Por Daniel Martínez Escames (*) | @D_Martinez71
Los que promueven la derogación de 135 artículos de la LUC prefieren a los delincuentes. Aunque la afirmación parezca muy dura y hasta desatinada, apenas analicemos los artículos que se pretende derogar de la sección Seguridad Pública de la LUC, así como los fundamentos que se utilizan para ello, veremos que esa dureza está basada en la realidad.
No fue sencillo encontrar escritos de las pretensiones de los voceros del PIT-CNT ni del Frente Amplio al respecto, pues optaron por el griterío y las consignas demagógicas para exponerlas. Y, por supuesto, no presentaron ante la ciudadanía el texto de las normas de la LUC que cuestionan. Aunque criticaban su desconocimiento, no colaboraron para que se conocieran, seguramente porque en realidad no les importa. Tan solo quieren oponerse.
Hay que hacer honor a las dos únicas excepciones que encontramos: 1) un prolijo cuadro de la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay adjunto a su Boletín del 13 de febrero de 2021, en el que convoca a firmar por el referéndum; y 2) un artículo en La Diaria del 26 de junio de 2021, escrito por Enzo Adinolfi, Mathías da Silva y Natalia Uval.
Basados en estos elementos veamos cuáles son los cuestionamientos y, por lo tanto, qué prefieren los promotores del referéndum.
No quieren que se aumente la posibilidad de defenderse de la acción de los delincuentes por parte de los ciudadanos ni de la policía, ni que se castigue la resistencia al arresto. Se ve claro que se defiende a los delincuentes.
No quieren que se castigue al encubrimiento ni a la destrucción de bienes de la policía o de las cárceles. Otra vez, a favor de los que delinquen.
No quieren que se castigue el agravio, el ataque a los policías y las fugas de los presos. Tampoco quieren que la policía tenga dos horas más para interrogar antes de comunicarse con las fiscalías. Está claro que prefieren a los delincuentes por encima de quienes defienden a los honestos.
Se oponen a que la policía pueda registrar y pedir documentos a los sospechosos. No les importa que los ciudadanos que nada tienen que ocultar no se molesten por ser registrados. Esto preocupa solo a los delincuentes.
Se oponen a que el beneficio de la libertad anticipada no se pueda aplicar a quienes cometieron rapiñas -algunas con secuestro de personas-, copamientos y extorsiones. Está bien claro que defienden a los delincuentes que cometen estos delitos.
Quieren derogar el aumento de las penas en los casos de delitos de abuso sexual y violación y los de narcotráfico que la LUC hace inexcarcelables. También se oponen a que se dupliquen las penas a los adolescentes en el caso de los delitos de violación, abuso sexual y homicidio, a que se extienda el máximo de sus penas a 10 años y a que se mantengan sus antecedentes penales en caso de delitos gravísimos. Cada vez queda más claro a quiénes defienden los promotores del referéndum.
En forma genérica, se oponen a todo elemento que fortalezca la acción policial, como, por ejemplo, la “presunción de legitimidad” de la actuación policial, que señala que, “salvo prueba en contrario, se presume que la actuación del personal policial en ejercicio de sus funciones es acorde a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes”.
Debemos preguntarnos entonces: ¿A quién beneficia la debilidad de la policía? Seguro que no a los honestos.
Proponen la derogación del artículo que habilita el derribo de aeronaves en fuga como último recurso. Parece que no les preocupa que esos aviones transporten drogas y prefieren que el narcotráfico quede sin castigo.
Queda totalmente claro que las derogaciones que pretenden los dirigentes del PIT-CNT y del Frente Amplio benefician a los delincuentes. Quieren retornar a los niveles de inseguridad pública que se vivieron durante los 15 años del gobierno frentista.
Esa inseguridad que produjo el hartazgo de la gente de bien, una de las razones por las que perdieron las elecciones hace casi dos años. Esa derrota que les produce ira y deseos de perjudicar en todo lo que puedan a nuestro gobierno de coalición.
Esa derrota que hoy, con desesperación, ven que se consolida en la aceptación popular del gobierno de la coalición multicolor que, entre otras cosas, con la LUC cumple con el compromiso asumido en la campaña electoral.
La disminución de los delitos que se consolida mes a mes es uno de los motivos del apoyo que recibe el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou y, por eso, quieren eliminar una de las razones de esa reducción. La vigencia de la LUC tiene mucho que ver con ese logro y no conocemos críticas de los ciudadanos de bien sobre su aplicación. Solo se oponen a ella los delincuentes y quienes los prefieren.
Los éxitos de la acción policial en contra del crimen tienen en la LUC gran parte de su razón, por el extraordinario apoyo que mediante su aplicación recibió la policía de manos del recordado y querido Jorge Larrañaga y ahora de su sucesor, Luis Alberto Heber. Esos éxitos producen enojo en los que prefieren a los delincuentes y, por eso, quieren destruir la base legal que los motivan.
Somos conscientes de que este artículo se aparta de lo “políticamente correcto”, estilo tan de moda y que, confesamos, no es de nuestro agrado. Sobre todo, cuando debemos enfrentar una campaña llena de mentiras y ocultamientos, que tiene un artero móvil que se esconde detrás de lo que se presenta a la consideración de los ciudadanos con un ropaje falso de “defensa de los derechos”.
Sepa la ciudadanía que los derechos que se pretende defender son los de los delincuentes y no los de la gente honesta. Y que, por eso, la dirigencia del PIT-CNT y del Frente Amplio no logrará derogar los 135 artículos de la LUC, como desean. Estamos totalmente seguros.
(*) Diputado por Montevideo – Lista 71 – Partido Nacional.
