Luego de la polémica auditoría realizada en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), que derivó en una denuncia penal contra dos ONG, el presidente del organismo, Pablo Abdala, sigue adelante con las investigaciones y considera probable que otras situaciones tengan un desenlace similar.
A mediados de agosto, el INAU presentó una denuncia penal contra dos ONG por faltantes de dinero, en un caso, de 16 millones de pesos, y en el otro, de 13 millones de pesos. Si bien ese tipo de situaciones son las minoritarias, se están estudiando otras que podrían eventualmente tener un desenlace similar en función de elementos que han ido reuniendo, según dijo Abdala entrevistado por CRÓNICAS.
Al asumir, el jerarca identificó la necesidad de fortalecer los controles y las inspecciones en torno a la gestión, sobre todo, por tratarse de un organismo “muy grande y de una importante extensión territorial”, sostuvo. Además, la institución administra cierto presupuesto del Estado y atiende a cerca de 100.000 niños y adolescentes todos los días en forma directa o indirecta.
También encontró algunos atrasos en cuanto a determinados procesos administrativos, como en el área de las adopciones, que este gobierno ha definido mejorar.
De todas maneras, el exdiputado entiende que en paralelo hay muchas fortalezas vinculadas con el compromiso de los trabajadores, que tienen una gran “vocación” por la tarea que desempeñan.
A partir de los resultados de las auditorías realizadas en estos primeros meses de gestión, el Directorio creó la Unidad de Contralor Financiero y Contable con el fin de supervisar los convenios.
Son 900 los contratos con las organizaciones sociales que INAU administra. Ahí están incluidos los 500 CAIF y demás convenios vinculados con las otras modalidades existentes, como clubes de niños y centros juveniles.
“Más allá de que la enorme mayoría de las organizaciones cumple con eficacia su tarea, hay mecanismos que deben corregirse, desde situaciones menos graves, como atrasos leves en las rendiciones de cuentas, donde no ha habido mala fe, hasta otras más graves o irregulares de incumplimientos o de faltantes de recursos”, explicó.
La permanencia de los convenios está justificada por la necesidad de que el organismo pueda brindar los diversos servicios que debe proveer, aunque sea en forma indirecta. Por ello no se plantean cancelarlos, sino corregir los errores. Donde hay pérdidas no se descarta rescindir los contratos, lo cual dará paso, eventualmente, a un nuevo llamado para llevar adelante el proyecto en cuestión.
Incremento presupuestal
En materia presupuestal, está previsto que el INAU reciba partidas que le permitan cumplir con las líneas estratégicas trazadas. En ese sentido, “hay una definición política del gobierno en cuanto a cumplir con lo anticipado en la campaña electoral, es decir, las políticas sociales no serían objeto de recorte, sino al revés”, aseguró.
Agregó que el presupuesto que la institución recibirá es mejor que el que tenía antes, puesto que hay incremento en la asignación de los recursos y definiciones que van a posibilitar una mayor eficiencia y un fortalecimiento de la gestión.
Objetivos de gestión
La principal línea estratégica definida por el Directorio es transitar de un modelo de protección a niños y adolescentes sustentado en la internación, como existe hoy, a uno de protección basado en la familia. En este aspecto el país está muy atrasado en comparación con el resto del mundo, lamentó Abdala.
El objetivo es, por tanto, “avanzar en la ‘desinternación’ de niños y adolescentes, y relacionarlos a un ámbito familiar, ya sea a través de las adopciones o de los diversos sistemas de acogimiento de familias; para eso el Presupuesto contiene más recursos”.
La segunda línea estratégica tiene que ver con la tarea de carácter socioeducativo que desarrolla el INAU, más precisamente, la atención en el tiempo parcial, en aquellos centros que no son hogares donde residen niños y adolescentes, sino lugares a los que concurren para recibir apoyo en su proceso de formación y crecimiento. En ese sentido se pretende avanzar.
En materia presupuestal, está previsto que el INAU reciba partidas que le permitan cumplir con las líneas estratégicas trazadas.
Por otro lado, el presidente de la institución señaló que si bien hay una gran cobertura en todo el país, hace falta un fortalecimiento de la atención en la franja de infancia y, sobre todo, el apoyo a la adolescencia, entre los 12 y los 17 años de edad.
En el plano del diseño de las políticas, el jerarca considera que es necesaria una mirada transversal e interinstitucional, para, de ese modo, generar una construcción entre todos los actores, públicos y privados, que tienen directa vinculación con la infancia y la adolescencia.
En lo que respecta a las adopciones, el Parlamento se comprometió, a través de la ley de urgente consideración, a reducir los plazos máximos de valoración de la familia adoptante a 18 meses. Hoy los atrasos en esa materia son “muy severos”, indicó Abdala, y pueden llegar a demorar hasta cuatro años.
Aparte de acortar los tiempos de espera, el INAU está trabajando para descentralizar ese proceso, puesto que hoy está muy concentrado en Montevideo y “eso es parte de lo que explica el atraso”.
Para ello, el organismo está intentando obtener más recursos humanos y, más que nada, más horas profesionales de psicólogos y asistentes sociales, para poder ser más eficientes en la tarea de valorar a las familias y tenerlas prontas para poder adoptar. En lugar de incorporar personal, la institución está contratando servicios profesionales en Montevideo y el Interior.
