Esta semana se lanzó Procarnes, un proyecto que consensuará acciones entre el Poder Ejecutivo, la industria y los productores cárnicos con el objetivo de ampliar los mercados para la carne uruguaya, que constituye el 30% de las exportaciones. “El mensaje del proyecto de ley de presupuesto procura lograr una situación más beneficiosa para vender carne sin pagar aranceles adicionales”, afirmó la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche y aseguró que el año pasado, US$ 200 millones de los US$ 300 millones que se pagaron en aranceles correspondían a la exportación de carne bovina.
En el lanzamiento de Procarnes, realizado este martes en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, participaron la ministra de Economía, Azucena Arbeleche; el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado; el canciller, Francisco Bustillo; el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José María Uriarte; el subsecretario de Industria, Energía y Minería, Walter Verri; el ministro de Ambiente, Adrián Peña; y el presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Fernando Mattos.
Procarnes se proyecta como un ámbito de coordinación interinstitucional para mejorar y profundizar el acceso de los productos y subproductos cárnicos a los mercados internacionales, en el que intervienen los Ministerios de Ganadería, Relaciones Exteriores y Economía. También participan la Cámara de la Industria Frigorífica del Uruguay, la Asociación de la Industria Frigorífica, la Asociación Rural del Uruguay, la Federación Rural, las Cooperativas Agrarias Federadas y la Comisión Nacional de Fomento Rural, en coordinación con el INAC.
En este contexto, el Canciller, Francisco Bustillo recordó que la cadena cárnica representa el 30% de las exportaciones de Uruguay, por lo que es necesario trabajar en la apertura de mercados, con la articulación de consulados y embajadas en el mundo.
En ese sentido, manifestó el compromiso de la Cancillería para atender las necesidades de la industria, en medio de una coyuntura generada por la pandemia de Covid-19, que implica mayores controles e inocuidad de los alimentos de consumo humano.
Por su parte, el presidente del INAC, Fernando Mattos, destacó que Uruguay tiene una oportunidad única al contar con 12 millones de cabezas de ganado. Mattos precisó que el país dispone de una infraestructura industrial moderna, que no puede quedar ociosa, y que presenta desafíos en la competitividad. No obstante, advirtió que las ventajas sanitarias de Uruguay se reducen en relación a sus competidores, por lo tanto, es importante bajar en forma sustancial el pago de aranceles de acceso a los mercados.
Según Mattos, el año pasado, más del 60% de las exportaciones fueron para China y se vende un 40% menos en volumen, con barreras arancelarías altas a Japón y Corea del Sur. A su vez, Uruguay es el único país que ingresa a Estados Unidos con una cuota extra de hasta 20.000 toneladas por embarque. Es necesario, entonces, construir una agenda que habilite el ingreso de más productos a otros países, indicó.
Para Uriarte, Procarnes es un ámbito propicio para mejorar la interacción entre el Estado y el sector cárnico a fin de encontrar soluciones a las diferentes amenazas y oportunidades en el mercado.
En el proyecto de ley de presupuesto, presentado el pasado lunes 31 en el Parlamento, el gobierno incluyó el tema de la inserción internacional y la competitividad, para lo cual es determinante el aspecto sanitario, pero también el arancelario, señaló la ministra de Economía.
Arbeleche enfatizó que en los últimos años la inserción internacional fue compleja y que Uruguay fue más lento que otros países en temas arancelarios. En 2019, el país pagó por concepto de aranceles unos US$ 330 millones, de los cuales US$ 200 millones correspondieron a carne bovina.
Finalmente recordó que a consecuencia de la pandemia de Covid-19 se contrajo un 10% el comercio internacional, según la Organización Mundial del Comercio (OMC). En el mensaje del proyecto de ley de presupuesto se procura lograr una situación más beneficiosa en cuanto a vender carne sin pagar aranceles adicionales. Además, el proyecto incluye artículos en los que se establece mayor definición en el rol de las unidades reguladoras y se busca avanzar en equiparar las tarifas públicas a las de la región, explicó.
