A pesar de numerosos intercambios con el gobierno y los ministerios correspondientes, el comercio fronterizo no ha recibido apoyo en materia de medidas concretas que mitiguen el efecto de la diferencia cambiaria. Los centros comerciales de ciudades del litoral que miran al Río Uruguay volvieron a reunirse en pos de unir fuerzas para “lo que se viene”, según informaron algunos de sus integrantes a CRÓNICAS. “La pelota está en cancha del gobierno, no hay mucho más que podamos hacer, sólo prepararnos”, resumió Diego Pérez, presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Río Negro.
Por Ariana Vezoli | @ArianaVezoli
“Estamos preocupados. Vemos que en cualquier momento la pandemia llegará a su fin, no habrá que hacerse exámenes para circular de una orilla a otra por los puentes, entonces vamos a volver a lo de antes, el comercio local va a ser castigado nuevamente por el contrabando que entra desde el otro lado”, dijo esta semana a CRÓNICAS un comerciante de Salto, que no ocultó su angustia por esta situación. Y en ese escenario, no ven que el gobierno esté analizando medidas para proteger a los negocios legalmente instalados.
Hace dos años, con el cierre total de las fronteras, los centros comerciales del litoral han logrado medir el impacto real que tiene el contrabando en la zona.
Las mediciones indicaron que un mínimo del 30% del consumo local se genera en Argentina en condiciones habituales, en términos históricos.
Pero además, se crearon nuevos negocios -fundamentalmente gastronómicos-, y se mantuvo el nivel de empleo, mientras que en el resto del país este indicador iba en picada.
En otra perspectiva, si bien se mantienen varias restricciones para el paso fronterizo, estas han ido disminuyendo con el tiempo y se prevé que desaparezcan en un tiempo no muy lejano, lo que hizo encender las alarmas de los comerciantes locales.
Con el cometido de dar visibilidad a la problemática, CRÓNICAS dialogó con Vera Facchín, presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto (CCIS); Juan Della Corte, directivo y referente en política de fronteras del Centro Comercial e Industrial de Paysandú (CCIP); y Diego Pérez, presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Río Negro.
Menos charla y más acción
Los tres representantes coincidieron en que la actual administración de gobierno ha tenido mucha apertura a la hora de recibirlos y escuchar sus preocupaciones y propuestas.
Sin embargo, hoy que cuentan con números exactos del impacto que genera el contrabando, existe preocupación porque desde el Ejecutivo no han obrado concretamente para redimir la situación y hacer que ese 30% de consumo extra se quede en Uruguay.
“Medimos para que existan datos de la región y no se vea al interior como una sola cosa. Es necesario entender bien la circunstancia y la problemática de cada departamento, porque la coyuntura hace que se desarrollen de manera diferente”, explicó Della Corte.
Con estos datos objetivos, que nunca se habían podido medir, y la diferencia cambiaria tan marcada con la moneda argentina, representantes de los centros comerciales de Bella Unión, Salto, Paysandú y Río Negro llegaron a Montevideo, en octubre del año pasado, para reunirse con autoridades del gobierno.
En esa instancia se les presentó un borrador que apuntaba a ser la base de un nuevo proyecto de ley, con medidas que alienten el consumo local, principalmente en productos de canasta básica, además de diversos mecanismos que permitan la importación directa por parte de pequeños comerciantes con beneficios impositivos al ingresar la mercadería al país.
“El borrador constaba de dos medidas principales. La primera era la importación directa para mipymes, permitiéndoles hacerlo solamente pagando IVA, y no el resto de los impuestos; esto siempre y cuando la mercadería se comercialice dentro de las ciudades limítrofes. El segundo refería al descuento del IVA en los productos de la canasta básica, al igual que se hace con la nafta, instrumentándose la medida de la misma forma al pagar con tarjeta. Obviamente que las medidas no son suficientes, pero la preocupación es la falta de instrumentación desde que se han presentado”, explicó Pérez.
Si bien este tipo de iniciativas han sido solicitadas por los centros comerciales de forma histórica, el año pasado se vieron encuadradas dentro del proyecto de ley que presentó el Senador Germán Coutinho -al que aún no se le ha dado demasiado tratamiento-.
Desde el gobierno, y principalmente desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que es la unidad competente, tampoco ha habido alguna propuesta o iniciativa.
Una de las medidas planteadas ya ha sido implementada en el ámbito de los combustibles desde hace algunos años y se han visto resultados positivos.
“Tomamos la experiencia de los combustibles, que supone una renuncia fiscal en términos relativos. Pero en la recaudación hoy se obtiene más que antes. En suma, el gobierno vende más combustible. Esta experiencia echa un poco de luz sobre el tema. Lo que queremos es bajar una parte de la carga tributaria, la que se pueda, trabajando en línea con importadores y fabricantes locales”, subrayó el representante sanducero.
Reinventarse para sobrevivir
“La forma de competir es generando más y mejores servicios de este lado, porque apostar al precio es imposible por más medidas que se tomen. Hoy la pelota está en la cancha del gobierno”, reflexionó Pérez.
Los representantes de los centros comerciales van más allá que conformarse solo con medidas que favorezcan económicamente. También piensan que se debe profesionalizar y crecer en calidad de servicios, ya que no ven factible alcanzar los precios del vecino país.
“Tengamos en cuenta que no solo se ven afectados los productos, sino también los servicios en esta dinámica de frontera; y las soluciones deben ir en ese sentido”, relacionó Facchín.
Control de daños
Con el tiempo corriendo en su contra, los comerciantes entran en la “fase de desesperación”, según las declaraciones de Della Corte.
“Cuanto más nos acercamos a la normalidad en el tránsito internacional, más preocupados estamos. Sabemos que va a ser imposible de contener y ya conocemos el daño que va a generar localmente.
Eso repercute no solamente en menos ventas, sino que genera un desempleo que es imposible de absorber en otro lado. El planteamiento hoy es esperar resultados desde el MEF. Se nos han abierto espacios y participación como nunca antes, hemos intercambiado borradores todo el tiempo para llegar a algo, siempre con urgencia del lado privado, que es la que le impone el ritmo a las cosas, pero tampoco podemos hacer mucho con los tiempos del Estado. Hace dos años comenzamos a tratar el tema, y estamos en cero”, reclamó el representante de Paysandú.
Además, llamó a sus compañeros a ocuparse de las empresas antes de que “la ola” los alcance y no se pueda hacer nada.
La continua reducción del paquete inicial de medidas sanitarias aún no ha podido ser medida en su impacto al comercio, pero simplemente ver el aumento del flujo internacional ya asusta a los afectados.
“De alguna manera, como gremiales empresariales, sabíamos que debíamos esperar la evolución de la pandemia, pero cada vez se nos hace más inminente el shock que pueda tener una apertura de fronteras con la gran diferencia cambiaria existente, que es la mayor en 20 años”, concluyó por su parte Facchín.
Durante esta semana CRÓNICAS intentó conseguir la palabra de las autoridades del MEF y conocer de primera mano en qué está el tema planteado por los centros comerciales y si se ha avanzado en algo por parte de esta administración sobre las diferentes propuestas puestas sobre la mesa en la reunión de octubre, pero estas declinaron hacer declaraciones al respecto.
