En una interpelación sin precedentes en la historia del Parlamento, el actual presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, compareció ante la bancada oficialista del Senado para dar estado parlamentario y revelar información, hasta el momento confidencial, en torno al Antel Arena. El presidente del ente de las telecomunicaciones aseguró que para defender la constitucionalidad de su construcción, las pasadas autoridades de Antel se basaron en un informe de “falsa autoría” que se atribuyó al Instituto de Derecho Constitucional (IDC) de la Facultad de Derecho (FDER), pero fue firmado únicamente por su director de aquél entonces Alberto Pérez Pérez. En diálogo con CRÓNICAS, la senadora por el Frente Amplio, Liliam Kechichian aseguró que “no es cierto lo que Gurméndez informó al Parlamento” y envió la decisión que figura entre los asuntos entrados en la Facultad de Derecho en 2013 donde se toma conocimiento del informe elevado por el IDC. Sin embargo, en respaldo de las palabras de Gurméndez, el Instituto de Derecho Constitucional envió una nota al titular de Antel afirmando que tal acta no cumple con las formalidades como para pertenecer al instituto.
“Al asumir nos encontramos con una enorme demanda de información sobre el Antel Arena”, afirmó el actual presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, quién aseguró que en la empresa pública hubo “muchos años de secretismo y opacidad”.
El titular de la empresa pública denunció que el «modus operandi» fue declarar todo reservado y destacó que en mayo de 2019, más allá de que todas las decisiones relacionadas al Antel Arena ya tenían esta carátula, se declaró nuevamente todo reservado por 10 años más.
“Bajo este velo de secreto, se ignoraron todos los mecanismos de contralor constitucional: los parlamentarios, los accesos a la información, las observaciones del Tribunal de Cuentas y de la Unidad de Acceso a la Información Pública. Nosotros levantamos la reserva de la información del Antel Arena, derogamos las resoluciones anteriores y manifestamos nuestra voluntad de dar respuesta a todos los pedidos de informes y accesos a la información pública”, afirmó Gurméndez.
Durante su comparecencia, el titular de Antel se refirió a la falsa autoría de un dictamen presuntamente realizado por el Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, que se usó para justificar la constitucionalidad de la construcción del Antel Arena cuando se cuestionaba que la construcción del estadio estuviera dentro de los cometidos de la empresa pública.
“Este dictamen del Instituto de Derecho Constitucional era el que podía tener mayor valor porque no era una consulta paga a un profesional que informaba y es el que trató de justificar el obrar anticonstitucional e ilegal de Antel desatendiendo las observaciones del principio de especialidad del artículo 190 de la Constitución de la República”, dijo Gurméndez en el Senado y añadió que en ánimo de contestar esta pregunta “nos dirigimos hace algunas semanas por oficio a la Facultad de Derecho, al instituto de Derecho Constitucional y recibimos una respuesta bastante impactante”, dijo y puntualizó: “Sobre el dictamen que, en su momento, aquí en sala se estableció como que era la cima académica en materia de la justificación de la constitucionalidad del Antel Arena,del Instituto de Derecho Constitucional, nos dice que, revisadas las actuaciones, ese informe no luce la firma de su secretario de la época, que no existen en el Instituto actas en las que se haya analizado el tema de la consulta de la constitucionalidad del Antel Arena, que consultados quienes integraban la sala en aquel momento ninguno participó ni tuvo conocimiento alguno de la consulta redactada y firmada por el Dr. Pérez Peréz” (ver documento 1).
Consultada al respecto ante la gravedad de la denuncia de Gurméndez, la senadora del Frente Amplio Liliam Kechichian respondió: “Cualquiera que tenga interés de corroborarla va a verla (el acta), yo la tengo (ver documento 2)”.
La legisladora apuntó que la decisión tomada en noviembre de 2013 figura entre los asuntos entrados en la Facultad de Derecho. “Este tema venía del Instituto de Derecho Constitucional y fue aprobado por 12 de 12”, dijo. “Realmente lo que dijo Gurméndez, además de ser una terrible falta de respeto a alguien que ya no está como el Dr. Pérez Pérez, que fue un Grado 5 prestigioso en el Uruguay, no es cierto lo que informó al Parlamento”, añadió, e invitó a “mirar el acta del Consejo Central de la Universidad de la República en donde se aprueba 12 en 12″.
Kechichian se refiere a la resolución número 62 del Consejo de la Facultad de Derecho con fecha del 14 de noviembre de 2013. Sin embargo, una nota oficial enviada por el IND a Gurméndez el 3 de noviembre de 2021 asegura que en la resolución número 78 del 28 de noviembre del mismo año se resolvió modificar la resolución 62 (5 en 11). En la misma línea, el documento apunta que la consulta dirigida a la decana de la Facultad de Derecho Dora Bagdasarian efectivamente está firmada por Pérez Pérez pero no por el secretario de la época Luzardo Martínez lo que demuestra que, al menos, una de las formalidades necesarias para que el dictamen fuera considerado del Instituto no fue cumplida. Además, la respuesta al pedido de información de Antel sentencia: “No hay registros en el Instituto de Derecho Constitucional sobre Actas en las que haya analizado el tema de la consulta formulada por Antel en el año 2012”. (ver documento 3).
