Por Guillermo Maciel (*) | @macielguillermo
Las últimas encuestas difundidas (Cifra y Equipos Consultores) ratifican que la principal preocupación de los uruguayos es la inseguridad, y asimismo una creciente desaprobación de la gestión del Ministerio del Interior.
Esa percepción de la opinión pública tiene su correlación con un real auge delictivo y simultáneamente con su no contención por parte de las autoridades. Estas circunstancias quedan evidenciadas, con el crecimiento sistemático, constante y exorbitante que ha tenido en los últimos 11 años, el delito de rapiña (robo con violencia o amenazas).
En efecto, como se puede analizar sobre la base de los datos oficiales que publica el Ministerio del Interior, el incremento que ha tenido ese delito por períodos de gobierno en “números absolutos”, deja de manifiesto que la mayor cantidad en la historia del país, ocurrió en el período de gobierno del año 2010 al 2014. En esos 5 años, se cometieron nada menos que 86.538 rapiñas (denunciadas) es decir, 33.636 más que en los 5 años anteriores que van del 2005 al 2009. A su vez, el primer año cerrado (2015) de este nuevo período de gobierno, no luce muy auspicioso, por cuanto finalizó con un nuevo récord histórico, alcanzándose la cifra de 21.126 rapiñas.
Otro dato interesante, es que si se observa la tasa de homicidios en la ciudad de Montevideo, ésta fue de 14,3 (en base a los datos del Observatorio en Seguridad de la Fundación Propuestas) o de 13 (en base a datos oficiales del Ministerio del Interior). En tal sentido cabe consignar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que se enfrenta una “epidemia de homicidios” cuando se supera una tasa de 10 por cada 100.000 habitantes.
A esta preocupante situación se añade que si se promedian los principales delitos ocurridos durante el año 2015, los resultados aproximados serían los siguientes: 1 Hurto cada 5 minutos; 1 Rapiña cada 30 minutos, y 1 Homicidio cada 30 horas. En efecto, el Ministerio del Interior informó que durante el 2015, se denunciaron 108.755 hurtos; 21.126 rapiñas y 289 homicidios. Realmente alarmante.
Como corolario se agrega que los operadores judiciales, tal como el Sr. Fiscal Gral. de la Nación, han declarado públicamente que: «Si relevamos datos estadísticos del 2013, 2014, 2015, de los delitos denunciados solo se aclara un 4,5%»
La ciudadanía se ve cada vez más conmocionada.
Un abuelo viajaba en moto con sus dos nietos, cuando fue abordado por dos delincuentes armados para rapiñarlo. El abuelo entregó la moto a los rapiñeros, sin resistencia alguna, pero le dispararon igual, provocándole la muerte en el lugar. Los únicos testigos del terrible crimen fueron los nietos de la víctima. No resistirse no aseguró nada. Lo ejecutaron vilmente.
Apenas unos días más tarde, otro uruguayo con su esposa llevaron a una amiga hasta la puerta de su casa y, ante la aparición de un delincuente que quiso rapiñarla, el hombre la quiso defender y recibió un disparo a quemarropa que le provocó la muerte instantánea.
La delincuencia parece haber reimplantado la pena de muerte. Roban y ejecutan a sangre fría. Ocurre en un escenario casi cotidiano, donde prácticamente no se ve patrullaje alguno. La calle parece ser tierra de nadie. O mejor dicho de la delincuencia. El tsunami de inseguridad azota en todos los barrios sin distinción alguna, pero mucho más a los más populares, que cuentan con menos recursos para vigilancia, rejas, alarmas, seguros, etc.
La ciudadanía siente que hay un Estado que no logra prevenir, que no disuade eficazmente, que no reprime y que no rehabilita (el 65% de los reclusos no trabaja, el 80% no estudia, más de la mitad -60%- reincide y hay un número altísimo de muertes en las cárceles –van 37 muertos en 10 meses-).
En la medida que le toca cada vez más a la población, ser víctima de un delincuente, es porque el Estado fracasó en su tarea de evitarlo. Es que no se está protegiendo a las víctimas. Y solo se dan consejos de cómo proceder en caso de que los asalten. Realmente inédito.
Cuanta gente ha sido asesinada a sangre fría, sin oponer la más mínima resistencia. Ya no se pierde “calidad de vida”, sino que directamente se pierde la vida. La gente vive con justificado temor e indefensión.
Tal vez lo que ocurre, es que aún no se ha entendido que el verdadero rol del Ministerio del Interior, no es dar explicaciones de por qué roban o asesinan, sino brindar seguridad. La función del Ministerio del Interior no es ser “diagnosticador” (explicar en estos casos, es peor que admitir el fracaso). Y aunque integra el Poder Ejecutivo parece responder al Poder Explicativo. Donde no corresponde que su tarea sea la de interpretar, dar explicaciones o diagnósticos y mucho menos el inadmisible reproche a la víctima, responsabilizándola por lo que le ocurrió. La gente quiere seguridad, quiere medidas concretas y no comentarios.
Los ministros del Interior no están para recomendar lo obvio o dar consejos sobre cómo actuar ante las consecuencias de su mala gestión. Están para resolver, o por lo menos para ensayar cambios para tratar de mejorar.
El camino elegido no ha dado resultados y sin embargo se persiste. Se ha fallado en proteger a la gente, pese a contar con mayorías parlamentarias, con bonanza económica, con un presupuesto extraordinario, y hasta con el apoyo de la oposición -para votar normas en materia de seguridad-.
Como consecuencia, los uruguayos viven en un país más inseguro, con más delitos -más violentos y más letales- y más impune. La inseguridad es como una sombra que los acompaña en todo momento. La impresión que tiene la ciudadanía es que los delincuentes se apoderaron de las calles, golpean sin miedo, y sienten que nadie les pone límites.
Los delincuentes de antes eran ladrones, mientras que los delincuentes de hoy se han transformado en asesinos, bajo ese razonamiento tiene que sobrevivir la ciudadanía. Donde, cada crimen, implica toda una familia destruida por la delincuencia, o dejando secuelas difíciles de superar.
El flagelo del crimen se transformó en una zafra delictiva permanente. Angustiante escenario. Y no se le puede dar la espalda a esta realidad. Si bien no es posible recuperar a las víctimas, sí se puede honrar sus vidas evitando que les pase a otros.
Como señalaba recientemente el analista político y periodista, Esteban Valenti: “Actualmente la población siente que está en lista de espera para ser robada o asesinada por la inseguridad”.
La delincuencia no nació con los últimos gobiernos, pero sí germinó y proliferó para convertirse en un problema acuciante. El gobierno no tiene la culpa de la existencia de la delincuencia, pero sí es responsable de no combatirla eficazmente.
Como en otros órdenes de la vida, a las personas no hay que juzgarlas por lo que dicen, sino por lo que hacen. Las “buenas gestiones” se miden y valoran por los resultados y no por lo que se expresa o promete. En el tema de seguridad pública, el Ministerio del Interior no ha logrado exhibir resultados. En estas situaciones tan extremas, si no se es parte de la solución, se es parte del problema.
Las acciones inmediatas a fin de comenzar a revertir la situación de inseguridad y el desamparo que sufre la población, deberían encaminarse a tres aspectos básicos del rol efectivo que debe cumplir el Ministerio del Interior:
Prevención y Disuasión = Desarrollando un patrullaje intensivo (preferentemente planificado sobre un despliegue policial por cuadrícula o cuadrante). Potenciando las Comisarías del barrio como centro neurálgico de la descentralización y monitoreando con indicadores de resultados, eficacia y respuesta. A su vez analizar el comportamiento delictivo (mapa delictual geo-referenciado).
Represión = Evitar la impunidad por medio del mayor esclarecimiento de los delitos -capturar y llevar a la Justicia con pruebas, a fin de lograr el correspondiente procesamiento-. Implica por ende, potenciar las investigaciones y la inteligencia policial, para dar con los autores y aclarar los delitos.
Rehabilitación = Bajar la tasa de Reincidencia, a través de la enseñanza, la formación y la exigencia, para una vida de inclusión para cuando los reclusos recuperen su plena libertad.
En suma, en un país de apenas tres millones y con una ciudad capital de solo un millón y medio, es increíble que no puedan resolver el tema de la inseguridad. Si no se cambia el rumbo, si no se implementan medidas efectivas contra la delincuencia, el desamparo de la gente continuará y la situación tenderá a agravarse.
(*) Director del Observatorio en Seguridad de Fundapro
