Las medidas que el gobierno prevé establecer con el objetivo de otorgar un alivio fiscal a las mipymes ubicadas en las zonas fronterizas son “totalmente insuficientes” y deberían enmarcarse en una política de fronteras “más amplia”. Así lo afirmaron a CRÓNICAS legisladores del oficialismo y la oposición en representación de departamentos limítrofes con los países vecinos. También plantearon que urge generar otros estímulos por la apertura de fronteras que se avecina, prevista para el 1º de noviembre.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
A fines de setiembre, el Poder Ejecutivo informó que se implementará una serie de medidas para reducir tarifas, otorgar beneficios tributarios y exonerar aportes a las micro, pequeñas y medianas empresas situadas en las fronteras con Argentina y Brasil.
En vista de la apertura de los puentes que se aproxima y de la considerable diferencia cambiaria con los países vecinos, el gobierno busca alivianar la carga tributaria de los comerciantes de las zonas fronterizas. Las disposiciones en cuestión estarán vigentes por un año, según comunicó en conferencia de prensa el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.
El jerarca explicó que los estímulos están dirigidos al comercio minorista, cuyos ingresos brutos en el último ejercicio, antes de la vigencia de la ley, no hayan superado los cuatro millones de Unidades Indexadas, es decir, unos $ 20 millones de facturación por año. Además, deberán estar ubicados a no más de 60 kilómetros del paso de frontera.
Con esta iniciativa se procura “darles competitividad y una mejora en los costos operativos y fijos” a los comercios de la zona.
En lo que respecta a las tarifas públicas, se prevén bonificaciones en telefonía fija del 25% de los cargos fijos de Antel. En el caso de UTE, la reducción será del 100% de los cargos fijos y por potencia contratada para empresas que consuman menos de 40 kilovatios. En tanto, OSE también realizará exoneraciones de los cargos fijos para las mipymes.
El proyecto de ley elaborado por el Ejecutivo fue aprobado la semana pasada por el Parlamento. Sin embargo, legisladores de los partidos mayoritarios consideran que los incentivos incluidos en la iniciativa no serán suficientes y deberán ser complementados con otras políticas.
Un problema multicausal
De acuerdo con el diputado de Río Negro por el Partido Nacional, Eduardo Lorenzo, esta batería de medidas configura un “primer paso”, pero, puesto que el problema de las fronteras es “multifactorial”, no podrá solucionarse con una sola ley.
El nacionalista aseguró que existe preocupación por el tema por parte del Poder Ejecutivo y del Legislativo. De hecho, el Parlamento conformó dos comisiones especiales de fronteras: una para el límite con Argentina y otra con Brasil, pues se trata de “dos realidades diferentes”.
Una decisión importante que tomó el gobierno, agregó, fue haber mantenido el descuento de los combustibles en las zonas fronterizas pese al cierre de los puentes.
En lo que refiere a la nueva ley, el parlamentario sostuvo que no es lo que todos esperaban, aunque “apunta a uno de los eslabones de esa cadena de consumo que son las mipymes, que no son pocas, que son generadoras de muchas fuentes de trabajo, por lo cual un alivio fiscal es un comienzo importante”.
Una de las críticas del sector empresarial a esta normativa es que no logrará impactar en el bolsillo del consumidor. No obstante, Lorenzo comentó que esa es una arista del problema en la que todavía se está trabajando.
Una de las posibilidades que se maneja en ese sentido es descontar un porcentaje de IVA o Imesi a determinados productos a través de las tarjetas de crédito y débito –tal como se hace hoy con las naftas-.
Otra disposición que está sobre la mesa es establecer un régimen en la órbita de la Dirección Nacional de Aduanas que desestimule el consumo del otro lado de las fronteras. De todas maneras, la diferencia cambiaria con los países vecinos es “tan grande” que sería complicado de implementar, según el representante nacional.
El cierre de los puentes con Argentina, producto de la pandemia, permitió que se pudiera evaluar “cuánto dinero se iba para el otro lado, y así fue que los comercios en el territorio uruguayo aumentaron más de un 30% las ventas”, graficó.
Impacto en los precios
Por su parte, Juan Carlos Moreno, diputado de Paysandú por el Partido Colorado, argumentó que, si bien está a favor del proyecto recientemente aprobado, “es insuficiente”. Desde hace varios meses que la fuerza política que integra viene solicitando que en las zonas limítrofes haya un impacto directo en el bolsillo del consumidor a través de las tarjetas de débito y crédito, y que se destinen recursos a las personas más desamparadas.
Específicamente, lo que pretenden es “trasladar” a los productos de la canasta básica la experiencia “positiva” que se ha tenido hasta el momento con la rebaja de los combustibles.
Los colorados también han reclamado el fortalecimiento del Ministerio de Defensa para el control de las aguas, por el contrabando que sigue ingresando al país por medio del río, señaló Moreno.
El legislador vaticina que cuando se abran los puentes y el tráfico vecinal vuelva a la “normalidad”, los comerciantes uruguayos de las fronteras estarán ante una grave complicación por la gran diferencia de precios con Argentina.
A pesar de que la realidad en el límite con Brasil es distinta, porque está unido al Uruguay mediante ciudades binacionales y eso hace que los pasos fronterizos no puedan cerrarse, los empresarios, de igual modo, padecen una considerable pérdida de competitividad frente al vecino país y aspiran a que se minimice.
Incentivos que no mueven la aguja
Para la diputada de Rivera por Cabildo Abierto, Nazmi Camargo, las medidas son “bienvenidas”, porque alivian un poco la carga de costos fijos que tienen las empresas, pero, al mismo tiempo, son “totalmente insuficientes” porque no se verán reflejadas en una baja de precios que beneficie a los consumidores.
En definitiva, “no van a mover la aguja de la economía de las fronteras ni van a generar empleo del lado uruguayo, que es lo que necesitamos”, lamentó. En la misma línea, expresó que los índices de pobreza y desarrollo en esas zonas siempre son los más elevados en comparación con el resto del país.
Si bien los estímulos son “buenos”, tendrían que estar dentro de una política de fronteras “más amplia”, opinó. A ese respecto, mencionó el proyecto de ley que presentó Cabildo el año pasado y que recientemente fue unificado con el del senador blanco Sergio Botana. El primero apunta a descontar impuestos a ciertos artículos de consumo, mientras que el segundo permite la micro importación de productos con un tope asociado a la cantidad de funcionarios que tenga la empresa.
Una política de fronteras definitiva
El diputado de Artigas por el Frente Amplio, Nicolás Lorenzo, concuerda con sus pares del oficialismo en que la iniciativa elaborada por el Ejecutivo no es suficiente y no va a implicar cambios significativos. Inclusive, manifestó que lo máximo que los comerciantes pueden llegar a obtener es un 6% de exoneraciones, suma que “no alcanza” para ser competitivos con Brasil y Argentina.
“Cuando se abran las fronteras y el turismo repunte, las compras van a empezar a entrar cada vez más al lado uruguayo, y ahí competir con un 6% va a ser imposible”, dijo, sobre todo, teniendo en cuenta que en los países vecinos los productos y servicios cuestan la mitad y hasta un tercio que en Uruguay.
Es por esto que el partido opositor propone la generación de una política de fronteras “contundente”, como se hizo durante el primer gobierno del expresidente Tabaré Vázquez con la quita de Imesi de las naftas, lo que se mantiene al día de hoy, ejemplificó.
Lorenzo recordó que en febrero de este año la fuerza política presentó un proyecto en la Cámara Baja tendiente a mitigar el impacto de la apertura de fronteras, aunque en ese momento no se sabía cómo evolucionaría la pandemia. El texto normativo fue enviado a la Dirección de Asuntos de Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores para averiguar si era viable, y esa dependencia estatal le dio el “visto bueno”.
La propuesta tiene como objetivo establecer la devolución de IVA y de Imesi en algunos productos, además de una rebaja de las tarifas públicas. Estas últimas “han subido enormemente en este año y medio, y del otro lado de las fronteras son mucho más baratas, por lo cual muchos comerciantes uruguayos prefieren instalarse allí”, aseveró el legislador frenteamplista.
