Por: Charles Carrera (*) | @ChCarreraLeal
Hablar una y otra vez de los “supuestos” buenos resultados en materia de seguridad y que estos se deben a la LUC, hace parte del discurso del gobierno para justificar la no derogación. Sin duda, una “mentira repetida mil veces”, que a pesar de los dichos de Joseph Goebbels (líder de la propaganda nazi), no se convierte en verdad.
La mentira cae por su propio peso a la luz de la dramática situación que día a día viven los uruguayos. ¿Ha mejorado la seguridad con la LUC? ¿Han bajado los delitos? No, nada de eso ha sucedido y, con los niveles de movilidad normal luego de la pandemia, estamos sufriendo los más pronunciados aumentos en la delincuencia. Los números hablan por sí solos.
Con la LUC vigente y en todo su esplendor, crece la delincuencia y es toda una paradoja. ¿No será que la LUC no está logrando sus objetivos? ¿No será que la LUC no sirve para combatir el delito y, en cambio, empeora el desempeño de la policía? Para responder estas preguntas hace falta analizar seriamente cuáles fueron los efectos que tuvo la LUC en materia de seguridad. Pero haciéndolo desde la realidad y no desde el discurso.
Desde la aprobación de la LUC, se consolidó un proceso de desprofesionalización de la policía, algo que no se explica únicamente con la referida ley, sino también con la reducción de la inversión en materia de equipamiento e infraestructura y con la pérdida de salario del personal. Siempre creímos que a partir de allí se lograría promover la profesionalización de la policía: con buena infraestructura y con salarios dignos.
Por tanto, hoy en día la policía nacional se encuentra peor. La LUC ha generado un ordenamiento jurídico que no solo no mejora la seguridad, sino que le quita garantías a la gente. Las ambigüedades del nuevo procedimiento policial provocan reiterados abusos policiales y se multiplican las denuncias por todo el país. No lo decimos solo nosotros, lo afirma un relevamiento realizado por los defensores de oficio, quienes oportunamente lo informaron a la Suprema Corte de Justicia.
La creación de ciertos delitos, como el agravio a la autoridad policial o las modificaciones a la legítima defensa, también restan garantías. En el primer caso, aumentando la arbitrariedad, ya que no es otro que el propio funcionario quien determina el agravio. En el segundo caso, habilitando situaciones extremas donde el uso de un arma de fuego está presente, exponiendo a las víctimas a más riesgos antes que a mayores beneficios. Y en lo que respecta a la policía, la presunción de legitimidad de su actuación, lejos de aportarle en su defensa, lo aparta de su principal cometido que es aplicar la fuerza en cumplimiento de la ley, con el agravante de creerse que siempre estará amparado por dicha presunción, cuando no es así. Dan cuenta de ello varios casos que aún permanecen sin resolución sobre la actuación policial, como el joven abatido tras un abigeato, por ejemplo.
A la LUC, además, se suma la arenga promovida por las altas esferas del gobierno, insistiendo con mensajes de que “no hay que aflojar” o de la “mano dura”. Creen que con eso se respalda a los buenos funcionarios, cuando en realidad terminan justificando y alentando a los policías a que cometan los peores abusos.
La policía necesita equipamiento, salario digno, procedimientos claros y sistemas de control. Se precisa un sistema de rendición de cuentas, que es esencial en toda democracia. Desde Montesquieu concebimos las garantías democráticas desde su sistema de contrapesos y controles cruzados. Pero para eso se requiere un gobierno que dignifique al funcionario policial y no “arengarlo como hincha”. Una policía bien paga, con buena infraestructura y equipamiento. De todo eso adolece la gestión del gobierno y la LUC ratifica dichas falencias. Y, sobre todo, se necesita de un mando político claro que infunda respeto por convicción y no por miedo a no caer en gracia con la autoridad de turno.
(*) Senador del Frente Amplio.
