Eduardo Abedrapo, chileno, experto en temas de regulación económica y contratación para el desarrollo de proyectos de infraestructura pública y transportes
Con más de 20 años como abogado especializado en temas de regulación económica y contratación para el desarrollo de proyectos de infraestructura pública y transportes, especialmente a través de esquemas de participación público privada, el chileno Eduardo Abedrapo se suma como socio a la empresa uruguaya de consultoría AIC Economía y Finanzas. En diálogo con Empresas & Negocios, el especialista dio su visión de Uruguay y puso foco en la modalidad de PPP como herramienta para solucionar los problemas de infraestructura que afronta el país.
¿Cuál cree que es el mayor aporte que usted puede brindarle a AIC con su incorporación como socio de la empresa? ¿En qué áreas puede estar su principal contribución?
Para mí es un gran gusto poder integrarme a AIC, una empresa conformada por profesionales uruguayos de gran nivel, que siendo jóvenes cuentan ya con una importante trayectoria nacional e internacional. Creo que mi aporte principal es poner a disposición de AIC y sus clientes una experiencia de más de 25 años en el campo del desarrollo de grandes proyectos de infraestructura pública y servicios, tanto en Chile como a nivel latinoamericano, y una mirada jurídico económica que es esencial para este tipo de desarrollos.
Desde la órbita de los proyectos de infraestructura y gestión de contratos, ¿cómo se visualiza el Uruguay desde la mirada chilena?
Desde Chile siempre se ve a Uruguay como un país de referencia en Latinoamérica, por su mayor equilibrio en términos de una concepción del desarrollo más integral.
También me ha parecido muy importante la especial preocupación de importantes organismos públicos, como la CND, en la gestión de contratos. De hecho, hace algún tiempo me tocó participar en Montevideo en una actividad de preparación de equipos profesionales para dicha labor.
Los contratos de Participación Público Privada (PPP) aparecían como una modalidad en la cual existía bastante expectativa en Uruguay para que a través de los mismos se comenzaran a solucionar los problemas de infraestructura que tiene el país. Pero queda la sensación de que aún resta mucho por hacer para que esta figura se desarrolle con más efectividad. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué es lo mejor que tiene esta modalidad y qué hace falta en Uruguay para acelerar los tiempos de concreción?
Efectivamente los esquemas de participación público privada son un medio muy eficaz para la provisión de infraestructura pública y servicios de calidad, y su preservación en el tiempo. Ello, tanto por la mejor compartición de riesgos entre el Estado y los ejecutores privados, como por la mayor eficiencia que se puede lograr en la gestión operacional. Adicionalmente, está la posibilidad de aprovechar de mejor manera las capacidades presupuestarias del Estado y complementarla con recursos privados.
Para optimizar los tiempos de concreción es clave precisar si sus retrasos se deben a problemas institucionales o con los proyectos mismos.
¿La modalidad de PPP vigente en Uruguay necesita cambios para ser viable?
Creo que Uruguay tiene un buen marco normativo para proyectos PPP. Se pueden optimizar aspectos vinculados a los tiempos de implementación, pero ciertamente es una herramienta plenamente válida y que puede ayudar al desarrollo de importantes proyectos de infraestructura. Posiblemente deberá revisarse si la elección de los proyectos fue la adecuada o no.
En esta nueva administración de gobierno, Uruguay incursionó en los contratos ‘Crema’, una modalidad alternativa a las PPP, en que la empresa debe presentar el proyecto constructivo y hacer la obra en un plazo aproximado de dos años. ¿Qué opinión tiene de esta modalidad?
Los contratos Crema dan cuenta de algo que es del corazón de las PPP: asegurar el mantenimiento de las obras públicas y con ello tanto preservar adecuadamente el patrimonio público como asegurar la funcionalidad de las obras en el largo plazo. Para mí, son, por tanto, una modalidad de PPP.
¿Qué aspectos son importantes en la gestión de los contratos de proyectos de infraestructura, principalmente de aquellos a largo plazo como son las concesiones, PPP o contratos Crema, que involucran un compromiso a largo plazo con el Estado?
Tratándose de contratos de largo plazo, que por tanto van a tener que dar cuenta de contextos y necesidades cambiantes, es fundamental que los mismos tengan elementos de gobernanza interna claros y precisos, que le permitan su adaptación y actualización en el tiempo, considerando su dimensión técnica, funcional, social y económica, evitando renegociaciones o términos anticipados ineficientes o no reglados.
Por otro lado, está la habilidad y capacidades con que requiere contar el sector público para supervisar adecuadamente el cumplimiento de los contratos, de manera permanente y sistemática, pero también para participar de forma organizada, transparente y sostenida en la gestión de los mismos, a fin que se generen condiciones para su mejor ejecución y desarrollo.
Perfil
Eduardo Abedrapo es abogado por la Universidad de Chile, donde además cursó el Programa de Magíster en Derecho, mención en Derecho Económico.
Por más de 20 años ha trabajado como abogado especializado en temas de regulación económica y contratación para el desarrollo de proyectos de infraestructura pública y transportes, especialmente a través de esquema de asociación público privada (APP).
Fue director de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas de Chile, teniendo a su cargo la responsabilidad por la supervisión de 65 contratos en operación, con un patrimonio superior a los US$ 22.000 millones. Además, llevó adelante un programa de 19 nuevas licitaciones por una suma superior a los US$ 4.500 millones, más un programa de mejoramiento de concesiones viales por más de US$ 1.800 millones. Fue viceministro de Planificación de Chile; vicepresidente de la empresa portuaria Antofagasta (1999-2006); jefe de Gabinete del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (1996-2000).
Ha sido consultor del BID, del Banco Mundial y del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en temas de gestión institucional en el sector de logística, infraestructura y transporte; para la estructuración de proyectos de infraestructura y servicios públicos; y, en el desarrollo de concesiones y capacitación en contratos de asociación público privada.
En el ámbito internacional, sus asesorías se han centrado en el desarrollo de propuestas de perfeccionamientos institucionales para el desarrollo de proyectos de participación público privada y para el diseño de proyectos de concesiones, desempeñando trabajos de asesoría en México, Colombia, Uruguay, Paraguay, Perú, Argentina y América Central.
