Por Iván Posada (*) | @IvanPosada33
El recuento de las firmas que plantean un referéndum revocatorio de 135 artículos de la Ley N° 19.889 (Ley de Urgente Consideración), de 9 de julio de 2020, sigue avanzando sin sorpresas, en el ámbito ineluctable de la Corte Electoral.
Todo parece indicar que si se mantiene el porcentaje de descarte que se ha registrado hasta el presente y el ritmo actual de verificación de las firmas, en los primeros días de diciembre, la Corte Electoral proclamaría que la iniciativa promovida por el PIT-CNT y el Frente Amplio fue interpuesta en tiempo y forma, convocando dentro de los 120 días siguientes a la instancia de referéndum.
Desde la reinstauración democrática en 1985, el instituto del referéndum previsto en el inciso segundo del artículo 79 de la Constitución de la República, ha sido un mecanismo al que hemos recurrido invariablemente los uruguayos para dirimir instancias cruciales donde han estado en debate los derechos humanos o la propiedad de las empresas públicas.
En especial, el referéndum contra la ley que consagró la impunidad de los delitos de lesa humanidad cometidos por militares y policías hasta marzo de 1985 y el promovido contra buena parte de la ley de empresas públicas, constituyen mojones siempre presentes, donde la convocatoria a la ciudadanía se fundaba en un cruce de caminos en el que su pronunciamiento resultaba ineludible.
No es el caso de esta Ley de Urgente Consideración (LUC). La LUC no contiene ninguna norma que afecte los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República y en los tratados internacionales que nuestro país ha ratificado. Tampoco se afectan los derechos sindicales consagrados en la carta magna y en los más de 100 convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por ley. Y por cierto, ninguno de los artículos impugnados menoscaba la propiedad de las empresas públicas ni de los monopolios del Estado consagrados por ley. En realidad, ninguno de los artículos impugnados refiere a temas cruciales para nuestra República.
Cabe preguntarse entonces, ¿cuáles son las razones que animan a los impulsores de este referéndum? Al margen de la consideración puntual que nos merezcan los artículos impugnados, su pertinencia o conveniencia es parte del debate político que como tantas otras cuestiones se dirime en el ámbito legislativo, representativo de la voluntad ciudadana expresada en este caso el último domingo de octubre de 2019. Las razones del referéndum hay que buscarlas en los objetivos estratégicos y tácticos trazados por el PIT-CNT y el Frente Amplio.
El impulso primigenio del referéndum contra la LUC fue planteado por el sindicato FANCAP una semana después de la aprobación de la referida ley. En los fundamentos de su propuesta establece con claridad sus objetivos: “estrategia de acumulación, organización y resistencia al modelo neoliberal, antipopular y autoritario que representa la coalición de gobierno”. Y agrega: “es un elemento táctico de organización y acumulación política para los intereses de la clase trabajadora, y una herramienta que posibilita la confrontación ideológica y la disputa por la subjetividad desde la perspectiva de la batalla cultural”.
Más claro, echarle agua. El referéndum contra la LUC es simplemente una excusa para buscar una instancia de confrontar la gestión de gobierno, en base a agravios y descalificaciones, repitiendo el mismo sonsonete de siempre, con conceptos perimidos hace más de una década, al menos en Uruguay, y especialmente después de 15 años de gobierno del Frente Amplio.
El gobierno de coalición encabezado por Luis Lacalle Pou no puede ser tildado de autoritario. Por el contrario, en plena pandemia, cuando desde el Frente Amplio o alguna de las organizaciones civiles afines reclamaban que se dispusiera una cuarentena obligatoria, el gobierno sostuvo con firmeza el concepto de libertad responsable, confiando en la respuesta de los uruguayos ante la crisis sanitaria. Si el gobierno se hubiera hecho eco de esas propuestas, las consecuencias económicas y sociales hubieran sido nefastas, como lo revela la situación de aquellos países que adoptaron ese tipo de medidas.
Tampoco se puede decir que este gobierno de coalición es neoliberal. En primer lugar, porque no existe un proyecto refundacional. Por el contrario, el gobierno ha dado muestras claras de su intención de proseguir en un proceso de acumulación en base a logros y esfuerzos de políticas públicas que vienen de los gobiernos anteriores, y en particular, de los gobiernos del Frente Amplio. No existe un proyecto de desmontar el estado de bienestar. Sí hay, un claro objetivo de mejorar la gestión, con más eficiencia y un mayor cuidado de los dineros públicos.
El ejemplo más claro es el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), sobre cuya base se construyó la exitosa estrategia de respuesta sanitaria a la pandemia y los procesos que se encaminan a una creciente complementación de servicios entre ASSE y el Hospital de Clínicas.
Menos aún puede calificarse a este gobierno como antipopular, especialmente porque durante estos dos años de pandemia las transferencias sociales han sido extraordinarias. De los 727 millones de dólares de gastos derivados de la pandemia en que incurrió el Fondo Solidario Covid-19 en el año 2020, 416 millones de dólares se destinaron a las políticas sociales que se implementaron en apoyo a las familias más vulnerables y a sostener los vínculos con el trabajo a través de los seguros de desempleo. No hay antecedentes inmediatos de un esfuerzo tan extraordinario como éste que hizo el Estado uruguayo frente a la pandemia. Pero el esfuerzo no se detuvo. En 2021, se estima que de los 980 millones de dólares que insumirá como gastos el Fondo Solidario Covid-19, 560 millones de dólares se destinarán a las familias más vulnerables, a la reactivación del empleo y al mantenimiento de los vínculos laborales.
El relato que pretende construir FANCAP para fundamentar la iniciativa de referéndum no se sostiene. Se cae solo ante la realidad de los hechos. Está claro que las razones del Frente Amplio para impulsar el referéndum contra la LUC no son muy distintas a los fundamentos expresados por FANCAP, aunque sí derivan de causas más profundas.
El Frente Amplio está en el momento más crítico desde la reinstauración democrática. El lamentable fallecimiento del Dr. Tabaré Vázquez, la renuncia de José Mujica al Senado y la ausencia de Danilo Astori por razones de salud, dejan al Frente Amplio sin liderazgos, con dificultades notorias de conducción que se manifiestan en una serie de reiterados errores tácticos en su posicionamiento frente al gobierno, que muestran que han perdido la brújula. La apelación a la candidatura de Fernando Pereira, uno de los principales conductores del PIT-CNT, es una manifestación notoria de que en el ámbito político partidario no hay quién reúna los apoyos suficientes para asegurar la conducción política.
Hay un ejemplo que rompe los ojos y que muestra las consecuencias de las arduas disputas internas. El gobierno departamental del Ing. Daniel Martínez fue sin duda exitoso, especialmente por haber desarrollado un ambicioso programa de obra pública vial. De hecho, ese antecedente le valió para ganar con holgura las internas del Frente Amplio que lo nominaron como su candidato a la Presidencia de la República. Perdió el balotaje en un final apretado por algo más de 30 mil votos. Sin embargo, el activo político construido en tan poco tiempo por Daniel Martínez no se sostuvo. Quien había sido candidato a la Presidencia de la República no calificaba para repetir su mandato como intendente de Montevideo. Se lo fagocitó la interna y lo incineraron en un solo acto.
Por eso el Frente Amplio necesita desesperadamente esta instancia de referéndum. Necesita unirse en pos de un objetivo, poner en cuestión al gobierno para disimular sus carencias internas y la ausencia de un liderazgo cuya definición se postergará indefectiblemente hasta las próximas internas de 2024. Y eso el Frente Amplio lo sabe y debe disimularlo a como dé lugar.
Seguramente a fines de marzo o principios de abril próximos, el pueblo uruguayo tendrá la oportunidad de juzgar esta gestión de gobierno para decirle “NO” a este referéndum contra el gobierno, que la mayoría de los uruguayos elegimos para conducir los destinos de nuestra República, hace menos de veinticuatro meses, y que algunos, lamentablemente, todavía no terminan de aceptarlo.
(*) Diputado por Montevideo – Partido Independiente
