El pasado martes se anunció el Plan Vial 2020-2025, que engloba 642 kilómetros de obras nuevas, 2.610 kilómetros de cambio de estándar y 4.440 kilómetros de mantenimiento en todo el país. Además, al final del periodo se planea haber renovado 227 puentes, con un costo de unos US$ 413 millones. La inversión total en 2022 será de US$ 905 millones. “Hay una decisión política de incrementar la obra pública, para contrarrestar la obra privada, como son UPM 2 y el Ferrocarril”, planteó el ministro de Transporte, José Luis Falero.
Con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou; de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón; del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; del prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés; de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche; del ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero; del subsecretario de transporte, Juan José Olaizzola; del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie; del presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), José Luis Puig, además de autoridades departamentales, alcaldes y legisladores.
El primer orador de la jornada fue el presidente de la CND, quien hizo alusión a la financiación y la ejecución de estas obras. Según explicó, estas se llevarán a cabo a través de la concesión a la CND y Corporación Vial del Uruguay S.A. (CVU) y el control del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
En este plan se ejecutan obras “de gran porte”, lo que insume US$ 1.806 millones -más del 60% de las obras del ministerio-.
Además, destacó que para el financiamiento de este plan se amplió la concesión a CVU hasta 2050 -aprobado por el Tribunal de Cuentas en enero y por el Poder Ejecutivo en abril-, alcanzando este organismo un monto de US$1.400 millones. Sumado a esto, la definición de optar por programas como Contratos de Rehabilitación, Mantenimiento y Financiación (Cremaf), se financiarán US$ 500 millones más.
“La CVU cumple un papel fundamental en el mantenimiento del patrimonio vial del Uruguay”, sentenció el ejecutivo.
Posteriormente, el director de la OPP, explicó que al principio de la gestión el equipo se encontró con que los contratos de Participación Público-Privada (PPP), “estaban resultando demasiado caros y poco operativos”.
Por esta línea, agregó que algunos de los objetivos eran “recuperar, mejorar y mantener la infraestructura física -y la vial en particular-, distribuir los riesgos entre contratante y contratistas en forma más eficiente y reducir costos transaccionales, financieros y el tiempo de licitación y obra”.
Para ello, se establecieron cambios; por ejemplo, mediante la ejecución de tramos menores, para que más empresas puedan participar y esto aumente la competencia.
Con el mismo objetivo, también implementaron el uso de “certificados irrevocables”, donde los controles pasaron a hacerse cada 60 días y no al final de periodo.
Estas características implican la exclusión del “mantenimiento mayor”, es decir, cuando hay que volver a hacer la vía -a los 12 años, aproximadamente-, se vuelve a licitar.
“Así aprovechamos las ventajas de los cambios tecnológicos y la caída de costos, que, de otra manera, no lo podríamos prever. Sucedía que los contratos nuevos veían un precio sustancialmente inferior a las ampliaciones de contrato, o los de hace pocos años. Por lo que, con el mismo dinero, podemos hacer más obras”, dictaminó Alfie.
En suma, se aplicarán con un esquema de “más simplicidad” a partir de la eliminación de controles redundantes, acortamiento de plazos, no exigencia de sociedad de propósito específico, y reducción de tiempos entre la firma del contrato y el inicio de obras. Sobre el último punto, se especificó que el límite serán 60 días.
“La conclusión es que vamos a tener más plata para hacer más obras. Y parte de los recursos para la reformulación del plan, salen de esto. Si las siete licitaciones para circuitos viales hubieran tenido un ahorro de este estilo, nos hubiéramos ahorrado US$ 1.050 millones en un plazo de 20 años”.
A su turno, el ministro de Transporte, destacó el impulso brindado por la ministra Arbeleche y el presidente, Lacalle Pou.
“Desde el primer momento, el presidente nos remarcó la importancia que tiene para la reactivación económica la obra pública. Había que ayudar a los procesos de reactivación que el país necesitaba. Invertir bien y en obras de calidad”, recordó el mandatario.
Falero detalló las cifras de la inversión anual, que alcanzan los US$ 905 millones. A su vez, dio a conocer las proyecciones de estas obras, donde 4.440 kilómetros serán de mantenimiento, mejora y recuperación de pavimento; 2.610 kilómetros de cambio de estándar; y 642 kilómetros de obras nuevas. Estos números incluyen el compromiso de balasto cero y la renovación o reconstrucción de 227 puentes.
“Parte de la acción de este gobierno es atender a rutas que quedaron postergadas en el tiempo. Es necesario que todo Uruguay sienta el esfuerzo del Estado en favor de la red vial en el lugar donde vivan, produzcan o necesiten”, enfatizó el jerarca.
Para finalizar, el presidente de la República puso foco en el traslado tanto de plantaciones como de habitantes a la hora de proponer las prioridades en la construcción vial.
“A veces se contrapone el Estado de bienestar, con un Estado más liberal. Para que conviva lo público y lo privado tiene que haber respeto por los fondos públicos y cumplir con lo prometido. Doce días después de asumir el gobierno a todos nos cambió la vida. Igualmente, el MEF no solo invirtió el dinero necesario, sino que además generó un ahorro en un instrumento muy inteligente: separar lo estructural de lo coyuntural. Nuestra desesperación no es la adjudicación de recursos, es que se hagan las cosas, y que se hagan bien. Este ha sido un gobierno con una enorme vocación de sensibilidad social, pero no para hacer gárgaras o prestar asistencia -que es necesario para mucha gente-, sino por el viejo sueño uruguayo, que es el de movilidad social. Esto es un poco de la obra pública, porque también estamos trabajando en saneamiento, asentamientos, vivienda […]”, concluyó Lacalle Pou.
Una decisión política
Luego de la presentación, el ministro y el subsecretario de la cartera de Transporte hicieron declaraciones en rueda de prensa sobre la generación de trabajo con este tipo de obras, tema que fue levemente abordado durante la primera instancia.
Consultado por la generación de empleo, el ministro recalcó la importancia de mantener el “alto número de mano de obra ocupada” que está relacionado a la construcción al día de hoy. “Nuestra intención es, con este impulso, mantener esos niveles, que están por encima de los 50 mil empleos”, afirmó.
Asimismo, agregó que para la suplantación de los puestos generados por la construcción de la planta de UPM 2 “hay una decisión política de incrementar la obra pública”, para contrarrestar la obra privada, como son UPM 2 y el Ferrocarril Central. “Hacemos un aporte importante y, sumado a esto, la obra de asentamientos, la de saneamiento y la red de agua potable”, reflexionó.
