta; “una especie de presentación en forma unida y en bloque ante el mundo”, señaló Martínez.
“Ninguna de las dos cosas se cumplen con esta medida. Va contra lo acordado de ir de la mano juntos en materia turística como bloque en la interna y hacia afuera”, añadió.
En este sentido, Julio Facal, asesor de la Cámara y titular de la cátedra de Derecho del Turismo en la facultad de la UdelaR de la carrera abogacía, elaboró un informe al respecto a las medidas tomadas por Argentina. El objetivo del mismo es “establecer los posibles perjuicios” que podrían causar dichas disposiciones, las posibles violaciones a la normativa vigente y sus soluciones.
El documento ahonda en ambos puntos denunciados.
Respecto al primero, señala que el impuesto del 30% “le otorga ventajas preferenciales a los servicios argentinos, en contra de los extranjeros, lo que a todas luces demuestra una verdadera discriminación contra los servicios que puede brindar un país extranjero”, en este caso Uruguay. Así, se vulnera el artículo 1 del Tratado de Asunción -que dio lugar al Mercosur- en lo que refiere a “(…) la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes (…)”.
También, se vulnera la libre circulación de servicios y factores productivos entre los países.
“Con la medida adoptada, se logra que el ciudadano argentino a la hora de elegir Uruguay como punto turístico de preferencia, lo ‘piense dos veces’”, indica el texto.
En cuanto al segundo punto, se afirma que lo dispuesto no cumple con la resolución Nº 24/09 del Mercosur. Este punto enfiatiza el objetivo del bloque de promover en forma conjunta el turismo hacia el Mercosur en terceros países, así como la promoción interna dentro del bloque.
Pero además, comentó Facal en diálogo con CRÓNICAS, está el “Convenio de Transporte por Agua” entre ambos países, “que también habla de trato equitativo y de no privilegiar unos buques sobre otros, además de equiparar el tratamiento arancelario”.
“Por donde lo mires, una medida así que afecta directamente la industria de un país miembro de un tratado es totalmente discriminatorio”, precisó Facal.
Tomar cartas en el asunto
Si bien el gobierno argentino “es soberano” de tomar esta medida, “estaría bueno que al Mercosur lo contemple de otra manera y no le pegue doblemente”, expresó Martínez.
Así, propuso que se busque algún mecanismo específico para beneficiar a quienes elijan como destino un país del Mercosur, “que no le pegue, o que para los que van al Mercosur se los devuelvan de impuestos”. “Que sea una retención a cuenta de impuestos”, sugirió.
Mientras tanto, la Cámara, acompañada por sus socios, presentó una denuncia del tema al gobierno. Sin embargo, no obtuvieron respuesta.
De esta manera, se reunieron ayer jueves con el gobierno argentino, para hablar con las autoridades “a ver si podemos conseguir algo”.
Por otra parte, Facal sugirió que los empresarios “pueden ir a plantear al tribunal del Mercosur que la medida de uno de los países miembros los afecta”, e intentar resolver el conflicto por esa vía.
Desde el gobierno
Por su parte, el subsecretario de Turismo, Benjamín Liberoff, se refirió a las presuntas violaciones del impuesto del 30% en el Mercosur.
Al respecto, opinó que lo importante es “qué es lo que hacemos para tratar de mejorar y no nos ponemos a discutir sobre las leyes”. De esta manera, remarcó las medidas que ya se han tomado: devolución de impuestos, generar mejores pasos de frontera y “condiciones para mejorar” con las tarjetas prepagas emitidas en Uruguay que pueden ser utilizadas por los turistas.
“Si el sector privado entiende que hay otra cosa que pueden hacer, no solo depende del gobierno esas cosas”, afirmó el subsecretario.
La reunión
Según el comunicado difundido por la Cámara de Turismo ayer jueves, el organismo planteó la baja de la tasa del impuesto a aplicar a las agencias de viaje en Argentina y a las plataformas digitales, así como la implementación de un tope monetario para consumos turísticos en Uruguay exonerados del impuesto del 30%.
El ministro de Turismo argentino, Matías Lammens, se mostró receptivo y quedó abierto a instancias de diálogo constructivo para ambos países. Agregó que esta es una ley de emergencia y que algunos de estos aspectos tendrán una duración de no más de 180 días.
El sub-secretario, Juan García, por su parte, expresó que se van a evaluar alicuotas diferenciadas con países limítrofes. Reiteró, además, la voluntad del ministerio de generar acciones promocionales conjuntas en extra-región.
Resta esperar la aprobación de la reglamentación para ver el alcance del impuesto cambiario y su real afectación al turismo. Asimismo, se abrió una futura instancia en 20 días a definir fecha y lugar.
Cabe resaltar esta apertura al diálogo, que simboliza una nueva etapa de relacionamiento entre ambos países y que traerá aparejado cambios estructurales en las agendas de trabajo conjunto en el turismo, finalizó el documento.
