Por Alejo Umpiérrez | @alejoumpierrez
Acallados los ecos de su discusión parlamentaria una vez aprobada la norma, vale la pena hacer un balance de su impacto en la realidad y en el marco jurídico vigente, así como consideraciones políticas más abstractas pero nada menores.
La ley de urgente consideración (LUC) es la concreción, en primer lugar, de un mandato popular. El entonces candidato Lacalle Pou, y hoy presidente, hizo uno de sus pilares de campaña en este tema. Se ha cuestionado que era desconocido su contenido, y nada más alejado de la realidad porque, naturalmente, una ley destinada a ser herramienta central de gestión de un futuro gobierno no podría tener otro contenido que el mismo programa del candidato, y luego el de la coalición de gobierno una vez que esta se conformó. Lo más importante a destacar es que la ley acató un mandato ciudadano y cumplió con él; lo que es muy importante en la vida democrática de un país porque el establecer la ilación perfecta entre el discurso del día antes con los hechos del día después de un acto electoral es central para legitimar la tan denostada actividad política y, por tanto, la democracia misma.
En segundo lugar, fue la primera prueba parlamentaria de la coalición de gobierno. Y diría que termina de conformarla. El primer paso de la coalición resultó ser su programa de gobierno y comparecer en las urnas; el segundo fue estructurar un gobierno de coalición al conformar el Poder Ejecutivo; y la tercera etapa fue validarla en la cancha política más importante: el Parlamento nacional. Era su prueba de fuego, resultaba necesario demostrarla operativa y así se logró. Nada menos que con una macronorma de casi 500 artículos y una infinita temática que recorría casi todo el entramado del Estado y muchísimos aspectos de la vida privada de la sociedad. Por supuesto que hubo negociaciones y diferencias, aquellas que hacen a la vida política, pero en ningún momento hubo la tirantez de una coexistencia forzada, no existió aquello tan borgiano de estar unidos no por el amor sino por el espanto. Entonces, debemos de felicitarnos nosotros mismos por haber sido capaces de lograr armonizar semejante pieza jurídica de la que tuve la posibilidad de presidir su trabajo en Diputados y trabajar durante toda su trayectoria en el legislativo al integrar el grupo bicameral que dedicó a ella desde su ingreso al Parlamento.
Trasmitió a la ciudadanía, por otra parte, la tranquilidad de que hay gobierno y funciona, y ello es más que trascendente porque esto va dirigido al imaginario colectivo, que es el que legitima a un sistema. Evita la erosión o degradación y ayuda a consolidar una experiencia única en Uruguay: una coalición de cinco partidos para gobernar. Esta experiencia inédita es muy diferente a la de la otra coalición hoy opositora. El Frente Amplio se construyó en el llano, sin las premuras ni urgencias de construir y decidir sobre los destinos del país en el día a día; es muy fácil cohesionarse para ser oposición y nada sencillo construir decisiones trascendentes sobre el quehacer nacional a diario, y aún más en temas trascendentes. Por ello, esta norma tiene ese efecto invisible que trasciende la ley largamente. La coalición funciona, y ello lleva a la población y operadores económicos la tranquilidad necesaria.
La LUC tiene una filosofía única, que es el hilo vertebrador de la norma: la libertad. La coalición es una concepción liberal de la vida tanto política, como económica y social, y ello se traduce a lo largo y ancho de su texto. Ello es así hasta cuando se legisla sobre la seguridad porque al reforzar la institucionalidad policial y apuntalar su accionar mediante diversas normas lo que se hace es proteger la libertad de la amplia mayoría de la población, pues cuando se achican los márgenes de seguridad en una sociedad, disminuye el ámbito de la libertad. Ni hablar cuando tocamos el tema educación, el necesario “ascensor” que genera movilidad social y evita la perpetuación de una suerte de castas que genera el monopolio del conocimiento en pocos. Lo mismo sucede cuando vamos al tema financiero, donde se devuelve la libertad al ciudadano o se desproscribe al efectivo o cuando se libera a colonos de limitaciones inconstitucionales, o al minúsculo caso de la portabilidad numérica donde el número de nuestros celulares deja de ser de propiedad de una empresa para ser parte de la identidad de la persona que al transformarse en titular del mismo evita quedar encerrado en manos de una empresa.
Más tímidamente de lo que hubiera querido el presidente y nuestro partido, se avanza en materia de combustibles, tratando de acercarse al precio de paridad de importación al no poder lograrse la desmonopolización. También se dan señales claras, por otra parte, en el control de los desbarajustes estatales al crearse una regla fiscal y diversas normas que limitan las compras públicas sin procedimientos competitivos, el contralor por el Tribunal de Cuentas de las sociedades anónimas de capital estatal así como la responsabilidad penal de sus directores; o la reorganización con mayor autonomía y contenido de las oficinas reguladoras del estado (Ursea y Ursec).
Se aggiorna la institucionalidad en muchos temas que encuentran resistencia en algunos casos y en otros aplausos. Nace el Ministerio de Ambiente para jerarquizar una temática central en la vida moderna de la cual no podemos hacernos los distraídos y tendrá el difícil rol del cuidado de nuestro entorno con la producción nacional en ese necesario y arduo equilibrio. En consonancia con una nueva sensibilidad, se crea el Instituto Nacional de Bienestar Animal, que intentará canalizar las tensiones entre la tenencia responsable, la producción, políticas de castraciones y educación. Se crearon importantes institutos como lo son también el de la Granja – una aspiración de larga data de un importante sector productivo que abarca el 20 % de la mano de obra rural – y la Agencia de Evaluación de Tecnología Médicas, una herramienta valiosísima, que se halla creada pero que deberá ser regulada legalmente, y que sin dudas será un duro campo de batalla de intereses corporativos que ya se anuncian, pero las señales del gobierno son claras en el sentido de que sea un órgano de evaluación, regulación y control.
Hace años que no veíamos una ley que redujera impuestos. Esta lo hace la LUC al reducir hasta por 36 meses los tributos que aportan las nuevas empresas a crearse, hasta en un 75% el primer año, lo que significa un estímulo a nuevos emprendimientos.
Por lo tanto, como lo definiera el presidente, es una ley popular y justa. Esta norma con el Presupuesto Nacional -en el marco de las restricciones conocidas– serán los pilares de la nueva gestión gubernamental. El intenso debate de esta norma tuvo una gran utilidad pues generó entre los legisladores de la coalición una importante afectio societatis de sentirnos integrantes de un todo compartido y dio posibilidad a la oposición de acompañar más de la mitad del articulado.
Tenemos la convicción de que esta coalición de gobierno –más allá de las modalidades electorales o jurídicas que asuma en el futuro– llegó para quedarse y que crea un espacio que va desde lo liberal y social demócrata a lo conservador, pero que representa al espacio republicano y democrático por excelencia. Podrá asumir la forma política que sea, pero la coalición no solo es deseable; es inevitable y necesaria pero además buena cosa para el sistema institucional.
La gente ya hace rato que llegó a la coalición antes que los partidos así lo decidieran. No nos perdonarán si no cuidamos la herramienta.
Ahora solo resta que los dirigentes estén a la altura de la gente.
(*) Diputado de Todos Hacia Adelante – Partido Nacional
