En el período 2010-2015, bajo el mandato del expresidente José Mujica, se perdieron US$ 70 millones que había otorgado el Fondo para el Desarrollo (Fondes) en préstamos a diversos proyectos autogestionados. Las actuales autoridades del organismo conversaron con CRÓNICAS acerca de la “falta de transparencia” que existió en ese momento y que repercute hasta el día de hoy en la situación patrimonial de la institución.
El Fondes fue creado en diciembre de 2010 por la ley 18.716, con el objetivo de “apoyar el financiamiento de proyectos productivos viables y sustentables”. A través de dicha normativa se habilitó al Banco República a destinarle hasta el 30% de sus utilidades anuales para contribuir a ese fin. Comenzó a funcionar en setiembre de 2011.
Durante la administración de Mujica, el Fondes aprobó préstamos por US$ 70 millones en total.
Uno de los proyectos beneficiarios de ese dinero fue Alas Uruguay, la aerolínea creada por los exempleados de Pluna tras su cierre, que recibió US$ 15 millones.
Por su parte, CTC Olmos, la cooperativa de cerámicos que abrieron los trabajadores de la vieja fábrica Metzen y Sena que se había fundido, obtuvo US$ 13.3 millones.
Otro de los casos más sonados en su momento fue el de Envidrio, una empresa dedicada a la producción de envases de vidrio gestionada por los antiguos operarios de la fundida compañía Cristalerías del Uruguay. Para este emprendimiento se destinaron US$ 11.5 millones.
A ellos se le suma la cooperativa Funsacoop, creada y gestionada por los empleados a partir del cierre de Funsa. El préstamo otorgado por el Fondes para este proyecto, que tenía como propósito aumentar la producción de neumáticos, fue de US$ 6 millones.
En tanto, COEP, la compañía fundada por los exobreros de la imprenta Pressur, también recibió US$ 6 millones.
Cotrapay, la cooperativa de trabajadores de la desaparecida fábrica textil Paylana, obtuvo US$ 5.9 millones.
A su vez, el Fondes destinó US$ 3.7 millones para UCOT (Unión Cooperativa Obrera del Transporte), además de US$ 3 millones a Urutransfor, la industria de fabricación de transformadores eléctricos, y otros montos más pequeños para diversos emprendimientos.
Pese al apoyo recibido, de todas las compañías recién mencionadas, que fueron impulsadas en esos primeros años de funcionamiento del organismo, al día de hoy sobreviven solamente Funsacoop y UCOT. Las demás terminaron quebrando y cerraron sus puertas, ya sea por problemas de gestión, producción o mercado. Incluso, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) había advertido que algunas de ellas eran económicamente inviables.
Cambio de rumbo
En 2015, tras la asunción del fallecido expresidente Tabaré Vázquez, una auditoría dio cuenta de la realidad de cada empresa que había obtenido ayuda económica del Fondes. Los datos revelados y el hecho de que prácticamente ninguna tenía posibilidades de pagar las cuotas acordadas, hicieron que el entonces mandatario dispusiera un cambio en el diseño del organismo.
Así fue que en agosto de ese año se promulgó la ley 19.337, mediante la que se dividió al Fondes en dos partes: una administrada por el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) y la otra por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE).
De la normativa surge que los beneficiarios de la primera son las cooperativas de todas las modalidades, empresas autogestionadas por sus trabajadores y emprendimientos de la economía social y solidaria. La segunda, en simultáneo, se dedica a la promoción de micro, pequeñas y medianas empresas.
Negativa a la investigadora
Meses antes de esta modificación, en mayo de 2015, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi planteó la conformación de una investigadora parlamentaria para indagar sobre eventuales hechos irregulares o ilícitos vinculados a la gestión del Fondes. Los indicios que presentó fueron, entre otros, la clausura de algunos de los emprendimientos y los balances negativos de otros.
A raíz de esas situaciones, el representante nacional consideraba que había habido “un abuso, una desviación y un exceso de poder por parte de la administración” de la institución. Asimismo, dio a entender que se estaban utilizando fondos públicos para proyectos ideológicos y que no se descartaba la configuración de hechos de corrupción en la autorización de los préstamos en cuestión. También remarcó el vínculo de Venezuela con algunas compañías que fueron beneficiarias del fondo.
Sin embargo, los legisladores del Frente Amplio rechazaron la creación de la investigadora por entender que no era el momento oportuno de hacerla, además de que la denuncia de Goñi carecía de la documentación necesaria.
Préstamos sin devolución
Un año después, en mayo de 2016, las autoridades del Fondes confirmaron que US$ 50 millones, de los 70 prestados a las empresas autogestionadas, no serían devueltos al Estado.
“No se ha llegado a niveles de producción y de venta de mercadería necesarios para lo que originalmente estaba pautado, producto de distintas circunstancias, en algunos casos por problemas de gestión, y para eso el Fondes y el Inacoop están tratando de ayudarlos con asistencia técnica directa. En otros casos porque, al igual que Conaprole, hay algunos que venden a Venezuela y no cobran”, explicó en esa instancia el entonces presidente del Inacoop, Gustavo Bernini.
Los restantes US$ 20 millones también se terminaron perdiendo.
Denuncia penal
Otro año más tarde, en mayo de 2017, Goñi junto al diputado blanco (fallecido) Jaime Trobo y al parlamentario Gonzalo Mujica, quien había abandonado el Frente Amplio para pasar a ser independiente –y que hoy integra la bancada nacionalista-, presentaron una denuncia en Crimen Organizado por la asignación “arbitraria” de fondos públicos a través del Fondes, a empresas “sin viabilidad” que a la fecha no habían devuelto los créditos concedidos. En dicha demanda se incluyeron, además, los negocios de Uruguay con Venezuela.
Esa denuncia se hizo por 10 préstamos que totalizaban unos US$ 53 millones que resultaron incobrables. Pero dos años después, en 2019, Goñi la amplió por el malgasto de los otros US$ 17 millones, que tampoco pudieron ser recuperados.
Golpes que persisten
El año pasado, en declaraciones a CRÓNICAS, Goñi indicó que “las experiencias del Fondes fueron casi todas negativas; ese modelo no funcionó. Más del 90% de los emprendimientos fracasaron y hay que aprender la lección”. De todas maneras, opinó que eso no implica que el Fondes-Inacoop no pueda apoyar los proyectos considerados viables, tal como establece la norma vigente.
El actual presidente del Inacoop, Martín Fernández Aizcorbe, fue consultado por CRÓNICAS sobre este tema. Ese instituto fue el que recibió todos los pasivos luego de que el Fondes fuera separado en dos particiones. El jerarca dijo que de la cartera de préstamos que viene del período 2010-2015, solamente quedan activos UCOT y Funsacoop. El resto no sobrevivió.
Ese final negativo para la mayoría de los proyectos lo atribuye a que, durante el primer período de funcionamiento del organismo, “se daban préstamos sin constitución de garantía ni un análisis de riesgo de crédito serio”. Aparte, afirmó que tiene la convicción de que “nunca pasó por la cabeza de los beneficiarios devolver el dinero, lo tomaron como un fondo no reembolsable”.
Agregó que el Fondes es una “muy buena herramienta” que estuvo a punto de perderse por una “pésima” administración. “El problema fue que en el gobierno del 2010 al 2015 se falló mucho y, si bien la Justicia entendió que no hubo delito en el otorgamiento de esos préstamos, claramente hubo una notoria falta de transparencia y los apoyos estaban dados por un condicionamiento político partidario, hacia emprendimientos compañeros”, aseguró.
“En el gobierno del 2010 al 2015 se falló mucho, hubo una notoria falta de transparencia y los apoyos estaban dados por un condicionamiento político partidario, hacia emprendimientos compañeros”, dijo el presidente del Inacoop.
Por otro lado, celebró que a partir del gobierno de Vázquez se hayan establecido parámetros “mucho más objetivos” para la concesión de los créditos, dado que se determinó que no se podrían destinar recursos a empresas que “por sus problemas de gestión, de mercado, de competencia, de costos, de productos, de endeudamiento u otros factores que hayan podido afectar su rentabilidad o estabilidad, lo requieran”. Al mismo tiempo, se dispuso un límite de US$ 400 mil en el monto a prestar y se conformó un equipo técnico para el análisis crediticio.
De ese modo “se empezó a mejorar la gestión”, expresó. Las actuales autoridades han seguido esta línea y puesto el foco en una mayor diversificación de la oferta, a los efectos de poder apoyar a más cantidad de emprendimientos y, así, contribuir con la generación y el sostenimiento del empleo.
Ya hace tres años que los balances del Fondes son favorables. Igualmente, Fernández Aizcorbe remarcó que las “fallas” de la institución que tuvieron lugar durante el mandato de Mujica, que derivaron en pérdidas millonarias, todavía impactan en su situación patrimonial y “limitan” la capacidad que tiene de otorgar préstamos.
Sin efectos
La situación de ANDE es bien distinta porque, a diferencia del Inacoop, no recibió pasivos del Fondes, de acuerdo con lo declarado a CRÓNICAS por la presidenta de la agencia, Carmen Sánchez. “No tenemos ninguna situación compleja en ese sentido”, añadió.
“En 2016 hubo una dotación inicial de unos 60 millones de dólares y con eso funcionó el organismo hasta 2019. Esos dineros ya están utilizados en diversos programas que tenemos de apoyo a emprendimientos, créditos al sector productivo, a empresas, entre otros. Este año estamos por recibir fondos, por segunda vez, que vendrían de la partición Fondes-ANDE, pero no hemos sido afectados por el funcionamiento del Fondes”, aclaró la jerarca.
