En el corto plazo, la política fiscal debe ser conducente a acelerar la transición a la pospandemia y a reactivar las economías
Dado que las tasas de contagio continúan siendo elevadas en muchos países de la región, la política fiscal debe continuar apoyando al sector de salud para atender a los nuevos contagiados y acelerar las campañas de vacunación, y así permitir un retorno más acelerado a la normalidad.
Durante este período de transición, será importante revisar y adaptar las medidas de apoyos a las familias y a las empresas introducidas en las primeras fases de la pandemia, refocalizándolos hacia aquellos trabajadores y firmas que más lo necesiten. También se deberán cesar aquellos apoyos que ya no sean requeridos, liberando recursos para financiar medidas que tengan un alto impacto sobre la recuperación de la actividad económica.
Una vez alcanzada una reactivación económica sostenible, los gobiernos deberán implementar medidas para la recomposición de su situación fiscal
Una de las principales prioridades en este sentido será lograr reasignaciones del gasto público, que eliminen gastos superfluos, reduzcan filtraciones en los sistemas de transferencias y subsidios, combatan la corrupción en las compras públicas y equiparen los salarios del sector público a los privados.
Estas medidas permitirán reducir las ineficiencias en el gasto público que, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) eran de alrededor de 4,4% del PIB en 2018. Asimismo, será importante mejorar la gestión de la inversión pública, de manera que se logre una mejor selección e implementación de proyectos. También se deberá mejorar la calidad del gasto social, que lleve a una efectiva acumulación del capital humano, particularmente entre los hogares de menores ingresos.
Estas mejoras en la acumulación de capital físico y humano dinamizaría las economías de una manera sostenible, consolidando la situación fiscal de los países.
Adicionalmente a los esfuerzos para mejorar la eficiencia del gasto público, la región debe mejorar la gestión de sus ingresos; priorizando medidas que reduzcan la evasión y eliminen los tratamientos tributarios especiales
Antes de la crisis económica, la región ya se caracterizaba por tener sistemas tributarios poco efectivos, con altos niveles de evasión y con gastos tributarios elevados que tienden a favorecer a los hogares de mayores ingresos (CIAT – 2018). Panorama de los Gastos Tributarios en América Latina: principales estadísticas de la Base de Datos del CIAT. Dirección de estudios e investigaciones tributarias).
Específicamente, en el impuesto al consumo y a la renta, la evasión promedio de los países de América Latina y el Caribe (ALC) superaba el 6% del PIB, mientras los gastos tributarios disminuían el recaudo efectivo en otro 3% del PIB (Cepal – 2020). Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe).
Disminuir los gastos tributarios y aminorar la evasión permitirá a los países tener más recursos y también avanzar en la simplificación de los sistemas.
Además de reducir la evasión y los gastos tributarios, las políticas tributarias y de gasto público deberán buscar alentar la formalidad. En un blog reciente, especialistas de la División de Gestión Fiscal del BID (Now it is the time to Foster Labor Formalization in Latin America and the Caribbean by Carola Pessino – Emilio Pineda – Alejandro Rasteletti – Valentina Alarcon – Recaudando Bienestar Marzo 2021) resaltan que hoy más que nunca es un momento crucial para proponer reformas que fomenten la recuperación del empleo formal en ALC, particularmente entre trabajadores de bajos ingresos, ya que la informalidad los afecta más fuertemente. Se recomienda repensar y rediseñar impuestos sobre el trabajo y programas sociales, a fin de introducir programas de asistencia al trabajo formal (“formal workfare”) que premien a los que trabajan formalmente, en lugar de programas de asistencia social (“welfare”), que castigan a los que trabajan formalmente.
Las redefiniciones de ingresos y gastos públicos recomendadas deben ser acompañadas de un manejo efectivo de la deuda pública y un fortalecimiento de la responsabilidad fiscal
En materia de gestión de la deuda pública, se requiere que los países con altos vencimientos de deuda en el corto plazo definan e implementen estrategias para reducir estas presiones. El servicio de la deuda hacia los próximos años se estima que sea alrededor de 5% del PIB lo cual es equivalente a lo que gastan los países en promedio en educación, o inclusive a un 25% al gasto de inversión pública. Así, se vuelve necesario hacer una política activa del manejo de la deuda, tratando de minimizar los riesgos de liquidez y solvencia, y que permitan generar el espacio necesario para que la inversión pública.
Adicionalmente, es importante reinstaurar y fortalecer mecanismos para incrementar la responsabilidad fiscal (Cárdenas, M., Ricci, L. A., Roldos, J., & Werner, A. M. 2021. Fiscal Policy Challenges for Latin America during the Next Stages of the Pandemic: The Need for a Fiscal Pact. No. 2021/077. International Monetary Fund). Para esto, es preciso la reinstauración de las reglas fiscales en la pospandemia, así como su recalibración. Estas medidas de manejo de deuda y responsabilidad fiscal permitirían minimizar los riesgos de liquidez y solvencia.
En resumen, la pandemia ha dejado las cuentas públicas y el endeudamiento en nuestra región en una situación difícil. A pesar de esto, ALC tiene un amplio espacio de maniobra para implementar una política fiscal que estimule la recuperación de modo responsable y reducir el riesgo de caer en una trampa de deuda. Las acciones que tomarán los gobiernos en los próximos meses serán decisivas para hacer que la de los años 20 no sea una década perdida.
