Reducir las elevadas tasas de desempleo que dejó la pandemia del covid-19 requerirá de importantes esfuerzos de políticas de empleo focalizadas en los sectores más vulnerables, según concluye un informe conjunto de Cepal y la OIT. En el estudio se advierte sobre “la profundidad del impacto de la crisis” durante el año pasado y la dificultad de recuperación de los empleos a los niveles de prepandemia.
El año pasado, la actividad económica de América Latina se contrajo un 7,1%, su mayor colapso en el último siglo, lo que trajo consigo una brusca caída del empleo y un fuerte aumento de la tasa de desocupación que alcanzó un 10,5% en promedio. Así lo detalla el informe “Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe” elaborado de forma conjunta por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se enfoca en los impactos de la crisis provocada por la pandemia sobre los principales indicadores del mercado laboral.
El estudio detalla que los mayores impactos se observaron en el segundo trimestre del año pasado cuando se implementaron las medidas de confinamiento y contención de la pandemia. Estas medidas produjeron una fuerte caída en la actividad económica, en el empleo y en las horas trabajadas. Esta contracción impactó duramente en muchos trabajadores, principalmente informales, que no pudieron continuar con sus labores productivas y debieron retirarse del mercado, lo que les impidió generar ingresos para sus hogares y actuar en forma contracíclica como en crisis anteriores. Además, explica que el cierre de los servicios de cuidado y de las escuelas implicó una fuerte carga de trabajo al interior de los hogares, que en general se reparte desequilibradamente sobrecargando especialmente a las mujeres.
A partir del tercer trimestre del 2020 se observó un regreso de los trabajadores al mercado laboral y un paulatino aumento del empleo. Sin embargo, el año 2020 finalizó con niveles inferiores de participación y ocupación, y niveles superiores de desocupación respecto a lo observado previo a la pandemia.
“Dada la profundidad del impacto de la crisis en 2020 en los mercados laborales de la región, los países deberán implementar políticas que estimulen la generación de empleos particularmente en los grupos más vulnerables como los jóvenes y las mujeres”, señalan Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Cepal, y Vinícius Pinheiro, director Regional para América Latina y el Caribe de la OIT, en el prólogo del documento. También ambos directivos destacaron la importancia de regular las nuevas formas de contratación a través de plataformas digitales.
Más y menos afectados
De acuerdo al documento de Cepal y OIT, la contracción del empleo en 2020 fue mucho más profunda en sectores como hotelería (19,2%), construcción (11,7%), comercio (10,8%) y transporte (9,2%), que en conjunto concentran cerca del 40% del empleo regional. A su vez, la industria (8,6%) y otros servicios (7,5%) también registraron contracciones, mientras que en agricultura la pérdida de empleos fue comparativamente menor (2,4%).
Ambos organismos de las Naciones Unidas enfatizan que resulta primordial pensar en estrategias que permitan sentar las bases para un retorno con mejores condiciones laborales para todos los trabajadores. Esto implica apuntalar la recuperación del empleo en las categorías y sectores altamente afectados, mejorar aspectos institucionales referidos a la salud y seguridad en el trabajo, la formalización de trabajadores, la promoción de la inclusión laboral de las mujeres y la regulación adecuada a nuevas modalidades de trabajo.
El estudio también incluye un análisis de aspectos claves del trabajo decente para los trabajadores intermediados por plataformas digitales. Durante la pandemia, estos trabajadores constituyeron una fuente de empleo muy importante debido a la necesidad de reducir los contactos personales y de mantener el reparto de bienes esenciales. Sin embargo, la evidencia sugiere que existe una alta precarización de esta modalidad de trabajo caracterizada por la inestabilidad, largas jornadas de trabajo, ausencia de protección socio-laboral y la falta de opciones de diálogo y representación.
El informe destaca la necesidad de diseñar marcos regulatorios adecuados para que se cumpla con el objetivo de establecer y proteger los derechos sociales y laborales para estas nuevas modalidades de trabajo en expansión.
