Juan Miguel Petit, Comisionado Parlamentario Penitenciario
El Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit, conversó con CRÓNICAS acerca de la actualidad del sistema carcelario. “Más presos no significa menos delitos”, aseguró Petit al referirse al modo en que Uruguay ha legislado en la materia en el último cuarto de siglo. “Lo peor que se podría hacer sería creer que las medidas alternativas no sirven”, enfatizó.
¿Cómo analiza la actualidad del sistema penitenciario?
El sistema penitenciario todavía está lejos de alcanzar un nivel de rehabilitación mínimo que permita tener en él una plataforma de integración social y que filtre la violencia.
No obstante eso, hay que señalar que hay líneas de trabajo trazadas que ha establecido la nueva administración y que hay que profundizar, que requieren básicamente dos cosas: articulación de recursos del Estado, porque está obligado a dar rehabilitación según las normas internacionales y nacionales en el Estado todo, no solamente el Ministerio del Interior, y por lo tanto, también la responsabilidad es de todos los ámbitos públicos. El área educativa, el área de salud, la cultura, la capacitación técnica, entre otros.
La mayor articulación por un lado y por otro lado más recursos. Recursos de inversión, de gastos de funcionamiento, y recursos en cargos. Sabemos que es un momento muy especial por la pandemia, pero algunos recursos se deben dar a este sector.
La ley de urgente consideración (LUC) manda a definir una estrategia nacional penitenciaria. Esa ley está vigente y yo creo que en el 2021 el Estado todo debe cumplir con esa ley, porque si no lo hace estaría omiso con la propia ley dictada este año.
La estrategia nacional penitenciaria debe convocar a todos los actores, de los tres poderes del Estado para establecer líneas de políticas públicas en un área donde la política pública todavía es débil.
La población carcelaria se incrementó en un 15% según los últimos datos públicos. ¿A qué se le puede atribuir ese crecimiento?
Uruguay viene legislando desde hace 25 años con la misma orientación que genera como resultado más presos por más tiempo.
Allí creo que hay que cotejar esa realidad con la indicación de la experiencia internacional y los estudios criminológicos fundados en algunas partes del mundo que indican que más presos no significa menos delitos.
Hay un punto óptimo, si nadie va preso obviamente hay impunidad y muchos delitos, si hay muchos presos se genera un efecto contraproducente porque, básicamente, personas que van por delitos leves salen de la cárcel vinculados a bandas y pierden su trabajo, su familia y su salud.
Ese punto óptimo Uruguay lo ha pasado hace rato. Uruguay tiene una cantidad de personas privadas de libertad, que cometieron delitos leves porque por haber estado presos probablemente salieron a cometer delitos más severos. El sistema está generando los problemas que quiere evitar.
La experiencia referente que hemos tomado nosotros para trabajar pensando en alternativas es la de Texas, que ha tenido un sistema penitenciario gigante. Se dieron cuenta que el sistema provocaba más delitos porque a gente que entraba por delitos leves, el sistema lo trasformada en delincuentes graves. Esto se reformuló en un sistema creíble de medidas alternativas.
Uruguay no tiene un sistema creíble de medidas alternativas. Tiene 13.000 personas con medidas alternativas y 20 técnicos que hacen el seguimiento. Ese sistema no es sólido, no es potente y no es creíble. Lo peor que se podría hacer sería creer que las medidas alternativas no sirven. Hay que pensar mucho, analizar los datos, tener mucha reflexión científica, poner a todos los que tienen que ver con esto a pensar, a intercambiar información y replantearnos que seguir por este camino lejos de bajar la delincuencia, nos genera más delincuencia, más inseguridad. Si tenemos un 30% de personas privadas de libertad y un 80% y pico de personas que están por adicciones, tenemos que tener políticas alternativas para trabajar con adicción, con la salud mental, y con problemas sociales porque, si no se llega a esas familias, esa persona luego va a volver a delinquir.
Usted presentó un proyecto para que aquellos que hubiesen cometido delitos menores y tuvieran problemas de adicciones fueran derivados a centros de rehabilitación y no a cárceles. ¿En qué está esa iniciativa?
Estamos trabajando mucho con la Comisión Bicameral de Seguimiento Carcelario, es una muy buena noticia, se están generando reuniones e intercambios entre todo el abanico político. Estamos generando reuniones con ASSE, con ámbitos de atención a las adicciones y salud mental, es parte de nuestro plan de trabajo para el año que viene. Nos hemos reunido con jueces y con la Suprema Corte de Justicia. Uruguay ya tiene la legislación para que algunos casos puedan ser derivados a centros de rehabilitación, el problema es que faltan esos centros de rehabilitación. Hay que abrir más el abanico para articular mejor y establecer esos programas. Es una demanda de cientos de familias que han visto lo que es tener un hijo adicto: empieza por pequeñas trasgresiones, luego pequeños hurtos, se lo pierde de vista, termina a veces en situación de calle, entra y sale de la cárcel, luego el hurto pasa a ser una rapiña, se deteriora su salud, tiene intentos de autoeliminación. El Estado tiene que intervenir a través de programas, convenios, centros de rehabilitación, hay que crear los fondos paran que puedan estar presentes.
