Previo al comienzo de la pandemia había más de 310.000 trabajadores con muy baja capacidad de teletrabajo que quedarían por fuera de la cobertura que ofrece el subsidio por desempleo en caso de perder su trabajo, concluye un informe de la Red de Investigación en Ciencias Sociales para Enfrentar las secuelas de la Pandemia (Risep). Además, a pesar de contar con la cobertura del sistema, otros 135.000 percibirían prestaciones que los situarían por debajo de la línea de pobreza per cápita.
“Al comienzo de la emergencia sanitaria en Uruguay, existían más de 400.000 trabajadores con riesgo de sufrir insuficiencia de ingresos ante la instauración de medidas de restricción de movilidad”, señala el informe titulado “El mercado laboral uruguayo ante la llegada de la pandemia: Capacidad de teletrabajo y debilidades de la red de protección social”.
El trabajo, elaborado por Federico Caporale, Matilde Pereira y Gonzalo Zunino, señala que “la llegada del covid-19 y la necesidad de adoptar medidas de distanciamiento social demostró la existencia de grupos relevantes de personas sujetos a un riesgo significativo de insuficiencia de ingresos en el marco de pandemia”. En particular, fueron aquellos sectores y trabajadores que exhiben menor capacidad de teletrabajar y no se encuentran adecuadamente cubiertos por la red de protección social del país. En ese sentido, el informe apunta a “identificar y cuantificar” a estos trabajadores particularmente vulnerables. Para ello se utilizó un índice para medir la capacidad de trabajo a distancia construido a nivel de ocupaciones, e identificar a aquellos trabajadores que se insertan en ocupaciones con baja capacidad de trabajo a distancia y que no son cubiertos por programas de seguro de desempleo, o cuya asistencia presentaría problemas significativos de suficiencia.
Vulnerables
En el documento se destaca que “el sistema de protección social uruguayo presenta un elevado grado de cobertura en la etapa activa, especialmente si se lo compara con otros países de América Latina donde los mercados laborales se caracterizan por elevados niveles de informalidad”. Uruguay, con un 22% de informalidad entre ocupados al año 2020, “es el único país de América Latina donde la proporción de trabajadores informales se encuentra alineada a lo esperado, considerando su nivel de ingreso”. Pese a esta elevada cobertura, la llegada del covid-19 y la necesidad de adoptar medidas de distanciamiento social, impactó mayormente sobre el mercado laboral, fundamentalmente en los meses de marzo, abril y mayo de 2020.
El aislamiento y el distanciamiento social para mitigar los contagios, “implican un importante shock de oferta para la economía, en la medida en que se dificulta enormemente la producción y la distribución de ciertos bienes y servicios”. Si bien la elevada conectividad permitió que muchas de las tareas habituales se comenzaran a realizar de manera remota, existen muchas otras tareas que se tornan imposibles de realizar bajo un contexto de distanciamiento social.
“En este sentido, resulta evidente que los sectores y trabajadores más afectados por las medidas adoptadas son aquellos que tienen menor capacidad de mantener su actividad laboral en un contexto restrictivo en materia de movilidad como el que se instaló en Uruguay principalmente durante los primeros meses de pandemia”, destaca el informe.
En las conclusiones del informe se encuentra que -de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares de 2019- previo al comienzo de la pandemia había más de 310.000 trabajadores con muy baja capacidad de teletrabajo que quedarían por fuera de la cobertura que ofrece el subsidio por desempleo en caso de perder el empleo. Además, otros 135.000, a pesar de contar con la cobertura del sistema, percibirían prestaciones que los situarían por debajo de la línea de pobreza per cápita.
“Esta situación alertaba sobre la necesidad de desarrollar un esquema de transferencias ad hoc a los efectos de evitar situaciones graves de privación de consumo durante el tiempo que duren las medidas sanitarias”, señala el informe. En ese sentido, “la falta de un esquema alternativo de transferencias pudo haber determinado que las políticas públicas no cubrieran adecuadamente a trabajadores vulnerables, favoreciendo el incremento de la pobreza ocurrido durante 2020”.
Por último, se entiende en el artículo que un esquema de transferencias focalizado en estos trabajadores vulnerables, podría haber “colaborado con la reducción de la movilidad necesaria en los momentos donde la propagación del virus se aceleró, esto es, sobre finales del 2020 y, particularmente, en lo que va de 2021”.
