La Cámara de Diputados aprobó una ley que prevé la contratación de personas discapacitadas en el ámbito privado. Por otra parte, desde 2010, el Estado cuenta con una ley que obliga a cumplir con una cuota integradora por la que el 4% de los funcionarios debe poseer algún tipo de discapacidad. Hoy en día, esa cifra apenas alcanza el 2%.
Por Anahí Acevedo | @PapovAnahi
El pasado martes 18 de octubre la Cámara de Diputados del Palacio Legislativo aprobó una ley que luego de su paso al Senado y las necesarias articulaciones correspondientes, obligará a las empresas privadas a contratar personas con discapacidad.
Desde hace seis años Uruguay cuenta con la Ley 18.651 en la cual se establece la obligatoriedad de que un 4% de los funcionarios públicos tengan alguna discapacidad. Sin embargo, menos del 2% poseen esa condición. En nuestro país, aproximadamente el 15,9% de la población la constituyen personas discapacitadas, de las cuales el 80% está desocupada.
En el ámbito del seminario Inclusión Laboral y Discapacidad Intelectual organizado por la Asociación Down del Uruguay, la Cámara de Representantes del Poder Legislativo y Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual (FUAP) llevado a cabo el 18 de octubre, el ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) Ernesto Murro, reconoció que “si bien falta mucho por hacer, se ha avanzado como nunca”.
Además, añadió: “Yo arranco por las carencias de nuestro propio Ministerio, que tenemos que mejorar”. Murro expresó que el MTSS se compromete a crear una Unidad sobre esa temática para trabajar sobre la promoción de la inserción laboral del Estado “que debe mejorar y mover la inserción laboral en el sector privado”. En este sentido, dijo que Uruguay tiene buenas condiciones para continuar progresando en este ámbito.
Por otra parte, Begoña Grau, directora del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) también reconoció que la ley 18.651 “no se cumple”, pero que trabajan “fuertemente” para que sí se haga a fines del 2020. “Es un tema progresivo”, explicó durante su disertación en el seminario.
Grau manifestó que la última información con la que cuentan arroja que la mayoría de las personas discapacitadas que pudieron encontrar trabajo en el ámbito público tenían carencias físicas o visuales. “Si hablamos de capacidad intelectual, solo tres personas fueron contratadas para ocupar trabajos en la esfera pública el año pasado”, remarcó.
Al mismo tiempo, agregó que estas últimas fueron contratadas como auxiliares de servicio. “Esto nos marca un problema importante” concluyó Grau, y aseveró que se debe apostar por la formación de estas personas.
A la vez, Nidia Viñas, presidenta de la Asociación Down del Uruguay manifestó la importancia de transmitir las experiencias de las empresas privadas que han contratado a personas discapacitadas. “Al Estado hay mucho que reclamarle, y la tarea nuestra es darle información, transmitir las experiencias y promover el reconocimiento de los derechos y seguir abriendo las puertas para más oportunidades”, declaró Viñas. Igualmente, hizo énfasis en la necesidad de una educación inclusiva que facilite, en las próximas generaciones, un mejor ingreso al trabajo
Por otro lado, la diputada suplente del Partido Nacional, Lourdes Rapalin, aseguró a CRÓNICAS que en el ámbito privado será “muy fácil” lograr el mínimo de contratación que se prevé por ley, y que incluso “quizá se pase”, puesto que las personas con discapacidad tienen “sentido de pertenencia”.
Rapalin señaló el futuro éxito de esta normativa, puesto que contará con un controlador, algo que en el ámbito público no sucede y opinó que puede ayudar a que la ley 18.651 se cumpla en mayor medida.
