El Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio del Interior (Afumi) y el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) participaron de una reunión bipartita el pasado miércoles 6 en la que presentaron dos proyectos ante el Ministerio del Interior: uno de salud mental y otro de aumento salarial.
Uno de los ejes temáticos del encuentro se centró en buscar la manera de acelerar los procesos que restablezcan las potestades funcionales a los efectivos policiales tras las licencias médicas prolongadas, esto es, cuando el policía tiene el alta médica y se demoran meses en volcar al funcionario a sus tareas.
Ricardo González, secretario de Sifpom, entiende que “la salud mental es un problema grande que tenemos junto a las certificaciones médicas prolongadas”.
Según el entrevistado, la junta médica nacional que habilita a los funcionarios a retomar su labor está atrasada y el sindicato ha denunciado esta irregularidad ante el Ministerio, y entienden que la cartera trabaja en agilizar los trámites.
González también opinó respecto al resultado del referéndum e indicó que desde la asociación no apoyaron de manera directa a ninguna de las dos posiciones, pero que la Ley de Urgente Consideración (LUC) reivindica en los temas de seguridad a los efectivos policiales, principalmente en la legítima defensa presunta y en el delito de agravio a la autoridad policial.
Estas normas son reivindicadas por el sindicato en tanto lo entiende como marco normativo que ayude al trabajador policial a hacer su tarea con el aval jurídico.
Por otro lado, González entiende que respecto a la relación con el gobierno se estableció un buen diálogo. “En muchas cosas coincidimos, y en las que no se lo hacemos saber”, puntualizó.
Al mismo tiempo, el secretario recordó que los abusos policiales se dieron con todos los gobiernos, pero desde el sindicato se repudia cualquier tipo de exceso y no comparten cuando los funcionarios se salen de la línea. “”Si eso ocurre se los aparta, y si es afiliado se toman dos medidas: no se lo representa legalmente con el equipo jurídico y se lo borra de los padrones sociales por entender que cometió irregularidades que no ameritan estar afiliado a un sindicato. Sí defendemos al compañero de bien que todos los días sale a trabajar y hacer bien su tarea”, reflexionó.
