Por Walter Cervini (*) | @Wcervini
No es novedad que uno de los temas que más nos preocupa a todos los uruguayos es la inseguridad, que va de la mano con la gestión del Ministerio del Interior a través de sus autoridades.
Luego del 1º de marzo de este año se notó un rápido cambio en la gestión tanto para los ciudadanos como para el personal policial.
Como es de público conocimiento, el ministro Jorge Larrañaga ordenó a los 19 Jefes Departamentales y a las Direcciones Nacionales “sacar toda la policía a la calle”.
Los resultados fueron inmediatos, la ciudadanía comenzó a tener una percepción favorable respecto a la policía y, de la misma manera, los efectivos policiales, que se sienten más respaldados por sus jerarcas para actuar en el cumplimiento de sus funciones.
Este cambio se venía realizando de manera acelerada, pero, lamentablemente, como en el resto del mundo, Uruguay empezó a padecer los efectos causados por la pandemia del Covid-19.
Esto generó que la policía tuviera que cubrir con varios de sus efectivos distintas situaciones generadas por el virus. Desde controlar que no se generaran aglomeraciones, hasta estar presentes en la entrega de canastas solidarias, para asegurar que esto se realizara de manera ordenada.
También el virus generó bajas directas por contagio y otras por prevención, a través de cuarentena a sus funcionarios.
Sin duda que esto ocasionó cambios en los planes de las autoridades del Ministerio para mitigar el delito y realizar el patrullaje. Pero creo que, sin duda, el principal problema que afronta la policía es la situación de deterioro con la cual cuentan sus instalaciones, herramientas y la falta de efectivos activos luego de una pésima gestión de recursos en administraciones anteriores.
Un claro ejemplo de esto es la Jefatura de Canelones, donde en uno de sus primeros balances se detectaron que solamente para reparaciones edilicias se necesitan $25 millones para materiales (sin tener en cuenta la mano de obra), para dejar las comisarías, y la propia Jefatura, en condiciones aceptables de trabajo.
Al mismo tiempo, los talleres están abarrotados de vehículos en desuso por rupturas que no fueron reparadas en tiempo y forma. De igual manera, la falta de efectivos en este Departamento es evidente. Siendo que hay policías que no están en actividad (amparados en el Subsidio Transitorio por Incapacidad Física, junta médica, etc.), o porque no ingresaron nuevos funcionarios.
Las comisarias no solo cuentan con problemas de infraestructura, sino que en la anterior administración fueron desmanteladas, quedando como algo parecido a una oficina de trámites, sin capacidad de respuesta ante situaciones delictivas ya sea por la falta de patrulleros o personal y, muchas veces, la falta de ambos.
Algo que se perdió en administraciones anteriores fueron las “comisiones policiales”. Estas comisiones estaban integradas por vecinos y comerciantes, que brindaban apoyo a la policía de cada zona, en muchos casos hasta proporcionaban algún recurso, ya sea para alguna reparación, combustible para patrullaje, etc.
Las comisiones, en conjunto con la policía comunitaria, permitían tener un contacto directo y fluido con los ciudadanos, quienes transmitían directamente sus preocupaciones.
El pasado 4 de mayo concurrimos, junto con el concejal de la ciudad de 18 de Mayo, Juan Cervini, a la Jefatura de Canelones a una reunión pactada con el Jefe Víctor Trezza y su comando.
La misma se solicitó debido a las distintas situaciones delictivas que se vienen dando en el nombrado Municipio, como delitos de abigeatos y copamientos en las zonas rurales del departamento, entre otros.
Hay que destacar el cambio en la dirección con las nuevas autoridades de dicha jefatura. En el periodo anterior nunca fuimos recibidos, y nos llegaron a suspender alguna reunión pactada con vecinos.
Este tipo de reuniones son muy importantes, ya que nos permite tener un vínculo directo mucho más fluido con los jerarcas, permitiéndonos, como representantes, ser nexo entre los vecinos y la policía. El comando estaba en conocimiento de los temas que se plantearon junto con el concejal y nos transmitieron información específica sobre las actuaciones que habían realizado hasta el momento. También nos adelantaron nuevas medidas que se iban a implementar para ser más efectivos. Un claro ejemplo fue el de Barros Blancos, ya que con la intensificación del patrullaje en Pando las actividades delictivas se trasladaron para allí.
El pasado 15 de mayo se coordinó un operativo policial en Barros Blancos, donde se realizaron 11 allanamientos, incautando armas, ropa policial y drogas.
El propio comando nos adelantó que esta modalidad de operativos puede ser un método efectivo para aplicar en las zonas más conflictivas.
Pese a todas las dificultades anteriormente nombradas con las cuales se encontraron las nuevas autoridades del Ministerio del Interior, los primeros números estadísticos han sido favorables en comparación con resultados anteriores. Esos primeros indicadores que otorgan mejores resultados lejos están de conformarnos, por lo que tenemos gran trabajo por delante.
En los próximos meses estará ingresando al Parlamento, el Presupuesto Nacional para ser tratado. Y es en esta instancia cuando tendremos que solicitar que se deriven los recursos necesarios para que el Ministerio del Interior pueda realizar de la mejor manera su gestión, logrando la disminución de los delitos.
(*) Diputado por el Partido Colorado (Ciudadanos)
