Tras algunas semanas de que el gobierno anunciara medidas que apuntan a sostener los precios de algunos productos de primera necesidad, importadores y mayoristas reconocen el esfuerzo del oficialismo ante la renuncia de impuestos, pero dejan claro que aún hay mucho por hacer. En conversación con CRÓNICAS, Martín Montoro, en representación de la Asociación de Importadores y Mayoristas de Almacén (AIMA), dijo que si bien todas las iniciativas suman, es importante seguir trabajando en mejorar deficiencias que aún permanecen en el sistema de control de alimentos, en especial de los importados.
Hace un par de semanas, desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se anunció un paquete de medidas buscando mitigar el encarecimiento que sufren los productos importados a consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. En ese sentido, los productos más representativos del encarecimiento son harina de trigo y aceite vegetal.
En esta línea, el MEF resolvió reducir de 12% a 6% el arancel que paga la harina proveniente de Argentina y exonerar por completo cuando esta materia se importa extra Mercosur.
En el caso del aceite vegetal, la reducción a importaciones desde el vecino país pasó del 16% al 8%, y se suspendió completamente cuando estas provienen de países no pertenecientes al bloque. Esta última exoneración fue muy sustancial, ya que el impuesto ascendía a 21%.
Además, se decidió bajar el porcentaje que pagaban todos los alimentos importados de 1,5% a 0,5% implementando un sistema de control basado en riesgo en el LATU. Este último tiende a no inspeccionar todo lo que ingresa, y hará foco en productos que ofrecen mayores riesgos de inocuidad.
“Queremos tener precios más bajos y eso requiere cambios estructurales”, declaró la ministra Azucena Arbeleche en aquella ocasión.
Con este panorama como contexto, CRÓNICAS dialogó con el vocero de AIMA, con el fin de conocer un poco más sobre los efectos reales que han tenido estas medidas.
El ejecutivo reconoció que el trabajo del MEF va por el camino correcto, pero advirtió que en lo que respecta a los “controles e ineficiencias” en el sistema de inspección a alimentos importados aún existen pendientes.
“Si bien, son avances muy importantes en sentido correcto, es importante seguir trabajando en mejorar deficiencias que aún permanecen en el sistema de control de alimentos, en particular de los importados”, observó el entrevistado.
Desde esta perspectiva, Montoro explicó que las medidas dirigidas hacia los controles en el LATU -que pasaron a hacerse según el riesgo de inutilidad que presente la importación- agiliza mucho la operativa, reduciendo tiempos y, al final, costos. En suma, no descartó que “lo ideal” sería que estos impuestos se aplicaran al análisis que realiza y no sobre el valor de la mercadería.
“Toda reducción en los aranceles servirá para que los precios sean más bajos. Es una medida que siempre colabora en lo que refiere a contener las alzas inflacionarias”, reflexionó.
Por esta línea, Montoro detalló que algunos productos pueden tener cuatro organismos que lo inspeccionen, lo que genera “falta de concordancias entre las oficinas que intervienen” y que los costos se superpongan, repercutiendo en el precio del producto en la góndola.
Crisis logística
Además de los problemas inflacionarios locales y globales, este sector comercial también se ve afectado por la crisis logística que existe a nivel global, y que se arrastra desde el año pasado.
Desde AIMA manifestaron que el asunto no concentra su principal foco en el momento, sino en buscar el beneficio del consumidor a través de la mejor aplicación para las medidas antes mencionadas, a cuales ven una finalidad “totalmente loable”.
Sin embargo, no pierden de vista que el problema que atraviesa el comercio internacional y su prolongación les pueda generar perjuicio.
“Desde nuestra parte, hay poco que podamos hacer en un contexto internacional tan complejo. No queda más que aguardar que esto pase y tratar de trabajar en los contextos en que sí podemos incidir”, concluyó Montoro.
