Por Felipe Carballo (*) | @fcarballo711
Indiscutiblemente, el ordenamiento financiero que se llevó a cabo en los pasados quince años de gobierno frenteamplista, que tuvo su punto máximo con la implementación de la ley de Inclusión Financiera, ha generado un avance en igualdad de oportunidades y posibilitó el acceso a herramientas financieras a toda la población de nuestro país.
La universalización del uso de tarjetas de crédito y débito, las transacciones electrónicas, la posibilidad de pago “on line” y de compras a través de plataformas electrónicas, han facilitado y ampliado las opciones y ofertas a las que tenemos acceso todos.
Las posibilidades de ingreso al sistema bancario que hoy en día tenemos todos los habitantes de nuestro país ha sido uno de los avances más importantes en la última década, considerando el mundo globalizado e informatizado en el que vivimos. Tener una tarjeta de débito y una cuenta en una entidad bancaria dejó de ser una posibilidad para pocos. Estar incluidos como individuos dentro del sistema financiero nos ha abierto nuevas posibilidades, nos ha permitido viajar y acceder a artículos de todas partes del mundo, como así también nos ha dado un acceso más sencillo al crédito en todas sus formas.
Más allá de nuestras concepciones ideológicas en cuanto al incentivo al consumo desmedido y la voracidad del mercado que nos gobierna, disminuir la brecha de acceso al sistema financiero ha sido una herramienta de igualdad y de respaldo, también para los menos privilegiados.
Sin embargo, en situaciones especiales, cuando nos enfrentamos a la pérdida de trabajo, problemas graves de salud que nos implican grandes gastos, crisis internas de diferente índole que afectan la economía familiar, o como las que vivimos actualmente con la pandemia del covid–19, donde los ingresos de miles de trabajadores se ven mermados o directamente desaparecen, y sin tener transferencias directas de efectivo por parte del Estado para enfrentar el pago de obligaciones adquiridas, el beneficio de estar inserto en el sistema financiero comienza a convertirse en una “espada de Damocles”.
Nuestra cultura financiera y los respaldos que el sistema debería brindarnos en casos de crisis no han avanzado al mismo ritmo que la inclusión, y no contamos con alternativas efectivas para enfrentar un colapso en nuestra economía personal. Estar en el “clearing de informes”, por ejemplo, nos deja por fuera de cualquier intento de reordenamiento. No tenemos acceso al crédito de ningún tipo, ni al arrendamiento o cualquier otra alternativa que podamos identificar como posible solución.
Es allí donde aparecen los que se aprovechan de las dificultades económicas de quienes quedan por fuera del sistema financiero y la usura aumenta exponencialmente.
En países como España o Estados Unidos existen herramientas legales que posibilitan algo así como un reenganche, que están diseñadas, obviamente, en base a su propio sistema legal y financiero, pero en nuestro país esas prácticas aún no han sido implementadas.
Creo que es fundamental que prontamente contemos con alguna alternativa, que de alguna forma proteja a aquellos que por alguna razón fundada no hayan podido hacer frente a sus obligaciones económicas y, que a la vez, ampare a sus acreedores, para que puedan hacer efectivo el cobro de las mismas. Lo que no puede seguir sucediendo es que tengamos compatriotas que son prácticamente fantasmas desde el punto de vista financiero, porque en algún momento de sus vidas no han podido responder a sus obligaciones económicas. Ser ciudadano, ser humano, es mucho más que ser un número de referencia bancaria, que obtiene una calificación en función a su responsabilidad financiera. El sistema de inclusión es una herramienta muy válida para hacer más fácil la vida de nuestros compatriotas y profundiza la equidad, pero ese mismo sistema no puede convertirse en el sepulturero de aquellos que, por algún motivo u otro, no pudieron mantener su calificación de “buen pagador”.
Considero que es urgente y necesario avanzar en legislación en este sentido para otorgar nuevas oportunidades, porque los cambios culturales son procesos y no se dan de un día para el otro. La apertura del crédito y el aumento del poder adquisitivo en condiciones más flexibles ocurrieron sin el correspondiente cambio cultural que implica un manejo diferente de las deudas. Pero además, debemos anticiparnos a las consecuencias que la pandemia acarreará (ya lo está haciendo y lo podemos comprobar) en la economía personal y familiar de gran parte de las uruguayas y de los uruguayos. Debemos esforzarnos para que las leyes que produzcamos estén de acuerdo con el tiempo histórico en las que las impulsamos, para que respondan adecuadamente a las necesidades de la gente.
Por eso, y tomando como punto de partida la legislación comparada, desde hace algunos meses venimos trabajando con especialistas en un proyecto de ley que se enfoca precisamente en la implementación de alternativas que generen una “segunda oportunidad” para aquellos que por no poder honrar sus deudas en tiempo y forma se encuentran por fuera del sistema financiero. Este es el nombre que se le ha dado en otros países y creemos que es el que más fielmente refleja el espíritu de nuestra propuesta.
Estamos trabajando para que prontamente podamos tener este proyecto listo y que sea el puntapié inicial de una discusión más amplia. Consideramos que así encontremos una alternativa a esta situación cada vez más generalizada que está dejando a tantos por el camino, sin siquiera tener la chance de pensar en alguna forma de honrar sus deudas y volver a obtener crédito para emprender, para estudiar, para poder seguir soñando.
(*) Diputado por el Frente Amplio
