Tabaré Hackenbruch, subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) propone aggiornar el documento de aptitud técnica (DAT) que rige los sistemas constructivos para bajar los costos de las propiedades utilizando métodos innovadores de construcción. “Esto no significa bajar la calidad de la vivienda sino mantener los mismos estándares” y validar aquellos sistemas que ya están reconocidos y homologados en otros países, aseveró Hackenbruch. Por otra parte, el subsecretario propone hacer modificaciones en la ley de ordenamiento territorial para prevenir la formación de futuros asentamientos y afirma que de seguir haciendo lo mismo en esta materia se continuarán obteniendo los mismos resultados. En lo que refiere al presupuesto, la intención del Ministerio es invertir unos US$ 1.300 millones en el quinquenio. Con parte de estos fondos se hará un fideicomiso que tendrá como objetivo apalancar la inversión privada.
Por María Noel Durán | @MNoelDuran
-¿Con qué presupuesto cuenta el Ministerio de Vivienda y cuáles son las prioridades a la hora de ejecutarlo?
-Hoy nosotros venimos con el presupuesto del quinquenio anterior y prácticamente hasta junio del año que viene tenemos todos los recursos comprometidos o sea que proyectos nuevos no hay. De hecho, debido a la decisión de restricción fiscal de un 15% por parte del gobierno hubo algunas licitaciones que ya estaban adjudicadas que se van a ir reprogramando hacia el año próximo.
Estamos en una situación compleja desde el punto de vista presupuestal producto de un déficit fiscal muy grande que se arrastra de los últimos 15 años y de la pandemia que hizo que se bajara un poco la recaudación del Estado.
A futuro, la intención es una inversión de unos US$ 1.300 millones en el quinquenio a través del Fondo de Inversión de Vivienda. Con parte de esos recursos se piensa hacer un fideicomiso que sea una palanca a la inversión privada. La intención es que este fideicomiso logre canalizar los recursos de los fondos de inversión y de los promotores privados de construcción y del Ministerio hacia el subsidio a la cuota de vivienda. De esa manera se lograría un mercado más amplio y una mayor movilidad en la construcción.
-En referencia al quinquenio anterior, ¿qué políticas podrían tener continuidad y en cuáles se tomaría otro camino?
-Hemos hablado con la ministra (Irene Moreira) acerca de que queremos mantener aquellas cosas que están funcionando bien; algunas son buenas ideas, pero hay que aggiornarlas y mejorarlas, como por ejemplo el Plan Juntos. Nosotros creemos que la relación entre el costo de pago de sueldos y lo que llega al destinatario final es baja. Hoy tenemos un presupuesto de US$ 17 millones anuales destinados al plan y, sin embargo, solo US$ 8 millones son inversiones y US$ 9 millones se los lleva el funcionamiento. Por supuesto que se va a mantener el Plan Juntos, pero lo queremos modificar para que sea mayor lo que llega al destino final. El plan de mejoramiento de barrios que está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se va a mantener, lo mismo que el plan de relocalización. La construcción de viviendas en nuestro país es una política de Estado, por un déficit habitacional que hay y también porque es una gran generadora de empleo y distribuidora de recursos, porque de ahí funciona la herrería, la barraca; no solamente lo asociado a la construcción del edificio, sino todo lo que derrama a la sociedad. Esto se refleja, a su vez, en el decreto que sacó el presidente al respecto de la ley de Promoción de Vivienda Social, una normativa que se crea en el primer gobierno de Vázquez que la continuó Mujica, luego Vázquez y ahora Lacalle.
“La construcción de viviendas en nuestro país es una política de Estado”
-¿En cuánto se ubica hoy el déficit habitacional?
-Según un estudio muy profundo elaborado por la Cámara de la Construcción está en el entorno de las 60.000 y estima que al fin del quinquenio se pueda llegar a unas 80.000. Nosotros queremos que eso no suceda y trataremos de achicar la brecha. ¿Vamos a llegar a que no haya déficit habitacional? No, no se va a llegar. Pero aspiramos, a través del Ministerio, y por medio de sus diferentes organismos de acción (Agencia Nacional de Vivienda, Banco Hipotecario, Plan Juntos, entre otros) y en la complementación entre públicos y privados, lograr que ese déficit se achique y promover la construcción de 50.000 viviendas.
No las va a construir el Ministerio. Apoyándonos en el artículo de la Constitución que dice que el ciudadano tiene derecho al acceso a una vivienda digna y que se promoverán las inversiones privadas en ese sentido, es que estamos trabajando en coordinación con algunos fondos previsionales y con los actores privados para generar ese fideicomiso que permita canalizar el flujo de los fondos privados de las AFAP y los fondos de inversión hacia el sector de la construcción.
-¿De cuánto sería el fideicomiso?
-Arrancaría con pocos recursos, probablemente el año que viene. Andará entre los US$ 30 millones y US$ 50 millones, pero será el piloto para ver si el sistema funciona. Si eso ocurre, la intención es aumentarlo año a año hasta llegar al 50% de lo que es el Fondo Nacional de Vivienda.
-¿De cuánto se prevé que sea el Fondo Nacional de Vivienda?
-Estimamos que el Fondo estará a fin del periodo en unos US$ 230 millones.
-¿Cómo procederá el gobierno en relación a los más de 600 asentamientos que hay hoy en el país?
-Techo ha trabajado mucho en el tema y dice que estamos en unos 650 o 660 asentamientos. Su opinión es muy respetable, pero para el Ministerio la cifra se ubica en el entorno de los 610 pero estamos hablando sí de más de 600 asentamientos.
Sentimos que si seguimos haciendo lo que se ha hecho hasta ahora seguiremos perdiendo la partida.
Desde que se inició la democracia en el nuevo proceso tras la dictadura todos los partidos de todos los colores han invertido mucho dinero en tratar de regularizar y prevenir los asentamientos. En el mejor de los casos habremos llegado a 70 asentamientos regularizados; sin embargo, hoy hay más de 600. Claramente ese partido se está perdiendo.
Una de las preocupaciones más importantes que tiene el presidente es el tema asentamientos; así lo planteó a los operadores privados de la construcción y a nosotros. Entendemos que hay que buscar que todo el Estado, de alguna manera, direccione sus esfuerzos a la regularización de esos asentamientos. Elegir, de acuerdo a las necesidades, dos, tres o cuatro asentamientos y que todo el peso del Estado se direccione hacia allí. De la misma forma que se hizo con la pandemia. ¿Por qué Uruguay fue diferente a otros países? Porque todo el Estado se puso detrás del Ministerio de Salud Pública, y esta cartera, junto con Presidencia, lideró todas las medidas para que el Covid no se extienda como sucedió en Argentina y en Brasil.
En nuestro país el Estado tiene una presencia muy fuerte y pretendemos concentrar esa fortaleza en la regularización y prevención de los asentamientos. También sabemos que la gobernanza de las empresas públicas, mientras dure la regularización del asentamiento, tiene que ser diferente y estar directamente bajo el mando de la OPP para que haya una mejor coordinación entre los organismos públicos. Ya hemos hecho una propuesta por escrito al presidente que la estudiará y sabemos que él lo ha tratado con los operadores privados.
-En conversación con CRÓNICAS, el presidente de la Cámara Inmobiliaria, Wilder Ananikian, aseguró que la Cámara trabaja en una propuesta que se basa en utilizar métodos de construcción innovadores para lograr viviendas dignas pero mucho más económicas -en el entorno de los US$ 35.000- en predios del Estado. ¿Está en el tapete esta propuesta?
-Es necesaria la modificación del documento de aptitud técnica (DAT), hay que aggiornarlo a la realidad del mundo de hoy. El procedimiento tiene casi 10 años e indudablemente ha sido un freno a la innovación de otros sistemas constructivos. Esto no significa bajar la calidad de la vivienda, sino mantener los mismos estándares, y a aquellos elementos que ya están reconocidos y homologados en otros países, reconocerlos también acá.
Si una vivienda funciona correctamente en Canadá, en Alemania, en Estados Unidos y en Finlandia, no hay un motivo para que no funcione en Uruguay. Va alineado con las necesidades que tiene el Ministerio.
El Mvotma va a financiar un subsidio a la cuota, no la construcción de la vivienda. Las personas de los deciles 5 y 6 (con ingresos superiores a la media pero sin capacidad de ahorro) que necesiten un subsidio a la cuota para acceder a la vivienda lo tendrán por parte del Ministerio. La idea es ampliar el mercado.
Pueden o no ser en predios estatales. En este momento el Ministerio no tiene mucha cartera de predios, pero ahora la ley de urgente consideración amplía un poco esto porque dice que todos los bienes del Estado que estén vacíos y sin uso pasarían a la órbita del Mvotma y ese es un avance muy importante. Lo mismo que las herencias yacentes que primero tendría prioridad el Codicen y luego, si el sistema educativo no la quiere, nuestro Ministerio. Es una herramienta que va a ampliar la cartera de tierras para este tipo de proyectos, pero también puede ser que la tierra la ponga el privado.
No nos vamos a cercenar ninguna oportunidad de construir soluciones habitacionales respetando siempre las normativas de calidad de la vivienda, la arquitectura y las leyes de nuestro país. Seguiremos la idea de la innovación y de cambiar las estructuras que generan un costo agregado al acceso de vivienda de las personas.
Vemos con muy buenos ojos el planteo de la Cámara Inmobiliaria, pero no es la única propuesta. No renunciaremos a ninguna de las herramientas que tiene el Estado y, a la vez, apostamos a ser una palanca para aumentar la inversión privada en el tema vivienda.
-¿Qué piensa al respecto de las modificaciones realizadas a la ley de Vivienda Promovida que quita los topes de precios y permite construir unidades de un dormitorio sin límites?
-Es fundamental. Eso tiene que venir acompañado de algunos cambios en la ley de vivienda que los pensamos incluir en la ley de presupuesto con respecto al monoambiente que hay que sumar en la normativa.
Por otra parte, es necesario hacer modificaciones en la ley de Ordenamiento Territorial que permita una mirada más local y más flexible a la problemática de la vivienda.
Con las exigencias que hay hoy, las inversiones se van a seguir haciendo en los mismos lugares. Entendemos que la ley de Ordenamiento Territorial debe tener cierta flexibilidad; no es lo mismo lo que puede exigirse a una localidad del Interior o en la capital. Si se le pide un saneamiento de colector para un fraccionamiento nuevo eso ya genera un aumento de los costos, y eso es lo que termina luego en ocupaciones. Las ocupaciones son, de alguna manera, fraccionamientos de facto porque hay una necesidad. Esa necesidad no se satisface porque las exigencias que se ponen para fraccionar la tierra son tan altas que, al final, el precio de los terrenos termina siendo inaccesible.
Hay que hacer cambios en la ley de ordenamiento territorial junto con el Congreso de Intendentes y los actores correspondientes para generar cambios que permitan prevenir la formación de nuevos asentamientos. Si seguimos haciendo lo mismo que hasta ahora ese partido lo perdemos.
Alianza casual
La combinación entre los elevados impuestos propuestos por la comuna, que fueran respaldados esta semana con una declaración de constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia y los planes de renunciamiento fiscal para la promoción de vivienda social resultan una buena noticia para el Ministerio de Vivienda. “Esa sinergia se dio naturalmente, sinceramente no fue coordinada”, reconoció Hackenbruch y señaló que es una alianza que funcionará especialmente para dar soluciones habitacionales a los sectores 5 y 6 que son aquellos que perciben ingresos superiores a la media pero no tienen capacidad de ahorro.
