Por María Eugenia Roselló (*) | @marurosello
La pobreza menstrual refiere a la problemática con la que se enfrentan millones de niñas y mujeres de todo el mundo al no poder acceder a aquellos productos que aseguren una correcta higiene menstrual debido, mayormente, al elevado costo de los mismos.
Nos encontramos en la obligación de visibilizar, que existen desigualdades al acceder a productos vinculados a la gestión menstrual y que por ello es importante que se reconozca como un asunto de salud pública y de derechos humanos.
El objetivo del proyecto es garantizar el derecho a la salud, a la libertad, a la dignidad de las niñas, adolescentes y mujeres adultas que integran los hogares más vulnerables de nuestro país; por medio del acceso universal, igualitario y gratuito de productos vinculados a la gestión menstrual, como insumos básicos y de primera necesidad.
Un manejo de la higiene menstrual deficiente afecta la vida completa de las mujeres y las niñas, incluidas su salud y las oportunidades de acceder al mundo del trabajo. La imposibilidad de acceder a los productos higiénicos necesarios al momento de tener la menstruación afecta la asistencia a nivel laboral, aumenta el ausentismo a centros educativos, y sobre todo restringe la participación en la sociedad.
Si bien en Uruguay no existen estadísticas oficiales de ausentismo tanto en el trabajo como en la educación por causa de la menstruación, el Banco Mundial ha estimado que a nivel global se pierden entre el 10% y el 20% de las clases por esta razón.
Esta ausencia se debe tanto a factores físicos como psicológicos, ya que las jóvenes expresan sentir confusión, vergüenza y miedo debido a la posibilidad de pérdidas o al mal manejo de los productos de higiene femenina.
La menstruación es importante para el progreso: mejorar la higiene menstrual puede tener un efecto notable en las mujeres y las niñas, ya que puede contribuir a desbloquear el progreso en materia de salud, educación e igualdad de género.
En el contexto actual de crisis sanitaria y económica que vive el país debido a la pandemia del Covid-19, la feminización de la pobreza se ha hecho más evidente aún, a pesar de las medidas acertadas que ha adoptado el gobierno hasta este momento para minimizar los efectos negativos que esta rescisión económica pueda tener y mitigar el impacto sobre la población más vulnerable. De todas formas, es sabido que las mujeres son más vulnerables frente a los efectos sociales negativos de la restructuración y la recesión económica, por lo que atender aquellas situaciones que aún en condiciones previas a la pandemia profundizaban la inequidad de género, debe ser prioridad para quienes estamos hoy en el gobierno.
De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres reciben menores remuneraciones que los hombres. La brecha de género en el salario mensual en Uruguay es de un 23%, es decir; las mujeres en nuestro país ganan un 23% menos que los hombres.
El trabajo no remunerado tampoco se distribuye equitativamente entre varones y mujeres, siendo estas últimas quienes concentran la mayor parte de este.
En 2013, dos tercios del tiempo de trabajo de las mujeres era dedicado al trabajo no remunerado (64,6%) y el tercio restante al remunerado (35,4%). En el caso de los varones, estas proporciones se invierten, es decir, un tercio del tiempo se dedica al trabajo no remunerado (31,9%) y dos tercios al trabajo remunerado (68,1%). Respecto al año 2007, los varones aumentan levemente (de 28 a 32%) su proporción de carga de trabajo no remunerado.
A su vez, las mujeres dedican aproximadamente el doble de horas que los varones al trabajo no remunerado. Estos últimos, por su parte, realizan una mayor carga de trabajo remunerado que las mujeres (diez horas promedio semanales más). En 2013 esta relación fue de 1,9. Si bien la brecha de género se reduce levemente, el tiempo dedicado por las mujeres continúa duplicando al de los varones.
Además, las mujeres se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica mayor en relación a los hombres. En cuanto a la tasa de empleo, la estimación en el mes de junio para los hombres fue de 62 puntos mientras para las mujeres fue de 46; lo que representa una brecha de género de 16 puntos superior en el caso de los hombres en relación a las mujeres.
Si nos enfocamos particularmente en el grupo de mujeres y niñas que este proyecto atiende, las cifras de vulnerabilidad son aún mayores. En el año 2017, Inmujeres estimó que para quienes viven en hogares en condición de pobreza, la brecha de género en la tasa de empleo es sustancialmente mayor, llegando a ser de 24,5 puntos, contra los 16 de los hogares no pobres. Por último, la brecha se hace mayor aún cuando hablamos de nivel educativo alcanzado. En el caso de los varones, aquellos que alcanzan primaria como máximo nivel presentan una tasa de empleo de 60%, mientras que las mujeres con el mismo nivel educativo tienen una tasa de empleo de 32%.
A pesar de que no existen diferencias significativas en la proporción de mujeres y varones que integran los hogares pobres, la incidencia de pobreza es mayor cuando la jefatura del hogar es femenina. Para marzo de 2020, previo al Covid-19, 7,5% de los hogares con jefatura femenina se encontraban en condición de pobreza, mientras en el caso de hogares con jefatura masculina era de 4,5%.
Entendemos entonces que las mujeres y niñas que viven en los hogares que reciben el beneficio de la Tarjeta Uruguay Social, sufren además de todos los factores anteriormente mencionados, la desventaja de enfrentar el costo de los productos para la higiene menstrual, volviéndose esto, otro factor de discriminación; y en caso de que no puedan hacerlo, el uso de métodos que no sólo son inadecuados e indignos, sino que llegan incluso a poner en riesgo su salud.
Estas prácticas incluyen el uso de trapos, a veces viejos y desgastados, lo que puede causar infecciones en el tracto urinario, así como problemas de salud reproductiva que podrían llevar a la infertilidad. La pobreza inevitablemente lleva entonces a una pobreza en la higiene menstrual. La decisión de comprar comida para sus hijos o comprar artículos de higiene, es un dilema que ninguna mujer debería tener que enfrentar.
El acceso de las mujeres y trans más pobres a los productos de higiene menstrual significaría un profundo cambio en su calidad de vida; mientras que llevaría a un aumento de la asistencia a la educación, llevando a que esta población tenga mejores oportunidades para salir de la pobreza. Por otro lado, en el caso de quienes trabajan, al ausentarse menos días en el ámbito laboral, generará mayores beneficios para la economía y para su futuro laboral. En suma, el proyecto (presentado en junio al Parlamento) tiene como objetivo brindar soluciones en la gestión menstrual para las mujeres más vulnerables de nuestra sociedad. En él le impone al Ministerio de Desarrollo Social la obligación de brindarle una canasta higiénica a todas las personas en edad de menstruar cuyos hogares perciban el beneficio de la Tarjeta Uruguay Social. El incluir este tipo de productos en una canasta implicaría, además, una oportunidad para generar espacios de discusión sobre la menstruación, y aceptarlo como una parte natural de la vida cotidiana de la mayor parte de la población.
(*) Diputada de Montevideo por el Partido Colorado.
