Dejar que Rusia invada Ucrania es abrir la puerta a la violación de las normas más elementales que hacen a la convivencia pacífica entre los países del mundo.
Por Luis Almagro (*) | @Almagro_OEA2015
La invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero y la ocupación de las oficinas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Managua por orden del gobierno de Daniel Ortega el 24 de abril tienen algo en común: son fruto de la decisión de dos gobiernos totalitarios que ignoran y pisotean el derecho internacional y hacen del abuso de los derechos humanos su pan de cada día.
Ambos países tienen una relación distinta con la OEA. Nicaragua es un Estado miembro y fundador de la organización y, si bien el año pasado denunció la Carta de la OEA, esta denuncia solo entrará en vigor a fines de 2023 y está sujeta a que para entonces este país haya cumplido con todas las obligaciones que el Sistema Interamericano les impone a sus miembros, en el respeto y cumplimiento de sus fines y propósitos.
Por su parte, Rusia es un país observador de la OEA que el 21 de abril fue suspendido por decisión del Consejo Permanente, “hasta que el gobierno ruso cese sus hostilidades, retire todas sus fuerzas y equipos militares de Ucrania, dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, y vuelva a la senda del diálogo y la diplomacia”.
Actualmente la OEA cuenta con 34 Estados miembros activos y 71 observadores permanentes (70 países y la Unión Europea).
Para entender la relación de Rusia con la OEA debemos retroceder a 1971, cuando durante su primer período de sesiones, la Asamblea General de la OEA reconoció la necesidad de asociar a los trabajos de la organización a países que por ser extrarregionales no podían ser miembros, pero con ellos compartíamos principios y valores comunes y por eso era importante asociarlos a nuestro trabajo.
La Carta de la OEA señala cuáles son los principios que regulan las relaciones entre Estados independientes y soberanos: el respeto al derecho internacional, a la integridad territorial, la solución pacífica de controversias, la prohibición del uso de la fuerza, la no intervención.
Es así como el Consejo Permanente de la OEA reconoce y mantiene relaciones de trabajo privilegiadas con los países que, acordando estos principios, fueron solicitando ser observadores permanentes. Ese fue el caso de Rusia en 1992.
Lamentablemente, hoy todos estos principios están siendo pisoteados por Rusia en la ilegítima invasión a Ucrania. Y ello a los ojos del mundo, incluidos todos quienes integramos la organización.
La Carta de la OEA también nos indica que la organización es, en asuntos de paz y seguridad internacionales, una organización regional dentro de las Naciones Unidas (ONU). A través de sus instancias principales, la organización universal ha condenado a Rusia. Lo han hecho la Asamblea General, la Corte Internacional de Justicia y otras agencias del sistema.
La invasión a Ucrania afecta la paz y la seguridad en todo el planeta. Permitirla, en el apoyo o en el silencio, es abrir la puerta a la violación de las normas más elementales que hacen a la convivencia pacífica entre todos los países del mundo. Pierde todo sentido el derecho internacional, dejan de tener razón de ser las organizaciones internacionales y pasa a valer solo la ley del más fuerte.
No podemos, en cumplimiento de nuestra propia Carta y como organización regional de las Naciones Unidas, dejar de pronunciarnos y adoptar las medidas que están a nuestro alcance para sancionar a quien viene actuando en violación del derecho de la paz, de la seguridad, del derecho humanitario y del derecho penal internacional.
Rusia está cometiendo a vistas del mundo crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Con sus acciones, pretende destrozar la integridad territorial de un país soberano y ahora amenaza a otros Estados vecinos, todos ellos observadores permanentes de la OEA.
La norma que permite otorgar la calidad de observador permanente prevé la posibilidad de su revisión cuando las condiciones que la determinaron hayan variado notablemente o hayan desaparecido. Ninguno de los principios que hacen a la razón de ser de nuestra organización están siendo respetados por Rusia. Las condiciones de 1992 que llevaron a que el Consejo Permanente la recibiera como observador, hoy han desaparecido.
La resolución adoptada por el Consejo Permanente es absolutamente importante en el contexto de una agresión armada, de una invasión; es un imperativo en el contexto del más pleno respeto al derecho internacional y a la coherencia con los principios. Esta resolución los encarna.
No va en detrimento del diálogo que Ucrania ha buscado de todas formas para detener esta guerra de agresiones. No va en detrimento de otras formas de solución pacífica que se puedan buscar en dinámicas internacionales y de acuerdo al derecho internacional.
Es un mensaje claro y fuerte, de coherencia con los principios y con el derecho internacional. Es un mensaje al agresor y es un mensaje de apoyo al país agredido.
El domingo 24 de abril fuerzas policiales ocuparon las oficinas de la Secretaría General de la OEA en Managua, luego de que el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua llamase con los peores adjetivos a los órganos que integramos, incluido el propio Consejo Permanente, instancia en que se desempeñó como embajador por muchos años y hasta ocupó su presidencia pro tempore.
Las fuerzas represivas del régimen de Nicaragua entraron ilegalmente a una oficina protegida por inmunidades y expropiaron ilegítimamente una propiedad como pretendida sanción a la OEA, cuando ese edificio ni siquiera es de su propiedad. La OEA solo arrienda parte del mismo.
Estamos frente a las más graves ilegalidades internacionales seguidas de medidas nacionales de las más disparatadas que afectan a inocentes que solo hicieron, desde hace años, una simple operación inmobiliaria.
En la nota que esta semana remití al Consejo Permanente, detallé las normas internacionales que estas acciones violan, entre ellas, la Carta de la OEA, el Acuerdo de Sede que la OEA tiene con sus Estados miembros y el Acuerdo sobre inmunidades y privilegios celebrado con el gobierno de Nicaragua.
Nada puede justificar un desconocimiento a las inmunidades y privilegios que gozan las instalaciones, los bienes, los archivos de una organización internacional. Las normas que regulan las instalaciones de la OEA son similares a las que tienen todas las organizaciones internacionales y las embajadas. Es un principio reconocido por el derecho internacional tanto consuetudinario como convencional. Nunca había ocurrido antes. Ni siquiera los peores dictadores americanos, incluidos los Somoza, tomaron medidas como estas.
Pero lo que está ocurriendo ahora con las oficinas de la OEA en Managua va mucho más allá de este hecho. Abre un precedente que, de ser tolerado, puede llevar mañana a los mayores atropellos contra cualquier otra organización internacional o contra cualquier sede diplomática. Esto no existía y ahora existe. Es un antecedente peligroso para el Sistema Interamericano y para América Latina y el Caribe en particular. Se trata de una acción moralmente repudiable y jurídicamente lamentable.
La OEA es el principal foro político de las Américas. Prueba de ello es que la invasión de Rusia a Ucrania solo se ha discutido en la ONU y en la OEA.
No es casualidad que el régimen de Ortega haya sido de los pocos países que respaldaron la agresión rusa a Ucrania. Ninguno cree en el derecho internacional ni en la democracia y el respeto a sus instituciones, ni en el respeto a la oposición y a la libertad de expresión.
Desde la OEA, vamos a seguir dando la pelea por los valores y prinicipios que son la razon de ser de la organización: la paz, la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. En pleno siglo XXI no podemos permitir que los tiranos se salgan con la suya.
(*) Secretario general de la OEA.
